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Quisiera empezar diciendo que dentro de la sociología, siempre me gustó la sociología política, una rama a mitad de camino entre la sociología y la ciencia política, dedicada a analizar el estrecho vínculo entre política y sociedad. También quisiera decir que, si bien escribo estas líneas a título estrictamente personal, integro la Comisión Directiva de ANONG (Asociación Nacional de ONG), colectivo que forma parte de la Plataforma de Infancias y Adolescencias. Y un dato adicional relevante: esta plataforma fue una de las organizaciones de la sociedad civil invitadas a formar parte del Comité Ejecutivo del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social.
Todo lo ocurrido a partir del retiro de los partidos de oposición de dicho “diálogo social”, me ha llevado a reflexionar procurando ir más allá de los hechos y del análisis superficial, tratando de entender el significado más profundo de lo sucedido y sus implicancias políticas.
Pero empecemos por un rápido repaso de los hechos de la manera más sucinta y objetiva posible:
9 de junio de 2025. La Comisión Sectorial de Protección Social aprueba un cronograma tentativo de actividades del “diálogo social”, que incluye conversatorios, audiencias y jornadas de participación ciudadana, y solicita a partidos y organizaciones designar sus representantes en la Comisión Ejecutiva.
14 de julio de 2025. El Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente anuncian formalmente su negativa a participar en el “diálogo social” convocado por el gobierno. Coinciden en que el formato marginaliza la representación partidaria y debilita su capacidad de incidencia.
16 de julio de 2025. Se realiza el lanzamiento oficial del “diálogo social” en el Auditorio Nacional del Sodre, con la presencia del presidente Orsi, representantes de sindicatos, academia, sociedad civil y del gobierno (también participaron representantes de Cabildo Abierto y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera).
17 de julio de 2025. El gobierno convoca a reuniones bilaterales con las dirigencias del Partido Nacional, Colorado e Independiente en Torre Ejecutiva, en un intento de reconsideración de su postura y mantener canales de diálogo.
29 de julio de 2025. Se realiza la primera reunión de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, prevista en el cronograma oficial para comenzar formalmente las actividades de recopilación de insumos.
Han sido múltiples y variadas las razones por las cuales los partidos de oposición (a excepción de Cabildo Abierto) decidieron no sumarse al “diálogo social”. No obstante, si tuviera que ofrecer un listado —sintético y exhaustivo a la vez— de estos motivos, con el único intento de invitar a la reflexión y al intercambio de ideas, los resumiría en los siguientes argumentos:
Rechazo a reabrir un tema ya laudado: se alega que el plebiscito de 2024 zanjó la discusión sobre la reforma jubilatoria y que el “diálogo social” pone en entredicho una decisión ciudadana ya tomada democráticamente.
Reivindicación de la democracia representativa: los partidos de oposición consideran que las decisiones sobre reformas estructurales deben discutirse en el Parlamento, no en espacios paralelos sin mandato electoral.
Cuestionamiento al formato del diálogo: se argumenta que el diseño escogido otorga escasa representación formal a los partidos políticos en el Comité Ejecutivo, lo cual debilita su capacidad de incidir.
Cuestionamiento a la sobrerrepresentación de actores sociales: se señala que hay organizaciones sociales (como el PIT-CNT, Onajpu, la PIAS, la Red Pro Cuidados) que exceden su representación y peso en la discusión, sin legitimidad democrática equivalente.
Motivos de “estrategia política”: temen que el diálogo sea una escenificación controlada por el oficialismo, con fines comunicacionales más que deliberativos, o más aún, temen ser usados políticamente, ya que participar podría ser visto como convalidar un proceso con el que no están de acuerdo, o ser manipulados en el relato oficial.
Todas estas razones y las respuestas dadas desde el gobierno han puesto de manifiesto diferencias más profundas y sustantivas que las que aparentan verse en la superficie y sobre las cuales me gustaría invitar al lector a reflexionar. Para ordenar el análisis, propongo analizar estas diferencias a partir de algunas preguntas y las tensiones que subyacen a las respuestas de ambos lados.
¿Qué entendemos por democracia? En las posturas frente a la participación o no participación en el “diálogo social” hay una tensión entre democracia representativa y democracia participativa. Los partidos opositores reivindican el principio de la democracia representativa, según el cual los representantes electos (ej. Parlamento) son quienes deben deliberar y decidir. Consideran que otras formas de intercambio (como diálogos multiactorales) no deben suplantar ese canal legítimo. Por su parte, la postura del gobierno y de varios actores sociales promueve una democracia más participativa y deliberativa, en la que las políticas públicas se nutren del intercambio con diversos sectores sociales, y donde el diálogo no sustituye, sino que complementa la acción parlamentaria. En el fondo, lo que parece estar en juego es si la deliberación política puede y debe incluir otros actores sociales, además de los representantes políticos, y cómo se articulan ambas legitimidades.
