El plebiscito y los aportes presidenciales

¿Es bueno para un país —en nuestro caso una República que dice querer ser profundamente democrática— que el sistema jubilatorio imperante implique un importante privilegio para quien ejerce la primera magistratura, que como veremos no lo tiene ni tendrá más que la inmensa mayoría de ciudadanas y ciudadanos que viven honradamente de su trabajo? ¿Es bueno que ese privilegio se extienda a quienes ocupan cargos electivos en el Senado, la Cámara de Representantes y en las intendencias? ¿Está bien que esto se repita con algunas personas que son designadas por el poder político para ocupar ciertos puestos de dirección o gerenciamiento en distintos ministerios y entes públicos?

¿No sería verdaderamente justo que la totalidad se rigiera por un único criterio que, por su sola existencia, además, implique una concepción democrática igualitaria que difiera de manera radical con la que es predominante? ¿Es tan difícil detectar un problema objetivo de falta de solidaridad y, de inmediato, resolverlo por la unanimidad del Parlamento con la iniciativa del Poder Ejecutivo? Lo que quiero plantear obviamente no tiene color político-partidario. Hace casi 28 años que lo venimos denunciando, pasaron gobiernos de los tres lemas mayoritarios y la situación y sus beneficiarios permanecen incambiados.

Los aportes de Luis Lacalle Pou y de los anteriores señores presidentes que se hubieran amparado en la Ley 16.713. Que la desigualdad se continúe en el futuro dependerá también, como dije, del triunfo de la papeleta blanca del Sí en el plebiscito. Para bajar a tierra el problema, nada mejor que acudir a los detalles del recibo mensual del cobro de Luis, que está disponible para quien lo quiera ver en la página web de Presidencia.

Del recibo surge que cobra un nominal de $ 1.007.793, de los cuales $ 900.616 están sujetos a Montepío jubilatorio¹. Por este concepto, le descontarían $ 135.092 cada mes. Sin embargo, ocurre que por ley está obligado a aportar el 15% al BPS hasta $ 128.410 (es decir, $ 19.261) y desde esta cifra hasta $ 256.821 aporta obligatoriamente a la AFAP (otros $ 19.261). En total son $ 38.524. Lamentablemente, no podemos saber si por encima de ese monto (hasta el descuento de los $ 135.092) está aportando voluntariamente a su AFAP para su futura renta vitalicia… o si lo que hace es guardárselo mes a mes en su bolsillo, engrosando así su líquido mensual para un mejor pasar, o eventualmente ahorrándolo para comprarse, por ejemplo, para decir algo, una muy buena moto o, tal vez, usándolo para achicar el costo total de un muy buen apartamento —que podría ser en Carrasco—².

En cualquiera de los dos casos, Lacalle Pou ahorra voluntariamente para su renta vitalicia —o los destina para mejorar su liquidez mensual— un total de $ 96.568 por mes (reitero: la diferencia entre $ 135.092 y $ 38.524). Resulta entonces que en el año suman $ 1.158.816, y en el quinquenio alrededor de $ 5,5 millones. (Con un cambio a 39 ahorrará un poco menos de US$ 150.000 en todo el período: para hacernos una idea de lo que estoy hablando, se podría comprar unas cinco motos Harley-Davidson cero kilómetros… de las muy buenas).

Otra justicia entonces de la papeleta blanca por el Sí. Como dije, esta realidad se repite en buena parte de los cargos políticos y de particular confianza, aunque en montos menores (desde ministro para arriba, incluyendo algunos otros como el gerente general del BPS, designado a dedo, que gana $ 483.185). ¿Cómo es posible que hayan pasado los gobiernos y la situación se mantenga? Creo que en gran medida esta realidad sobrevive porque la mayor parte de nuestro pueblo no sabe de estos privilegios, ya sea porque quienes los usufructúan los han naturalizado “porque es legal”³ o lo que es peor se quedan “calladitos de la boca y con la patita arrollada” (o también porque quienes lo hemos denunciado desde 1995 no hemos tenido la fuerza ni los recursos suficientes para transformarlo en verdad generalizada y por ende conocida por toda la población).

Afortunadamente, hay algunos —pocos— medios, entre los que está Búsqueda, que no nos tapan la boca ni contribuyen al ocultamiento. Como ya lo hemos escrito, el triunfo de la papeleta blanca del Sí traerá aparejadas varias cosas muy buenas: 1) el aumento de las pasividades mínimas a más de 300.000 uruguayos y uruguayas; 2) una sustancial recuperación económica y financiera del BPS por un buen lapso (reduciendo la asistencia de Rentas Generales), con la posibilidad real y esperable, si hay voluntad política y cabeza abierta, de refundación sistémica y de un cambio de paradigmas de muy largo aliento; 3) la erradicación (si de veras lo quieren hacer quienes gargantean con ella) de la mal llamada pobreza infantil ya a partir de la vigencia de la reforma constitucional, dado que habrá más de US$ 500 millones disponibles para tan impostergable fin, y para mejorar además, por ejemplo, el sistema nacional de cuidados.

Ello será posible gracias a la eliminación de las administradoras y al no despilfarro regresivo de los US$ 5.432 millones, que dejarán de destinarse para que ellas engorden en los regímenes de las cajas paraestatales y también para “compensarlas” financieramente durante 30 años con opción a 10 más. Como si lo anterior fuera poco, el simple hecho de colocar la papeleta del Sí en el sobre de votación también pondrá fin a los privilegios de los elencos gobernantes que he desarrollado a lo largo de estas líneas. A partir de ese triunfo el actual y los futuros presidentes o presidentas, y los demás ocupantes de los cargos políticos mencionados, volverán a aportar por el 100% de sus sueldos, absolutamente con destino al Régimen de Reparto y Solidaridad Intergeneracional del BPS.

Aunque existan quienes se molestan con nuestras críticas, la mayoría terminaremos coincidiendo creo que a voz en cuello en que, como con valentía supiera pregonar don Aparicio Saravia, nuestra noción de patria debe incluir necesariamente la “dignidad arriba y (el) regocijo abajo”: una belleza humana y conceptual que llega a la raíz de los problemas y que, no pocas veces, tanta falta nos ha hecho y nos hace⁴.

Adolfo Bertoni

Expresidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social

CI 3.289.304-5

¹ Incluye una partida de gastos de representación por $ 107.176 que no llevan aportes, al igual que las partidas de $ 222.541 que cobran senadores y diputados, u otras de diferentes cargos políticos.

² No podemos saber con exactitud cuál es la situación personal de Luis Lacalle Pou —a menos que él decida decirlo— porque el procedimiento indica que la AFAP le tiene que haber comunicado en su momento que excedía el tope de lo que hoy son $ 256.821 y entonces el mandatario debió decidir si aportaba por encima voluntariamente o si, en caso contrario, como parece ser muy probable, le están transfiriendo la diferencia a su cuenta mes a mes para que se los quede en el bolsillo. (Lo que sí sabemos es que casi el 100% de los beneficiados no ha optado ni opta por realizar ese aporte voluntario).

³ Personalmente, solo supe que públicamente dijo que “esto es una barbaridad” el exsenador, exintendente y arquitecto Mariano Arana.

⁴ Alrededor de 27.000 trabajadoras y trabajadores afiliados al BPS superan los $ 256.821 nominales. Aclaro que su situación está por fuera de las críticas que he formulado anteriormente por la sencilla razón que ellas y ellos no integran los poderes Ejecutivo o Legislativo y por lo tanto no les cabe responsabilidad en que esta situación exista y, en mi opinión, penosamente se mantenga.