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La postura reciente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) sobre la cuenca del Santa Lucía expone una forma de pensar muy preocupante: la idea de que los límites ecológicos son obstáculos que deberían flexibilizarse cuando afectan determinados intereses económicos.
En el planteo de la ARU, la naturaleza aparece únicamente como soporte de actividad económica. Las restricciones ambientales son descritas como trabas a la producción y no como mecanismos mínimos de protección frente a impactos ya ampliamente documentados.
La propia ARU reconoce que muchas de esas restricciones ya existen y que el problema sería su eventual aplicación estricta y control efectivo. Es decir, admiten implícitamente que prácticas comprobadamente negativas vinculadas al uso de nutrientes y fitosanitarios operan con niveles de fiscalización insuficientes, permitiendo maximizar producción aun a costa de mayores presiones ambientales sobre la cuenca.
La ARU sostiene, además, que la aplicación rigurosa de esas restricciones generaría una disminución del 10% en la producción agropecuaria de la cuenca y por ende una pérdida de unos 150 millones de dólares anuales de producto bruto agropecuario, cifra que utilizan erróneamente para comparar con el costo de nuevas obras de infraestructura para captar agua potable del Río de la Plata en Juan Lacaze. Pero incluso dejando de lado la fragilidad técnica de esa comparación, el planteo revela algo más profundo: la ausencia casi total de valoración ecológica.
Como suele suceder, sostienen que cualquier límite que se les imponga representa automáticamente una amenaza para el empleo, la inversión o incluso la estabilidad económica del país. El agro aparece casi como el único motor económico, un actor al que la sociedad no podría imponer restricciones significativas sin exponerse a una crisis generalizada.
Esa narrativa no solo exagera el peso relativo del sector dentro de una economía mucho más diversa, sino que además suele presentar al productor agropecuario como una especie de actor empresarial excepcional e irreemplazable para el funcionamiento nacional, una imagen épica de “genio empresario”, cuando hablamos en realidad de actividades fuertemente apoyadas en ventajas naturales, infraestructura pública, modelos productivos altamente estandarizados y dinámicas comerciales uniformizadas.
¿Que algunas tierras puedan perder valor como consecuencia de nuevas restricciones destinadas a proteger la cuenca del Santa Lucía? Sí, probablemente ocurra. Pero eso sucede constantemente en una sociedad que toma decisiones colectivas sobre el territorio, el ambiente y el interés general. También perdió valor la casa del vecino de Solymar cuando se permitió construir edificios en su zona. También perdió valor la pequeña chacra del productor que vio secarse su pozo mientras avanzaban actividades forestales de alto impacto hídrico en su entorno. No toda afectación patrimonial privada constituye automáticamente una injusticia intolerable que el país entero deba evitar a cualquier costo.
Vivir en sociedad implica aceptar límites y adaptaciones. Si una actividad productiva causa impactos incompatibles con la preservación de un ecosistema crítico, entonces corresponde modificar prácticas, invertir, innovar o incluso reconsiderar determinados modelos de producción. Lo que no resulta razonable es pretender que sea el ecosistema el que deba degradarse para garantizar la rentabilidad privada de quienes deciden explotarlo.
El problema es político y ético. Porque aceptar esta lógica implica asumir que ciertos sectores tienen derecho a degradar bienes naturales estratégicos mientras los costos ecológicos se distribuyen entre toda la sociedad y las generaciones futuras.