¿Qué rol tiene la sociedad civil en la construcción de políticas públicas? Algunas voces ven a las organizaciones sociales como actores con legitimidad acotada, ya que no han sido electos por la ciudadanía. Cuestionan su lugar y peso relativo en la mesa del diálogo, sobre todo si su participación “multiplica su influencia” sin control democrático. Por su parte, desde el oficialismo, colectivos sociales y sindicatos, la sociedad civil es vista como portadora de experiencias, conocimientos territoriales y legitimidades sociales que son necesarias para construir políticas más justas y eficaces. Reivindican su derecho a incidir, especialmente en temas que afectan derechos sociales. En este punto, lo que parece estar en juego es una concepción más plural de lo público (que no se agota en “lo estatal”), donde las políticas se construyen con múltiples voces, y no solo desde el Estado.
¿Qué peso tienen los institutos de democracia directa como los plebiscitos o referéndums? Desde la oposición se argumenta que el tema de la reforma jubilatoria ya fue resuelto en el plebiscito de 2024, por lo tanto, reabrir el debate es desconocer una decisión popular. El contraargumento oficialista y de otros actores sociales es que el plebiscito resolvió una parte del asunto (una ley concreta), pero no clausura el debate sobre el sistema de protección social en su conjunto. Por otra parte, el “diálogo social” propuesto no deroga nada: solo recoge insumos. En este caso, la tensión está entre interpretar los mecanismos de democracia directa como punto final de una discusión o como un momento más dentro de un proceso político más amplio.
¿Deben las organizaciones sociales participar del diálogo político junto con los partidos? Creo que esta pregunta va al corazón de la discusión: ¿quiénes tienen derecho a deliberar sobre el rumbo del país? Este debate pone en evidencia una diferencia profunda sobre cómo se concibe el diálogo político y con quién debe darse. Desde los partidos de oposición se privilegia un diálogo institucionalizado y jerárquico, centrado en el Parlamento o en reuniones bilaterales con el Ejecutivo. Cuestionan los espacios multiactorales en los que los partidos se sientan “en igualdad de condiciones” con actores sociales no electos, porque temen que eso diluya su legitimidad democrática, reivindicando su rol como canales institucionales exclusivos de la soberanía popular. Desde una visión participativa, se sostiene que el diálogo político no debería agotarse en el juego interpartidario ni en los mecanismos formales. La política pública se enriquece cuando partidos y ciudadanía organizada se escuchan mutuamente, dialogan y coconstruyen respuestas. Esto no invalida el rol decisivo que finalmente tendrán los partidos a la hora de la toma de decisiones, sino que complementa y fortalece su función. En este caso, el punto de fondo no es si los partidos tienen la última palabra (que, por supuesto, sí la tienen), sino si están dispuestos a ejercer su poder con apertura, sensibilidad y dejándose interpelar por el contacto directo con actores que representan demandas, conocimientos y territorios diversos.
Hasta aquí las tensiones identificadas con base en la postura de los actores. Como resultado de lo anterior, y a modo de conclusión, quisiera responder en primera persona a tres preguntas que son las que también formulo al lector y cuyas respuestas comparto.
¿Puede una democracia ser fuerte si los partidos no dialogan con la sociedad civil organizada? Creo que no, que la falta de este diálogo empobrece el debate y, por lo tanto, se empobrece también la calidad de la política pública. El desafío que tenemos por delante es construir espacios “mixtos”, donde partidos y organizaciones compartan diagnósticos y propuestas en un plano de respeto y escucha mutua, aunque luego el voto y la decisión estén del lado de quienes fueron electos.
¿Puede la sociedad civil influir sin abrir canales reales con los partidos políticos? La democracia se fortalece cuando partidos y organizaciones sociales no se excluyen ni deslegitiman mutuamente, sino cuando asumen que se necesitan para que las decisiones sean no solo legalmente válidas, sino socialmente legítimas y sostenibles.
¿Tienen los partidos de oposición motivos para desconfiar? Los partidos de oposición pueden tener razones atendibles para desconfiar del proceso: dudas sobre su peso real, experiencias pasadas y temores de manipulación política. Pero entiendo que son mayores los costos de no participar, porque se pierden la oportunidad de incidir, de disputar el relato público y de marcar presencia en temas relevantes para el país. Personalmente, creo que cometen un error que empobrece la calidad de nuestra democracia.
