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Hace más de un siglo, Ludwig von Mises planteó una advertencia que sigue siendo incómoda: cuando los precios dejan de formarse libremente, se pierde la brújula que orienta qué producir, cómo hacerlo y en qué cantidad. Los precios no son un capricho del mercado; condensan información dispersa en millones de decisiones. Cuando esa señal se altera con impuestos distorsivos, subsidios permanentes o decisiones administrativas discrecionales, la economía empieza a funcionar con información incompleta. Y cuando eso ocurre, las ineficiencias no tardan en aparecer.
El keynesianismo ofreció herramientas útiles para enfrentar crisis puntuales. El problema surge cuando lo excepcional se vuelve permanente. En muchas economías, el gasto dejó de ser contracíclico para transformarse en estructural; el déficit pasó a ser habitual; la presión fiscal, difícil de revertir. Y cuando la carga tributaria se estabiliza en niveles altos, la inversión se vuelve más cautelosa, la productividad se resiente y el empleo pierde dinamismo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que no tienen espalda para absorber costos crecientes ni marcos regulatorios complejos.
En Uruguay, el Estado ocupa un lugar central no solo como regulador, sino también como productor, competidor y fijador de tarifas. Las empresas públicas cumplen funciones importantes, pero con frecuencia operan bajo lógica fiscal antes que estrictamente empresarial. Las tarifas de servicios incorporan componentes que exceden el costo económico del servicio y terminan funcionando como mecanismos indirectos de recaudación. Cuando aparecen ineficiencias, rara vez actúa la disciplina del mercado; lo habitual es que los costos se redistribuyan mediante subsidios cruzados o ajustes tarifarios. La señal económica queda subordinada a la lógica política.
En ese marco, el problema no es un supuesto “exceso de mercado”, sino su sustitución por acuerdos discrecionales. Cuando determinados sectores acceden a beneficios fiscales, subsidios o compensaciones negociadas políticamente —muchas veces con respaldo sindical— el sistema deja de premiar eficiencia y comienza a premiar cercanía. Uruguay ha atravesado episodios en los que decisiones adoptadas en nombre de la estabilidad sectorial o la preservación del empleo terminaron trasladando costos al conjunto de los contribuyentes. Ese fenómeno, que suele denominarse capitalismo de amigos, no fortalece la economía: la distorsiona. No ordena el mercado; redistribuye costos según capacidad de presión.
El sistema de relaciones laborales también forma parte de esta ecuación. La defensa de derechos es legítima y necesaria, pero cuando la conducción sindical se entrelaza de manera sistemática con alineamientos partidarios, o cuando faltan estándares exigentes de transparencia interna y mecanismos claros de rendición de cuentas, se introducen rigideces adicionales. Empresas públicas convertidas en espacios de disputa política o en ámbitos de negociación donde la competitividad queda en segundo plano no ayudan a construir un entorno dinámico.
Mientras tanto, el mundo cambia. Estados Unidos redefine prioridades estratégicas en el hemisferio con énfasis en seguridad y resiliencia tecnológica, y China consolida su expansión en un escenario de rivalidad creciente. La competencia ya no es solamente comercial; es institucional. Compiten marcos regulatorios, sistemas fiscales, calidad de infraestructura y previsibilidad jurídica. Los capitales, las inversiones y las cadenas productivas comparan entornos y eligen.
En este contexto, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no es una solución mágica. Su entrada en vigor es apenas el punto de partida. La apertura ampliará oportunidades, pero también hará más visibles nuestras debilidades estructurales. Competir en un mercado más amplio exige costos razonables, productividad creciente y reglas claras. No alcanza con abrir puertas si internamente mantenemos estructuras pesadas y caras.
El desafío para Uruguay es doble. Por un lado, moverse con prudencia en un escenario geopolítico más fragmentado, donde las definiciones estratégicas pesan cada vez más. Por otro, revisar un modelo interno que acumula costos estructurales difíciles de sostener. El margen fiscal ya no es solo un dato contable; es un recurso estratégico. Cada punto adicional de presión tributaria, cada regulación innecesaria y cada tarifa con componente fiscal inciden directamente en la capacidad de competir.
La alternativa no es un Estado ausente. Es un Estado enfocado. Un Estado que priorice seguridad jurídica, infraestructura eficiente, estabilidad macroeconómica y reglas previsibles. Reformar empresas públicas, simplificar regulaciones, transparentar costos y profesionalizar la negociación laboral no es una bandera ideológica; es una condición de viabilidad competitiva.
En un mundo menos indulgente, la eficiencia institucional deja de ser un debate teórico para convertirse en una cuestión de supervivencia económica de largo plazo. La apertura externa sin reforma interna no corrige debilidades; las expone.
No es el mundo el que debe adaptarse a nuestras rigideces. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a un entorno más exigente. El mundo no espera. Y los mercados tampoco.
