Uruguay nació mirando al mar. Su historia, su economía y buena parte de su importancia regional estuvieron siempre ligadas al Río de la Plata, al Atlántico y a sus puertos. Sin embargo, en pleno siglo XXI, el país parece avanzar exactamente en la dirección contraria: alejándose cada vez más de toda visión marítima seria, estratégica y nacional.
En estos días se conoció la decisión del director del Museo Histórico Nacional, Andrés Azpiroz, y responsable de la Casa de los Ximénez por el Ministerio de Educación y Cultura, de finalizar el comodato que, desde la década de 1990, permitía a la Liga Marítima Uruguaya y a la Academia de Historia Marítima y Fluvial utilizar dichas instalaciones para el desarrollo de actividades vinculadas a la difusión de la cultura marítima nacional.
Tanto la Liga Marítima como la Academia de Historia Marítima y Fluvial fueron durante décadas espacios fundamentales para preservar la memoria marítima del país, promover el pensamiento naval y mantener viva una cultura históricamente vinculada a nuestros ríos y puertos. Por sus salones pasaron profesionales, historiadores, marinos, técnicos y ciudadanos comprometidos con el desarrollo marítimo nacional.
Cerrar o desplazar estos espacios no representa solamente una decisión administrativa. Representa también un símbolo del escaso interés que hoy existe dentro del aparato estatal hacia todo aquello relacionado con el mar.
Y el problema no termina allí.
Mientras el mundo vuelve a mirar al mar como un espacio central de poder, comercio y geopolítica, Uruguay continúa actuando como si su dimensión marítima fuera secundaria. Las grandes potencias invierten en puertos, hidrovías, infraestructura logística y control de rutas marítimas. En nuestra región, Brasil expande agresivamente su infraestructura portuaria, Argentina busca reposicionarse sobre la hidrovía y Paraguay fortalece su presencia fluvial mediante una de las flotas de barcazas más importantes del mundo.
Uruguay, en cambio, parece atrapado en la improvisación permanente.
La creación de una comisión interministerial destinada a coordinar políticas marítimas, fluviales y portuarias parecía ser, al menos, una señal positiva. La idea apuntaba a construir una estrategia nacional integrada, algo que el país necesita desde hace décadas. Sin embargo, todo indica que la iniciativa quedó en suspenso antes siquiera de comenzar a funcionar realmente. Se desconocen los verdaderos motivos de esta decisión, que, lejos de parecer acertada, probablemente responda a la falta de una visión integral de los problemas del sector.
Ese es precisamente uno de los grandes males nacionales: la ausencia de políticas de Estado en materia marítima.
Cada administración reinventa prioridades, desarma proyectos anteriores y gobierna con una lógica de corto plazo en la que casi nunca existe planificación estratégica. Los organismos vinculados al sector trabajan descoordinados, muchas veces superponiendo competencias o directamente ignorándose entre sí. Mientras tanto, el país pierde oportunidades logísticas, comerciales y geopolíticas que difícilmente puedan recuperarse más adelante.
La situación portuaria refleja claramente esta realidad.
El reciente descenso de Uruguay en el ranking de puertos latinoamericanos elaborado por el Banco Mundial no es simplemente un dato estadístico. Es una advertencia seria. Durante años se instaló el discurso de que Montevideo era el gran “hub logístico regional”, pero la realidad demuestra que la competitividad no se sostiene únicamente con eslóganes ni campañas publicitarias.
La eficiencia portuaria depende de planificación, infraestructura, reglas claras, profesionalismo y visión estratégica. Cuando esas variables fallan, el retroceso es inevitable. Y hoy comienzan a verse señales preocupantes de estancamiento, pérdida de dinamismo y dificultades de gestión que afectan directamente la competitividad nacional.
A esto se suma la situación vinculada a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y a los problemas históricos de navegación regional.
La falta de definiciones claras respecto al dragado de la Vía Navegable Troncal, el Canal Martín García o la liberación del practicaje por parte de Argentina son temas mucho más profundos de lo que muchas veces se percibe desde la opinión pública. No se trata únicamente de asuntos técnicos. Se trata de soberanía, comercio exterior, seguridad en la navegación y autonomía estratégica.
Uruguay depende enormemente de sus accesos fluviales y marítimos. Sin embargo, sigue actuando con una pasividad alarmante frente a cuestiones que condicionan directamente su futuro económico y logístico.
Algo similar ocurre en la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, donde continúa sin resolverse la delimitación del límite lateral con Argentina. Esa indefinición afecta incluso aspectos vinculados a la extensión de la plataforma continental uruguaya ante las Naciones Unidas, un asunto de enorme relevancia geopolítica y económica para el país.
Y mientras todos estos temas permanecen estancados, Uruguay continúa perdiendo tiempo.
La situación pesquera tampoco escapa a esta lógica de deterioro.
Un sector históricamente importante para el empleo y la actividad económica atraviesa desde hace años una crisis estructural sin soluciones de fondo. La falta de modernización, la pérdida de competitividad, el envejecimiento de la flota y la ausencia de políticas sostenidas y sustentables en el tiempo han llevado a una situación de decadencia que parece naturalizarse peligrosamente.
Lo mismo ocurre con la marina mercante nacional, con falta de incentivos y apoyo estatales que den viabilidad a las empresas locales; ayudando a retener a buena parte del capital humano. Muchos profesionales terminan emigrando o trabajando en mercados extranjeros mientras Uruguay continúa debilitando lentamente sus capacidades técnicas y operativas.
En paralelo, el episodio de los OPV terminó transformándose en otra demostración preocupante de improvisación política e institucional.
Más allá de la necesidad de determinados medios navales, el problema central fue la forma en que todo el proceso quedó expuesto públicamente entre contradicciones, cambios de criterio, discusiones políticas y señales de escaso profesionalismo. En cualquier país serio, los temas vinculados a la defensa marítima y a la vigilancia de espacios soberanos deberían manejarse con planificación, claridad estratégica y responsabilidad institucional.
Aquí, en cambio, terminó pareciendo una improvisación permanente.
Uruguay posee una ubicación geográfica privilegiada, acceso natural al Atlántico Sur, puertos de enorme potencial, una tradición marítima histórica y una posición logística única en la región. Pocos países sudamericanos tienen condiciones tan favorables para transformarse en una potencia logística y marítima de escala regional.
Sin embargo, el país parece decidido a ignorar esas ventajas.
El problema marítimo uruguayo no es únicamente económico ni administrativo. Es profundamente cultural y político. Porque un país que deja morir sus instituciones marítimas, que abandona su pensamiento estratégico y que pierde interés por sus ríos y puertos, termina perdiendo también parte de su identidad nacional.
El mundo avanza hacia una nueva etapa donde las rutas marítimas, los recursos oceánicos, la logística y el control de las vías navegables volverán a ocupar un papel central en la política internacional.
La gran pregunta es si Uruguay piensa formar parte de ese futuro o si continuará, lentamente, dejando que sus maritimidades sigan a la deriva.
Francisco Lezaña
