El aumento de las tarifas públicas

Supongamos empresas que operan en competencia en un mercado de nula o mínima regulación, con fronteras abiertas, en un Estado de derecho con una justicia eficiente y confiable. Se puede garantizar que la calidad de los bienes y servicios van a mejorar permanentemente por disrupción y/o evolución, y que los precios van a bajar sostenidamente mejorando el poder adquisitivo y la calidad de vida de la población. La pobreza, que seguramente seguirá existiendo siempre en alguna medida, será de una magnitud fácilmente manejable por las políticas sociales del gobierno y la caridad privada. Esto aplica, por supuesto, a bienes y servicios materiales, culturales, educativos, sociales, etc. En ese contexto, las empresas fijarán sus precios como quieran, y serán los clientes mediante los hechos (no opiniones) quienes determinarán si fue la decisión correcta o no.

Supongamos, ahora, empresas que operan en un mercado donde faltan una o varias de las condiciones mencionadas: hay monopolios (u oligopolios colusionados),¹ una asfixiante regulación estatal, fronteras cerradas al comercio y/o una Justicia ineficiente y corrupta. Las empresas serán progresivamente más ineficientes (la elección del adverbio es exprofeso), sus servicios más caros y malos y los ciudadanos más rehenes que consumidores.