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Nada degrada tanto a un país como la costumbre de tolerarlo todo.
La violencia. El abuso. La arbitrariedad. La indiferencia. Nos hemos acostumbrado a mirar hacia otro lado. A justificar lo injustificable. A aceptar como normal lo que debería escandalizarnos. Y así empieza toda decadencia: cuando la excepción deja de sorprender y pasa a administrarse como rutina.
Recuerdo a un profesor explicando la teoría del enemigo. Ese “otro” que, por apartarse persistentemente del derecho, deja de ser tratado como ciudadano para convertirse en amenaza. Era una categoría jurídica excepcional. La hemos convertido en reflejo social.
Hoy basta con vestir distinto. Con incomodar. Con parecer sospechoso a ojos de alguien uniformado. Ya no importa lo que se hace. Importa cómo se luce. Y cuando eso ocurre, la autoridad deja de proteger para empezar a discriminar. Ese es el quiebre. ¿Las herramientas de la justicia existen para garantizar certezas o para sembrar miedo? ¿Para proteger libertades o para administrarlas según prejuicios?
Un ciudadano debería poder acudir a ella con confianza. No con cautela. No con temor. No preguntándose si será tratado como persona o como amenaza.
Cuando un uniforme inspira sospecha en lugar de respeto, el problema no es individual. Es institucional. Y un Estado que entrega autoridad, armas y poder coercitivo tiene la obligación de exigir algo más que formación técnica. Debe exigir templanza. Equilibrio. Carácter. Límites. Porque la confianza pública no se impone. Se merece. Y cuando una sociedad deja de escandalizarse ante su erosión, ya no asiste a un error. Asiste a su propia renuncia.
El poder político mira hacia otro lado. Como casi siempre. Porque en demasiadas ocasiones la indignación pública tiene un perímetro estrecho: empieza y termina en el propio entorno. Lo que ocurre lejos incómoda poco. Lo que le pasa al desconocido apenas merece un comunicado. Lo que no roza la esfera personal rara vez altera la agenda.
Nuestros representantes parecen recordar su deber cívico solo cuando la tragedia les habla en primera persona. Esa no es la política de una república. Es la administración sentimental de la conveniencia.
Los uruguayos merecemos algo infinitamente mejor que esta resignación administrada. Merecemos vivir sin que la incertidumbre se haya vuelto costumbre. Sin salir a trabajar preguntándonos si al volver encontraremos nuestra casa violentada, nuestro esfuerzo saqueado, nuestros animales faenados, o si una llamada inesperada traerá la noticia irreparable de que alguien a quien amamos ya no volverá porque la delincuencia decidió arrebatárnoslo. Merecemos un país donde la paz no sea un privilegio azaroso ni la seguridad una promesa electoral de temporada. Merecemos un Estado que proteja de verdad, instituciones que funcionen y dirigentes que recuerden que fueron elegidos para garantizar libertad y orden, no para administrar nuestra indefensión con discursos vacíos.
