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El IVA grava el consumo de bienes y servicios en general por lo que constituye un monto que se suma al precio de venta y debe ser absorbido por los consumidores. Se dice que es un tributo regresivo porque mientras los estratos de menor poder económico consumen todo su ingreso, los de mayores recursos destinan una parte al ahorro. Por ello, el IVA es una carga porcentualmente mayor sobre el ingreso en los estratos de menor poder económico. El tema no deja de ser polémico: hay quienes con fundamento entienden que la carga tributaria debe medirse sobre el consumo y no sobre el ingreso, en cuyo caso el IVA no sería regresivo, sino proporcional. El fundamento es que entienden que los contribuyentes deberían aportar sobre lo que retiran del producto social —consumo— y no sobre lo que aportan al producto del país, que está medido por su ingreso. Pero eso daría para otra discusión. Asumamos por ahora que el ingreso es una buena medida de la capacidad contributiva.
En todos los países en que se aplica el IVA, aparte de una tasa general, existen exoneraciones y tasas menores destinadas a suavizar su regresividad. La idea es que como los estratos menos pudientes de la población destinan buena parte de su gasto a la compra de alimentos, medicinas y servicios básicos, si estos se exoneran o se gravan a tasas menores se logra suavizar el impacto del impuesto. Pero se dice, con razón, que esa política también beneficia a las capas más pudientes, que también consumen aquellos bienes y servicios, aunque no sean tan significativos en su consumo total. La idea del IVA personalizado es dejar de aplicar exoneraciones y tasas menores, con lo cual aumenta la carga tributaria de todos los sectores y devolver a los integrantes de los estratos de menor poder adquisitivo el monto que va incluido en sus consumos. La idea luce atractiva, pero debe vencer algunos problemas de implementación, quizá el mayor sea determinar quiénes serán los beneficiarios de las devoluciones, lo cual implica la fijación de un límite administrativo que hará que quienes queden en el exterior de la frontera, aunque estén pegados a ella, no solo carezcan del beneficio, sino que, además, vean aumentada su carga tributaria.
Pero antes de seguir adelante habría que preguntarse: ¿cuál es el efecto final en números de esta construcción?
El BID publicó en 2022 un documento (El IVA Personalizado revisado: una herramienta para la consolidación fiscal con equidad) que, bien leído, echa buena luz al respecto.
Para empezar, una confesión que, no por menos sabida, muestra honestidad intelectual de sus autores: “… el trabajo analítico confirma que los sistemas tributarios tienen un impacto muy poco significativo sobre la distribución del ingreso, ya sea concentrador o redistributivo: en ningún caso el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso varía significativamente tras los impuestos. Sin embargo, el hecho de que el diseño del sistema impositivo no vaya a tener mayor impacto sobre la mejora en la distribución del ingreso no quiere decir que no se deba hacer todo lo posible para evitar que un pobre diseño deteriore aún más dicha distribución. Este es el punto central de la propuesta del IVA P: mejorar su diseño para compensar a los sectores menos favorecidos de la sociedad, reconociendo el papel crítico de este impuesto en un sistema tributario moderno” (p. 20).
O sea que la justificación última para embarcarnos en este complejo proyecto del IVA P, que apenas mueve la aguja de la distribución del ingreso, sería que vale la pena el esfuerzo, aunque apenas mueva la aguja. Un poco difícil de entender.
¿Pero cuánto la mueve la aguja?
Dos muestras extractadas del trabajo ya citado.
Los autores realizan una simulación de la aplicación del IVA personalizado en Argentina, año 2018 (p. 24), y en ella estiman que debería pagarse a los estratos menos pudientes de ese país una compensación que ascendería a 2.457 pesos argentinos por año, o sea, tomando la cotización del dólar promedio de aquel año, unos US$ 100 por año. Dicha compensación no es el beneficio que reciben sus destinatarios: se compone de una devolución por el mayor IVA a soportar por la eliminación de las tasas menores más un excedente que constituye la verdadera mejora.
En otra parte del trabajo (pp. 65 y siguientes) los autores realizan dos simulaciones de aplicación del IVA personalizado para Uruguay tomando cifras de 2017. No interesa entrar aquí en particularidades de esas simulaciones, porque de lo que se trata es medir sus efectos.
Pues bien, en ellas se estima que la reducción del impacto del IVA para los beneficiarios del proyecto —en este caso los integrantes del decil de menor capacidad económica de la población— es en su conjunto 254 y 217 millones de pesos según se trate de una u otra simulación, o sea, traducidos a la cotización del dólar promedio del 2017, US$ 8.800.000 y 7.500.000, respectivamente. Según la encuesta de población recientemente publicada, existen en el país 1.659.000 viviendas. Estimando muy conservadoramente que de ellas corresponden 82.950 —o sea, la veinteava parte— al decil de menor capacidad económica, cada hogar de ese decil recibiría como beneficio unos US$ 100 por año.
La montaña parió un ratoncito.
Pero, un detalle adicional importante: las mismas simulaciones arrojarían un aumento en la recaudación del total del IVA del orden de los US$ 400 millones.
La frase se le atribuye a Colbert, el gran ministro de Luis XIV: “Recaudar impuestos es un arte: se trata de desplumar al ganso de tal forma que no se dé cuenta de que se está quedando sin plumas”.
¿Será este el caso?
El tábano de Sócrates