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Al evocarse en estos días los cinco años de la irrupción del Covid-19 en nuestro país, vivimos la reiteración, por parte de un núcleo familiar (al que el resentimiento existencial —y quizá el odio por la vida— de algunos miles de uruguayos llevó al Parlamento nacional), de que se investigue el “genocidio” del que son responsables los médicos e investigadores que combatieron contra esa pandemia en Uruguay. Ahora pasaron de los megáfonos a la petición de comisiones parlamentarias que investiguen el “genocidio”.
Pero hay un detalle que omiten o no entienden. Puede sí haber una culpabilidad que podría ser investigada. Se trata del estatus de potenciales homicidas culposos de los militantes antivacunas y sus líderes ideológicos. En efecto, al propalar ellos la omisión de la protección individual, pueden haber logrado que cientos de personas contrajeran el Covid-19, con o sin síntomas nítidos, e iniciaran una cadena de contagios que terminó con la muerte de, quizá, decenas de otras personas pertenecientes a las poblaciones de riesgo, incluso la de sus propios padres o abuelos.
De modo que, sin megáfonos ni insultos, hay que considerar que los dos noveles parlamentarios (hoy blindados por sus fueros) y sus seguidores son quienes merecen ser investigados y así esclarecer su responsabilidad en muertes evitables.
Eduardo Montefiore