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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa caída del régimen de Nicolás Maduro marca un punto de inflexión para Venezuela y para toda América Latina. No se trata de un hecho aislado ni repentino, sino del desenlace —tardío y doloroso— de una dictadura que durante más de una década se sostuvo mediante el fraude electoral, la represión sistemática, la persecución política y el desconocimiento deliberado de la soberanía popular. Que hoy el pueblo venezolano celebre el fin de ese ciclo oscuro es una buena noticia. Que muchos intenten reescribir su propio rol frente a ese proceso es, cuanto menos, preocupante.
Durante años, Venezuela padeció el quiebre del orden democrático. Hubo presos políticos, exiliados, elecciones robadas, instituciones vaciadas de contenido y un Estado convertido en una maquinaria de miedo. Nada de esto fue oculto ni discutible. Sin embargo, frente a esa realidad, la región —y Uruguay en particular— no reaccionó de forma homogénea. Hubo quienes denunciaron con claridad a la dictadura y hubo quienes optaron por la ambigüedad, el silencio selectivo o la relativización permanente.
En nuestro país, esa diferencia política fue nítida. Mientras algunos sostuvimos una condena firme y constante al régimen chavista, el Frente Amplio, con contadas excepciones, eligió durante demasiado tiempo minimizar lo ocurrido en Venezuela. Se negó a llamar dictadura a lo que lo era, relativizó fraudes evidentes, deslegitimó a la oposición democrática venezolana y amparó su inacción en un discurso de supuestos “principios” que, en la práctica, terminaron beneficiando al régimen.
Hoy, cuando Maduro ha caído, esos mismos sectores se apresuran a invocar el derecho internacional, como si ese derecho no hubiese sido vulnerado sistemáticamente durante años por el propio gobierno venezolano. Conviene decirlo con claridad: la soberanía popular no se viola únicamente con una intervención militar externa. Se viola, antes y sobre todo, cuando se roban elecciones, cuando se proscriben candidatos, cuando se gobierna sin legitimidad y cuando se somete a un pueblo entero al miedo y la miseria. Venezuela, además, impugnó y rechazó durante años los propios instrumentos internacionales de derechos humanos que hoy algunos pretenden invocar en su defensa. No se pueden reclamar derechos que se han desconocido deliberadamente.
La tradición democrática uruguaya ha sido clara en este punto. Durante nuestra propia dictadura, la defensa de los derechos humanos fue entendida como un principio superior a la no intervención. Se reclamó la acción de los organismos internacionales, se celebró que los responsables de crímenes respondieran ante la Justicia, y se sostuvo que frente a las dictaduras no rige la neutralidad. Esa posición no fue oportunista ni ideológica: fue ética. Pretender hoy lo contrario es falsear la historia.
La intervención militar no es deseable ni celebrable. Es una tragedia, y como tal debe ser asumida. Pero también es consecuencia directa de una larga cadena de fracasos: diálogos estériles, mediaciones funcionales al poder y exhortaciones a la paciencia dirigidas siempre a las víctimas, nunca a los victimarios. Durante años se pidió al pueblo venezolano que no se “pusiera delante de las tanquetas”, mientras se lo dejaba completamente solo frente a ellas. La inacción, aunque se disfrace de prudencia o legalismo, también tiene costos humanos.
Hoy se abre una oportunidad real para Venezuela. Esa oportunidad pasa por una transición democrática efectiva, lo más breve y pacífica posible, con instituciones legítimas y con el pleno reconocimiento del mandato popular expresado en las urnas. Edmundo González Urrutia, presidente electo, y María Corina Machado representan esa voluntad soberana que fue negada por la dictadura y relativizada por muchos fuera de Venezuela. Cualquier salida que no parta de allí será apenas una nueva frustración.
La experiencia venezolana deja una enseñanza política que Uruguay no debería ignorar: frente a una dictadura no hay lugar para la ambigüedad ni para los silencios convenientes. Cuando se relativiza el autoritarismo, cuando se justifica el fraude o cuando se invoca la no intervención para eludir una condena clara, se asume una responsabilidad política que no desaparece con el paso del tiempo. Decirlo hoy no es revancha ni oportunismo: es una obligación con la verdad, con la memoria y con la coherencia democrática que muchos prefirieron abandonar.
Matías Guillama Vidal