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A partir de marzo, después de tres meses de conocida la victoria electoral del partido de gobierno y haber transcurrido otros casi tres meses de la asunción de la actual administración el 1 de marzo, la Armada aún no tiene nadie al frente de la institución. Solo un encargado para tramitar asuntos administrativos, cuya permanencia como “encargado de despacho” no tiene sustento legal y más cuando la permanencia se extiende por tanto tiempo y no fue designado por resolución como interino en forma excepcional mientras no se nombre el titular. Tampoco corresponde por ley la sucesión de mando en forma accidental, pues el supuesto encargado de despacho no está en orden de sucesión por ser del cuerpo de Prefectura.
Mientras tanto, las restantes fuerzas tuvieron oportunamente designada su comandancia: el Ejército inmediatamente tuvo decisión al respecto y el 1 de febrero en la Fuerza Aérea ya estaba asumiendo el actual comandante. Todo en tiempo y forma.
No obstante, a la vista del desinterés manifiesto del mando político de las FF. AA. (presidente, actuando con la ministra) en designar un comandante para la Armada, se fue abriendo primero un periodo de incertidumbre, que luego se fue transformando en especulaciones de variado tipo, alimentadas por publicaciones anónimas en diferentes medios de prensa, tomando unos posición a favor de la ministra, respecto a designar el comandante cuando le parezca, pero, además, rayando en probables difamaciones o atribuyendo intenciones a todo el cuerpo de contralmirantes sin excepción. Mientras tanto, otros, por diferentes medios, recuerdan regularmente el vacío legal existente en la Armada, pues nunca antes el poder político había asumido una actitud de dejar descabezada una fuerza militar por tanto tiempo.
Ante lo expresado, se percibe claramente que se ha abierto una brecha de desconfianza entre el mando político y la Armada, que no está representada con un mando naval, al no tener un líder orgánico de comandante en jefe, de acuerdo a lo que estipula la ley.
La Armada, al igual que cualquier fuerza militar, descansa en un orden sobre el cual se estructura y tiene diversos escalones sobre los cuales fluyen las directivas de política naval emanadas del líder naval en estrecho contacto con el mando político y de acuerdo con los caminos estratégicos establecidos por el comandante para el eficaz cumplimiento de la política naval en consulta con el ministro.
Esta ausencia de un comandante seguramente haya minimizado la eficacia de la fuerza al estar solo cumpliendo con un mínimo rol exclusivamente ocupacional en todos los escalones subordinados, perdiendo su carácter institucional sin liderazgo propio. Se ha implementado un modelo ocupacional de mercado tipo corporación con solo fines de lucro, donde campea la desmoralización por falta de un referente institucional que marque el rumbo con su impronta.
Las instituciones militares no son solo una organización administrativa, tienen valores propios, un estricto orden jerárquico, mitos, rituales, etc., que es imprescindible alimentar con la conducción de un referente.
Lamentablemente, las autoridades políticas de turno parecerían desconocer el impacto que tiene una fuerza sin cabeza, en todos los escalones y cómo incide esa omisión para el mejor cumplimiento de sus misiones establecidas por la Constitución y las leyes orgánicas. Lo primero para el normal funcionamiento institucional en una institución militar es tener un jefe, líder y referente que conduzca la fuerza.
Lo más grave, como producto de este desconocimiento, es la apertura de una brecha en el relacionamiento entre las más altas jerarquías navales y el Ministerio de Defensa, que está erosionando la imprescindible lealtad recíproca, siendo que cada día que pasa es más distante y que se basa solo en la desconfianza.
Esto está siendo percibido por todos los miembros en actividad y en retiro, y solo contribuye a generar mayores resquemores hacia quienes tienen la responsabilidad de cumplir con la ley.
Cerrar esa brecha creada con estas actitudes, aún después de nombrar un comandante. no parece tarea fácil, pues ganar nuevamente la normal confianza que debería existir entre el poder político y el mando profesional, cuando ahora no existen lealtades recíprocas, y cada día que pasa están comprometiendo sus expectativas para el futuro. Trabajar solo con lealtades contractuales es propio de situaciones de desconfianza mutua, que afectan cualquier gestión en el tiempo.
Tal vez, lo más grave puede que sea que el mando político no percibió que la propia ministra podría estar siendo apoyada en su decisión públicamente y a través de la prensa por personas anónimas con intereses aparentemente ajenos al Ministerio de Defensa, a la Armada y al gobierno todo, no apurando ninguna toma de decisión sobre el nombramiento del comandante. Sin descartar que esos actores anónimos la podrían estar usando, sin percatarse que así ella estaría colaborando indirectamente en profundizar la brecha en el relacionamiento político- naval militar, lo que genera aún más desconfianza mutua hoy, y para el futuro de la propia administración.
Hay que evitar que se profundice aún más esa brecha y restablecer a la brevedad, con la designación de un comandante en jefe de la Armada, las relaciones de necesaria confianza y lealtad recíproca entre la institución Armada y el mando político, para lograr una mejor gestión en beneficio de todos, apartando posibles actores con intereses exclusivamente personales y con fines espurios, y que, por tal razón, se esconden en el anonimato.
