El modelo de seguridad de Bukele

Se ha instalado en la agenda pública —y hay que aceptarlo— la discusión sobre si el modelo de Bukele en materia de seguridad pública es un ejemplo que podría aplicarse en nuestro país. El primer inconveniente que plantea es tener debida información sobre el tema, para luego pasar a su análisis.

En ciencia política aprendí que la censura está en la fuente de la información y que, por ende, la noticia que uno recibe puede venir desviada o tergiversada de origen. Pero hay acuerdo en que en El Salvador se estableció un régimen de excepción, medida aprobada en marzo de 2022 que suspende garantías constitucionales, permite detenciones sin orden judicial e intervenciones telefónicas, y amplía el tiempo de detención administrativa. Asimismo, el presidente Bukele amplió su mandato en violación de la Constitución de su país.

La política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador se basa en la mano dura, el despliegue militar y la suspensión de garantías constitucionales para desmantelar las pandillas criminales. Lanzada en junio de 2019, es la estrategia estructurada en varias fases. Sus ejes principales son la recuperación de territorios, el control penitenciario y la modernización y el reclutamiento de las fuerzas de seguridad para tareas de inteligencia e investigación.

Las consecuencias de estas medidas incluyen:

• Arrestos masivos: captura de más de 89.000 sospechosos de pertenecer o colaborar con pandillas.
• Reformas legales: extensión de la detención administrativa de 72 horas a 15 días, intervenciones telefónicas sin orden judicial y juicios masivos por videollamada.
• Megacárceles: construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad diseñada para recluir de por vida a decenas de miles de pandilleros.

Tampoco se discute que la mayoría de esos casi 100.000 encarcelados no pasó por ningún tribunal judicial, no tuvo juicio ni defensa legal, y que muchos son distribuidores periféricos de droga. Como nuestros vendedores de pasta base en los barrios más humildes de nuestro país. Los jefes de las maras no están en prisión porque acordaron con el Gobierno su impunidad.

En suma: el régimen de la República de El Salvador es una dictadura de corte centroamericano y ha demostrado estar en línea con Donald Trump. Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas dentro de las prisiones y la muerte de inocentes bajo custodia estatal. El sistema penal sufre una saturación extrema donde miles de detenidos esperan años para recibir una acusación formal o un juicio. Y los analistas críticos señalan que la estrategia se enfoca en el castigo inmediato y la fuerza, pero ignora las causas socioeconómicas profundas de la violencia.

El sistema revela también que esos 100.000, encarcelados sin el debido proceso, no se rehabilitarán nunca, pues los centros penitenciarios no están diseñados para ello. Y las pocas visiones que tenemos en la televisión, muestran un estado de semiesclavitud.

La pregunta es: ¿prefieren ese sistema o un Estado de derecho con garantías?

Por su parte, nuestro conocido periodista Gabriel Pereyra ha analizado el modelo de Nayib Bukele en El Salvador como un caso de destrucción de la democracia a través de un liderazgo carismático, destacando la alta concentración de presos y los riesgos autoritarios. Pereyra enfatiza la “otra cara” de la gestión, analizando negociaciones políticas y vínculos con maras.

Para él, los aspectos claves del modelo son:

• Destrucción democrática: Pereyra señala que, bajo la fachada de éxito en seguridad, el modelo de Bukele ha destruido la democracia.
• “La otra cara de Bukele”: En sus informes, aborda la gestión de las maras salvadoreñas y las negociaciones del gobierno en relación con estas organizaciones.
• Realismo sobre las cárceles: Pereyra ha subrayado que El Salvador tiene la mayor cantidad de presos del continente, llamando a ser realistas sobre los costos de este modelo, en lugar de solo optimistas por la reducción de la criminalidad.
• Contexto de la inseguridad: Argumenta que el camino de Bukele fue abierto por partidos políticos tradicionales que no pudieron solucionar la criminalidad.
• Relación con la inacción política: Menciona que el sistema político a menudo no reacciona a tiempo contra la delincuencia, lo que crea escenarios propicios para líderes de este tipo.

En su análisis, Pereyra expone la complejidad de la política de seguridad salvadoreña, y pone el foco en el equilibrio entre el orden y la pérdida de libertades democráticas (tomado de la IA).

La opción es ahora del lector. La mía es indubitable: prefiero las garantías del Estado de derecho y el Gobierno democrático. Lo que no implica que reconozca la necesidad de mejorar sustantivamente la seguridad pública y el sistema carcelario, así como otras inequidades sociales. Pero, dentro del orden constitucional.

No es fácil informarse, y menos con una cuota de inocencia, tratando de copiar experimentos de otras latitudes, de otras culturas y de otros principios y valores.

Pero recuerden la frase de Cicerón: “El que no conoce la historia, toda su vida será un niño”.

Julio Vidal Amodeo

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales