En las últimas décadas, la problemática de la vivienda se ha ido agudizando hasta alcanzar niveles inaceptables. Muestra de ello es los centenares de miles de uruguayos (gran parte de ellos, niños y niñas) que hoy viven en condiciones indignas sin que ello parezca importarle demasiado a nuestra dirigencia política, a la vista de los recursos que se han destinado a la temática.
En reciente informe de Unicef y de la Cámara de la Construcción del Uruguay, que la diaria incorpora en su edición del 19/7/2025, se establece claramente cuáles son las consecuencias directas de vivir en viviendas indignas que están ubicadas en entornos inadecuados. Sin desmerecerlas, son de Perogrullo, pero en el Uruguay de hoy es totalmente necesario decirlas, porque parece que para las sucesivas administraciones estas consecuencias no existieran. O las saben y no les dan la debida importancia, lo que sería peor.
En el informe se afirma que uno de cada dos niños o adolescentes vive en un lugar que no tiene las condiciones para su desarrollo. Asimismo, se establece que la vivienda y el entorno inmediato funcionan como un reproductor de desigualdad social y de pobreza. El impacto de vivir en tales lugares abarca aspectos tan importantes como la salud, la educación, la falta de lugares de esparcimiento y las dificultades de integración en redes de contacto.
Podemos relacionar, entonces, esta crisis habitacional con la inseguridad, la deserción escolar, el bajo rendimiento de los estudiantes, la falta de personal preparado para entrar en el mercado laboral, etc., que ni los expertos más preparados tienen idea de cómo resolver. Pero principio quieren las cosas. Y trabajar en el tema habitacional puede ser ese principio.
Ninguno de los sucesivos gobiernos de esta democracia de 40 años ha destinado los recursos suficientes para que la problemática tuviera menos incidencia en la realidad de todos los uruguayos, porque sus consecuencias nos impactan a todos. Hay que reconocer que sí se intentaron mejoras, pero ninguna de ellas pasó de ser un parche menor. No ha habido una política de Estado seria que permita a los uruguayos, en especial a los de bajos recursos, acceder a una vivienda digna a través de un mecanismo eficiente, ágil, sencillo. A esta altura del partido, si a cualquier ciudadano le preguntan cómo acceder a una vivienda sin contar con fondos propios, no sabe si lo hace el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, el BHU o…
¿Cuál ha sido la razón —o, a esta altura, excusa— para no atender esta problemática de forma profunda, seria, sistemática y con visión a largo plazo? Básicamente, la falta de recursos financieros. En la administración anterior, se llegó a una solución vergonzosa: quitarle recursos al Instituto de Colonización para asignarlos al Ministerio de Vivienda, recursos que eran necesarios para Colonización y que eran absolutamente insuficientes para empezar a encarar a fondo el tema de la falta de vivienda. Eso sí, hay que reconocer que se destinaron casi US$ 300 millones a saneamiento en localidades del interior ubicadas en departamentos en los que hay asentamientos.
Para satisfacer la necesidad de recursos para solventar las políticas que ataquen la pobreza, en especial la infantil, se ha planteado por parte de economistas la posibilidad de gravar al sector más rico de la sociedad, en porcentajes que son ínfimos para estas personas, con los cuales se obtendrían recursos que rondarían el 1% del PBI, unos US$ 800 millones al año.
Por su parte, en el semanario Brecha del 17/7/2025, Benjamín Nahoum, especialista en el tema vivienda, habla sobre los dos caminos que tiene el actual gobierno para cumplir con los compromisos definidos luego de su asunción, entre los cuales está la vivienda: aumento de impuestos o aumento de deuda.
Entiendo que no necesariamente estos caminos son contrapuestos. A fin de cuentas, a través de impuestos o deuda estaríamos financiando la construcción de activos, que nos permitirán, incluso, desde el primer día y durante toda su existencia, corregir males que la sociedad está enfrentando con recursos que paga día a día a través de los impuestos. La inseguridad, la falta de educación, la falta de salud, etc., cuestan muy caro, no solo por lo que hay que pagar para paliarlos, sino por las oportunidades que se pierden con ellos.
