La probidad de un fiscal está intrínsecamente ligada a los valores de justicia, igualdad ante la ley, objetividad, imparcialidad, transparencia, independencia, discreción, reserva y, por sobre todo, respeto a la dignidad humana. Valores que, siendo acordes a la naturaleza y a las características de la función fiscal, inexcusablemente deben regir su rol acusatorio en el proceso penal. Por todo ello, es que el fiscal deberá ejercer sus funciones en defensa del interés público, absteniéndose de intervenir en casos en los que el interés sea personal, familiar, de amistad o corporativo, debiendo informar a sus jerarcas sobre los casos que puedan llegar a comprometer su imparcialidad dentro del proceso.
En más o menos palabras esto es lo que establece la Carta de Principios Éticos de los Ministerios Públicos Iberoamericanos, aprobada en la XXIX asamblea general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, llevada a cabo en Cartagena de Indias, en julio de 2022. Provisión a la que adhiere plenamente la Fiscalía General de nuestra nación, en su condición de miembro asociado, y tras haber —paradójicamente— coordinado el grupo de trabajo que finalmente la elaborara.
Sabido es que el fiscal letrado penal de Montevideo en causas de lesa humanidad, Dr. Ricardo Perciballe, de reconocida filiación marxista, fue denunciado en dos oportunidades ante la Fiscalía General de la Nación. Una por mantener un vínculo genealógico natural directo, por consanguinidad, con un integrante del M.L.N -Tupamaros que cumpliera prisión entre los años 1974 y 1983, en la que se alega “interés personal y violación contumaz de los principios que rigen la actuación fiscal, situación que se ve agravada por el hecho de que, al ser el titular de la única fiscalía en la materia, es quien determina la política de investigación y persecución penal en este tipo de causas”. Y la otra por “incumplimientos funcionales”, basada en sus declaraciones en tres entrevistas periodísticas.
Por si no fuese suficiente, en el marco de la inauguración del Sendero de la Memoria construido en el Parque Roosevelt, el pasado 30 de agosto del corriente Perciballe otra vez hizo de las suyas, prestándose para integrar una mesa temática, denominada “Verdad, memoria y justicia: retos y desafíos”, que compartió con: Pablo Chargoñia (abogado de derechos humanos y coordinador jurídico del Observatorio Luz Ibarburu), Silvia Bellizzi (referente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos), Carlos Garolla (director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones), Alejandra Casablanca (por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente) y Jair Krischke en representación del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. Todos, reconocidos militantes de la causa.
En el conversatorio se abordaron temas tales como: “los avances y los pendientes en la búsqueda de verdad y justicia”, así como “el papel de la memoria, en el presente”. A la hora de su alocución, Perciballe definió la jornada como “un día de memoria, de acuerdo y fundamentalmente de la lucha de los familiares, por el encuentro con sus seres queridos”; destacó la figura de la exfiscal Mirtha Guianze, a quien consideró una “referente en el trabajo realizado por estas causas”; y para rematar, plantó un árbol en el sendero.
Ahora, si observamos el código de ética que rige la actuación de nuestros magistrados, la sola presencia del “fiscal militante” en ese acontecimiento y sus palabras de apoyo a ese colectivo rayan con la obscenidad. Y si a eso le sumamos: la participación de la jueza Adriana Motta en la Marcha del Silencio (2011), en pleno desempeño de la magistratura; la actuación de Jorge Díaz como juez de crimen organizado en el connotado caso Feldman, en el que dejó claro su parcialidad y menosprecio por las más elementales normas éticas y jurídicas; la de la fiscal Mirtha Guianze, quien, siendo esposa de un integrante del MLN-T que fuera procesado en 1972, es considerada una vanguardista en la contraofensiva jurídica librada contra civiles, policías y militares que en las décadas de los 60 y 70 combatieron y derrotaron al terrorismo anarco-marxista-leninista que asoló nuestro país, al registrar en su haber los procesamientos de los presidentes Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, así como del ministro Juan C. Blanco, y de otros tantos militares y policías; y la publicación que en su página web realizara la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, lamentando el fallecimiento de la fiscal Ana María Tellechea, integrante del equipo de la fiscalía de lesa humanidad, estamos frente a una prueba irrefutable del sesgo ideológico y el sentimiento de odio conque estos magistrados administran justicia.
Ante este nuevo despropósito ético-jurídico del fiscal Perciballe, llama la atención que ningún integrante del sistema de justicia, ni los políticos liberales que ocupan cargos en el Ejecutivo o el Legislativo, ni los periodistas de los grandes medios, ni siquiera se hayan referido al hecho.
Está por demás claro, y si se quiere hasta puede llegar a entenderse, que el acotado contexto de la contraofensiva jurídica que el marxismo-leninismo lleva a cabo hoy contra los civiles, policías y militares que los combatieron y derrotaron impidiendo que nuestro país cayera en las fauces del comunismo internacional en las décadas de los 60 y 70 no le interese a la ciudadanía en general. Pero sí debiera interesarle y preocuparle a la señora fiscal general de la Nación, porque el flagrante incumplimiento al código de ética de su subordinado afecta negativamente la honorabilidad de la profesión y desprestigia al estamento de la magistratura.
Debería preocuparles también a los señores legisladores, considerados realmente defensores de la democracia, por su responsabilidad constitucional (Secc. V, Cap. I, Art. 85, Lits. 2° y 3°) de “establecer los Tribunales y arreglar la Administración de Justicia (…)”, así como de “expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República, y la protección de todos los derechos individuales”.
Y finalmente, debería preocupar al señor presidente de la República, en consideración a su deber constitucional de: “Proteger el derecho de los habitantes de la República al goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”. “Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”. “Designar al Fiscal de Corte y a los demás Fiscales Letrados de la República”. “Destituir a los empleados por ineptitud, omisión o delito pasando el expediente a la Justicia”.
En suma, la mayor preocupación de los jerarcas de los tres poderes de la República debe ser mantener incólume el Estado de derecho. Tal vez debería inquietar también a la sociedad civil, dado que no es descabellado pensar que la situación por la que hoy atraviesan los militares, a la larga sea extrapolable a cualquier otro colectivo social o político.
Todo esto resulta penoso y desmoralizante para los prisioneros políticos que promedian los 80 años de edad, así como para sus esposas, hijos, nietos y amigos. Un sentimiento que, independiente de posturas políticas, seguramente anida en el ánimo de todo ciudadano recto e intelectualmente honesto.
Cnel. Luis Eduardo Maciel Baraibar
