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El IVA personalizado es una propuesta innovadora que el próximo gobierno de Uruguay, liderado por el presidente Yamandú Orsi, ha señalado como una prioridad para su gestión. Su objetivo principal es aliviar la carga tributaria sobre los hogares de menores ingresos mediante la devolución parcial o total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras realizadas por estos sectores. Aunque esta medida busca promover mayor equidad fiscal, plantea desafíos técnicos, operativos y sociales que demandan un diseño cuidadoso y una implementación rigurosa, además de consideraciones éticas vinculadas al manejo de datos personales y la vigilancia.
El concepto de IVA personalizado implica adaptar las tasas impositivas según las características individuales de los consumidores, empleando tecnologías avanzadas para personalizar la carga tributaria y fomentar patrones específicos de consumo. Entre las aplicaciones más relevantes se encuentran: la diferenciación de tasas según niveles de ingresos, con gravámenes más bajos para los sectores de menores recursos y más altos para los de mayores ingresos; ajustes basados en el tipo de producto, aplicando tasas más altas a bienes suntuarios y reducidas a bienes esenciales; y devoluciones parciales a personas de bajos ingresos por la compra de bienes de primera necesidad. Desde 2022, Uruguay ha implementado una versión limitada de este sistema a través del programa de Asignaciones Familiares–Plan de Equidad (AFAM-PE), que devuelve el IVA en compras realizadas con la billetera electrónica Tuapp del Banco República.
Este modelo podría aportar beneficios significativos. Su capacidad para reducir la regresividad del sistema tributario, ajustando la carga fiscal a la capacidad económica de cada ciudadano, es una de sus mayores fortalezas. Además, permite incentivar el consumo de productos saludables, ecológicos o esenciales y desincentivar la adquisición de bienes nocivos o no prioritarios, promoviendo hábitos responsables. También tiene el potencial de incrementar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables y proporcionar flexibilidad para ajustar políticas públicas orientadas al consumo y la sostenibilidad ambiental.
No obstante, los desafíos son considerables. La implementación del IVA personalizado requiere una infraestructura tecnológica avanzada y sistemas de seguimiento en tiempo real, lo que genera riesgos significativos para la privacidad y la seguridad de los datos. Aquí, las advertencias de Shoshana Zuboff en su libro La era del capitalismo de la vigilancia:la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder cobran relevancia. Según Zuboff, el uso intensivo de datos para predecir y moldear comportamientos no solo invade la privacidad individual, sino que también socava principios democráticos fundamentales como la autonomía y la libertad de decisión. En el caso del IVA personalizado, el manejo de datos personales relacionados con ingresos, hábitos de consumo y localización podría exponer información sensible y convertir a los ciudadanos en objetos de predicción y manipulación.
Además, este sistema podría normalizar formas de vigilancia intrusivas bajo la justificación de mejorar la equidad fiscal. La percepción de ser monitoreados podría limitar la libertad de los consumidores y generar desconfianza hacia las instituciones públicas. Zuboff también advierte sobre el riesgo de privatizar decisiones públicas, ya que la implementación de este sistema podría depender de tecnologías y análisis gestionados por corporaciones, dando a estas un papel desproporcionado en las políticas fiscales.
Existen otros riesgos asociados. Las brechas de ciberseguridad podrían facilitar delitos como el robo de identidad. También podría haber un uso indebido de la información recabada, ya sea con fines políticos o para discriminar a ciertos grupos. Asimismo, la complejidad operativa del sistema podría generar errores en la segmentación, afectando a los grupos que buscan protegerse, como las clases medias, que representan una amplia base de contribuyentes y podrían asumir una carga fiscal mayor si el diseño del sistema es ineficiente. Cuando se decidió imponer el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, la estimación de la recaudación fue un tercio de lo que hoy realmente se recauda por ese impuesto. De la idea de que era un impuesto que iba a recaudar solo en las capas superiores de los ingresos laborales, resultó un impuesto al trabajo que está afectando a la gran mayoría de la gente y aun con niveles de ingresos no tan altos.
La experiencia internacional es limitada en esta área. Aunque no hay ejemplos plenamente implementados de IVA personalizado, algunos países han adoptado medidas relacionadas. India aplica tasas diferenciadas según los bienes y servicios bajo su sistema GST; Brasil ha explorado la posibilidad de un IVA personalizado en su reforma tributaria; y países nórdicos y China emplean sistemas fiscales avanzados que recopilan datos detallados de consumo, aunque sin personalización directa.
En Uruguay, la viabilidad del IVA personalizado enfrenta retos específicos. Este impuesto es una de las principales fuentes de recaudación, pero su carácter regresivo afecta desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos. Adoptar un sistema más progresivo requerirá una infraestructura tecnológica robusta, estrategias efectivas para combatir la evasión fiscal y un marco legal sólido que garantice la protección de los datos personales y limite su uso exclusivamente a fines tributarios. También será crucial comunicar de forma clara las ventajas del sistema para ganar la confianza ciudadana y mitigar la resistencia social.
El futuro ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha señalado que, aunque el IVA personalizado es una prioridad conceptual, su implementación no es inminente. Antes de avanzar, será necesaria una evaluación detallada de sus efectos y desafíos. Si se abordan adecuadamente los aspectos técnicos, operativos y éticos, este modelo podría ser transformador para la equidad fiscal en Uruguay. De lo contrario, existe el riesgo de que se convierta en un instrumento de control que comprometa derechos fundamentales, extendiendo los peligros del capitalismo de la vigilancia al ámbito fiscal.