Cualquiera sea la opción que se elija (aumento de impuestos, deuda o ambos), sería más que conveniente, para tranquilidad de todos, que los ingresos generados sean destinados en exclusiva a la financiación de un sistema nacional de vivienda que permita satisfacer todo lo relativo a la construcción o refacción de vivienda, adjudicando prioridad a los sectores de menores recursos y en un marco de ordenamiento territorial de las ciudades donde se ubiquen las soluciones habitacionales.
En el caso concreto de Montevideo, la mancha urbana se ha expandido en las últimas décadas, en un período en el que la población se ha mantenido o, incluso, disminuido. Esto trae consecuencias negativas para los pobladores de la periferia (peor o nula infraestructura, dificultad de acceder a los servicios más básicos e incluso a las oportunidades laborales o comerciales, falta de servicios de educación, etc.) y también para las arcas del Estado. Según estudios de la Corporación Andina de Fomento, construir soluciones habitacionales en lugares en que hay que adicionar infraestructura y servicios que el Estado debe pagar puede costar hasta cuatro veces más.
Intuitivamente, se podría pensar que destinar estos recursos a obras de infraestructura (es decir, a activos) supone la creación de fuentes de trabajo. Referida por algunos como “la madre de las industrias”, es sabido que la construcción tiene un efecto multiplicador en la actividad económica. Es esperable, entonces, que la aplicación de estos fondos a dichos fines tiene la ventaja de ser una fuente de empleo masivo, lo que lo hace mucho más ventajoso que destinar esos fondos a ayudas sociales directas, que ya existen.
A su vez, esta política debería ser acordada con apoyos variados, de manera que se extienda en el tiempo y asegure a la población que no dependerá de qué partido esté a cargo de la administración del Estado —y que, por lo tanto, su acceso a la vivienda no dependa de a quién vota— y que no tengamos que escuchar propaganda electoral basada en si se construyó más o menos.
Otro aspecto no menor es lo relativo a la transparencia en la utilización de estos fondos. En tiempos en que se duda de todo, la ciudadanía debe tener claro en todo momento en qué se invierte lo que se recauda.
En cuanto a lo que se dijo en todas las tiendas políticas respecto a no subir impuestos —promesa que supieron incumplir administraciones de todos los partidos políticos durante estos 40 años—, cabe decir que Uruguay tiene una presión fiscal adecuada, en términos comparativos, a su nivel de desarrollo. Por otro lado, la aplicación de dichos impuestos a construcción de viviendas o infraestructura aumenta el PBI, por lo que la presión fiscal puede no modificarse sustancialmente. En fin, que todo depende de a qué dediques los impuestos que recaudás. No es lo mismo destinarlos a viviendas que a pagar 24 asesores para los tres directores del Inumet, por poner un caso de tantos.
Entiendo que esta forma de aplicar la creación de un impuesto que se propone como forma de reducir la desigualdad ayudaría a reducirla más aún y contaría, a primera vista, con apoyos de sectores variados. De los empresarios, porque les generaría oportunidades de negocios directos e indirectos. De los trabajadores, ya que se crearían fuentes de trabajo en el marco de un plan previsible. De los que buscan mejorar las condiciones de vida de las mujeres, ya que muchas madres solteras o solas son las jefas de esos hogares sin un techo digno. De organizaciones sociales o religiosas que dicen buscar el alivio de las penas de los más humildes. De los defensores de las familias, ya que un hogar digno es el ambiente más adecuado para su fortalecimiento. De los ambientalistas, ya que la construcción de viviendas adecuadas de modo planificado asegura que el daño ambiental que se genera por la extensión de las manchas urbanas se mitigue o disminuya. De los que buscan mejorar la seguridad, la educación, la salud, ya que, como se dijo en el informe de Unicef y la Cámara de la Construcción, estos aspectos son impactados negativamente por la falta de soluciones dignas de vivienda. De los que quieren generar fuentes de trabajo para la juventud y en especial, para la que no tiene aún bajo nivel de capacitación. Y de los que queremos que en nuestro país no haya nunca más ciudadanos que vivan en condiciones indignas.
Haroldo C. Saxlund
