El cuidado de los frágiles y un cambio de paradigma

Nuestro país no carece de reglamentos para los establecimientos de larga estadía. Por el contrario, existe un marco normativo amplio que define derechos, obligaciones, requisitos edilicios, condiciones de funcionamiento y mecanismos de fiscalización. El problema parece radicar menos en la ausencia de normas que en la dificultad para hacerlas cumplir de manera sistemática.

Quizá el verdadero problema sea otro. Con frecuencia, las políticas públicas se diseñan pensando en un modelo ideal, técnicamente impecable y éticamente irreprochable, pero cuya implementación exige recursos humanos, financieros y capacidades de control que el propio Estado no posee. El resultado es conocido: reglamentos extensos, objetivos ambiciosos y un cumplimiento parcial o inexistente.

En medicina clínica aprendimos hace muchos años una enseñanza que conserva plena vigencia: lo mejor puede convertirse en enemigo de lo bueno. En los ateneos se repetía esta idea para recordar que la búsqueda de la solución perfecta no debía impedir que se ofrezca al paciente una alternativa eficaz, segura y disponible.

Tal vez haya llegado el momento de trasladar ese principio a la organización de los cuidados de larga duración. En lugar de comenzar preguntándonos cómo debería ser el residencial ideal, podríamos formular una pregunta diferente: ¿cuáles son las condiciones mínimas que ninguna persona mayor vulnerable debería dejar de recibir, cualquiera sea el establecimiento donde viva? Ese cambio de perspectiva podría transformar la discusión.

Definir un núcleo de estándares irrenunciables no significa renunciar a la excelencia. Significa asegurar que aquello que se considera indispensable pueda cumplirse y controlarse efectivamente. Porque no se trata de resignar calidad ni de conformarse con menos. Se trata de distinguir entre el horizonte al que aspiramos y el piso de seguridad que el Estado tiene la obligación de garantizar.

Ese mínimo debería comprender aspectos irrenunciables: personal suficiente y capacitado, higiene adecuada, alimentación segura, prevención de caídas, correcta administración de medicamentos, respeto por la dignidad de los residentes y mecanismos efectivos para detectar y denunciar situaciones de abuso. Un conjunto acotado de estándares esenciales presenta una ventaja adicional: puede controlarse.

La experiencia demuestra que, cuanto más extensos y complejos son los reglamentos, mayor es la probabilidad de que las inspecciones se vuelvan esporádicas, burocráticas y, en definitiva, poco eficaces. En cambio, cuando existen criterios claros y verificables, la supervisión se simplifica y las responsabilidades quedan mejor definidas.

Pero tampoco alcanza con inspeccionar. Durante décadas, la seguridad del paciente enseñó que los controles exclusivamente reactivos llegan siempre demasiado tarde. Investigar un evento adverso es necesario, pero prevenirlo es mucho más importante. Ese mismo enfoque debería aplicarse a los establecimientos de larga estadía.

La fiscalización no debería limitarse a identificar incumplimientos para sancionarlos. También debería ayudar a prevenirlos mediante capacitación, asesoramiento técnico y acompañamiento a aquellos establecimientos que muestran voluntad de mejorar. Naturalmente, cuando existe negligencia grave o maltrato deliberado, corresponde aplicar con firmeza las sanciones previstas por la ley. Sin embargo, una política pública madura no puede descansar solo en el castigo; debe orientarse, sobre todo, a evitar que el daño llegue a producirse.

La experiencia internacional deja una enseñanza común. Países como Alemania, Japón, Luxemburgo y los Países Bajos comprendieron que el cuidado de las personas mayores dependientes no puede recaer exclusivamente sobre las familias ni sobre residenciales que sobreviven con recursos insuficientes. Todos desarrollaron sistemas estables de financiamiento solidario —mediante seguros sociales, impuestos o una combinación de ambos— y, al mismo tiempo, establecieron estándares mínimos de calidad sometidos a controles periódicos. Ninguno eliminó los problemas, pero lograron reducir la improvisación y ofrecer mayor seguridad a los usuarios. La principal lección para Uruguay no es copiar un modelo extranjero, sino reconocer que el cuidado de la dependencia constituye un riesgo social que requiere financiamiento sostenible, controles preventivos y políticas capaces de adecuarse a las posibilidades reales del país, avanzando gradualmente sin renunciar al objetivo de una atención digna para todos.

Existe, además, un aspecto que merece especial atención: no todas las personas mayores presentan el mismo nivel de vulnerabilidad. Quienes padecen demencia avanzada, inmovilidad, fragilidad extrema o múltiples enfermedades crónicas poseen una tolerancia mucho menor frente a cualquier falla del sistema de cuidados. Por ello, tanto los estándares de seguridad como las inspecciones deberían incorporar una evaluación del riesgo de los residentes y concentrar los mayores esfuerzos donde las consecuencias de un error pueden ser más graves.

El envejecimiento de la población uruguaya hará que este debate resulte cada vez más urgente. La pregunta ya no es si necesitaremos más cuidados de larga duración, sino cómo lograremos financiarlos y organizarlos sin resignar la dignidad de quienes los requieren.

Quizá la discusión pública deba abandonar la falsa disyuntiva entre redactar nuevos reglamentos y endurecer las sanciones. Antes de eso, convendría asegurar algo más elemental: que toda persona mayor dependiente tenga garantizado un conjunto de condiciones básicas de seguridad, humanidad y respeto, y que el Estado disponga de los recursos y de la capacidad para verificar que esas condiciones efectivamente se cumplan. Porque un estándar excelente que nadie controla termina protegiendo menos que un estándar esencial que todos cumplen.

La mejor norma no es la más exigente, sino la que realmente protege a las personas. Y, en materia de cuidados, esa diferencia puede significar mucho más que una discusión administrativa: puede significar la diferencia entre una vejez vivida con dignidad y una tragedia anunciada.

Dr. Homero Bagnulo y Dr. Carlos Vivas