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En Uruguay hay cosas que están mal. Pero hay otras que, directamente, son inaceptables. Una de ellas es que se robe el dinero de los trabajadores para financiar un partido político. Y no cualquier partido: el Partido Comunista del Uruguay. Sí, ese que todavía se presenta como adalid de los pobres mientras algunos de sus dirigentes hacen caja con el sueño de la vivienda obrera.
En las últimas semanas, el país conoció que al menos cinco testigos han declarado ante Fiscalía que parte de los fondos desviados del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) habrían sido utilizados para financiar al PCU. No es una sospecha liviana. Es un escándalo de proporciones.
Estamos hablando de un fondo creado con el aporte de los trabajadores y los empresarios del sector de la construcción, bajo la cogestión del Sunca (el sindicato), la Cámara de la Construcción y la Liga de la Construcción. Un fondo cuya finalidad era facilitar el acceso a la vivienda de miles de obreros y sus familias. Es decir, dinero para construir hogares, no para financiar actos políticos ni imprimir listas.
Sin embargo, según la información judicial y los testimonios recabados, durante 2024 se desviaron más de 800.000 dólares hacia cuentas personales. Entre los involucrados figuran personas con responsabilidad directa en el Sunca y, lo que es peor, dirigentes del Partido Comunista. Entre ellas, la secretaria de Finanzas del Sunca y también del PCU, Laura Alberti, quien fue señalada como una de las personas que habría gestionado —y recibido— fondos desviados.
Los hechos no son solo graves: son repugnantes. Porque robarles a los trabajadores es doblemente infame. Primero, porque el dinero no es de nadie más que de ellos, que lo aportan con esfuerzo. Segundo, porque se traiciona la confianza depositada en sus representantes sindicales. Y tercero, porque se utiliza esa plata para beneficiar políticamente a un sector partidario muy concreto, confundiendo deliberadamente las fronteras entre lo sindical y lo político.
¿Dónde está la ética revolucionaria? ¿Dónde quedaron la transparencia, la honestidad, el compromiso con los trabajadores?
El Sunca, que en su relato se presenta como la gran herramienta de defensa del obrero, terminó siendo —en este caso— una estructura de recaudación partidaria. ¿Es esto aceptable? ¿Se puede naturalizar que haya dirigentes sindicales cobrando sobresueldos, haciendo transferencias ilegales y girando plata a campañas políticas con la excusa de que “es por la causa”?
Si esto hubiera ocurrido en un fondo gestionado por una empresa, hoy estaríamos hablando de un escándalo mayúsculo, de portadas durante semanas, de movilizaciones frente a la Torre Ejecutiva. Pero como se trata del PCU y del Sunca —organizaciones protegidas por el blindaje ideológico del oficialismo sindical y parte del sistema político— el escándalo no retumba con la fuerza que debería.
Este no es un caso aislado. El Plan de Vivienda Sindical del PIT-CNT ya tuvo su propia historia de desidia, corrupción y traición. Promesas incumplidas, gestores que estafaron a cientos de familias y estructuras partidarias que se beneficiaron de la ingenuidad de quienes confiaron. Lo de ahora no es más que la continuación de un modelo que mezcla poder sindical, recursos públicos y estructura partidaria, sin controles, sin transparencia y sin consecuencias.
Es momento de hablar con claridad: en Uruguay hay una parte del sindicalismo que dejó de defender a los trabajadores para convertirse en un brazo operativo del Frente Amplio, y más precisamente de sus sectores más radicales. Se financian campañas, se hacen favores, se tejen pactos de impunidad.
Hoy el Partido Comunista debe dar muchas explicaciones. Pero también el Sunca, y también el PIT-CNT. Porque, si los trabajadores no pueden confiar ni siquiera en quienes dicen representarlos, ¿en quién pueden confiar?
La Justicia tendrá la última palabra. Pero la ciudadanía no puede esperar el fallo de un juez para emitir su veredicto moral. El que roba dinero de un fondo social para hacer política partidaria no puede seguir representando a nadie. Y si alguien lo protege, lo encubre o lo justifica, es cómplice. Así de claro.
