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La “extracción” de Nicolás Maduro de Venezuela por fuerzas de Estados Unidos, presentada como operación de captura y acompañada por declaraciones de Donald Trump afirmando que ahora Washington “gobernará” el país, no es un detalle táctico ni una excentricidad retórica. Es un parteaguas jurídico y simbólico. No porque Maduro merezca indulgencia, sino porque la forma importa. En un sistema democrático, el medio no es un trámite: es el mensaje y, sobre todo, el precedente.
Las afirmaciones de Trump sobre una administración estadounidense de Venezuela no se explican sin algún grado de coerción o extorsión implícita. No existe un marco legal internacional creíble que habilite a un Estado a “hacerse cargo” de otro tras una operación militar, y menos aún sin mandato del Consejo de Seguridad ni acuerdo multilateral. Pero además, esas declaraciones resultan inverosímiles si se toma en serio la realidad venezolana: el chavismo no es solo Maduro. Es una red densa de poder político, militar, económico y territorial que ha sobrevivido a sanciones, fracturas internas y aislamiento internacional. Pensar que la caída de una figura equivale al control efectivo del país es desconocer deliberadamente esa complejidad.
Como ha señalado José Natanson, director de Le Monde Diplomatique edición Cono Sur, el chavismo no puede entenderse como un simple personalismo autoritario, sino como un sistema híbrido, degradado, pero estructuralmente resiliente. La ilusión de una “solución quirúrgica” desde el exterior suele decir más sobre las fantasías geopolíticas de quienes la formulan que sobre la realidad política venezolana.
Nada de esto relativiza el deterioro democrático del chavismo. Ese deterioro es real, profundo y acumulativo. Pero precisamente por eso, permitir una captura transfronteriza y una posterior pretensión de gobierno extranjero normaliza la excepción como método. Aun cuando se la vista de “aplicación de la ley” por la existencia de causas penales en Estados Unidos, la mezcla de argumentos es jurídicamente incoherente: arresto penal, acción militar y, al mismo tiempo, administración política de un Estado soberano.
El dato político más revelador es otro: cuando una misma acción es criticada desde Marine Le Pen hasta Lula da Silva, desde tradiciones ideológicas opuestas y con intereses geopolíticos divergentes, probablemente haya algo estructuralmente mal planteado. No es una objeción partidaria: es una alarma sistémica. Señala que se ha cruzado una línea que incomoda incluso a quienes no comparten diagnóstico ni valores entre sí.
Si entramos en el “vale todo”, perdemos toda capacidad normativa. Mañana, cuando Putin secuestre a Zelenski en nombre de la “estabilidad regional”, cuando China decida que Taiwán requiere una “administración transitoria”, o cuando resurja, una vez más, el viejo cuco —o no tan cuco— latinoamericano de que “nos van a invadir por el agua”, no vamos a poder decir nada. Porque ya habremos aceptado que la fuerza sustituya al derecho siempre que el objetivo nos resulte antipático.
A muchos (diría que a casi nadie) no les molesta el autoritarismo. Les molesta el autoritarismo según quien lo ejerza. Pero una democracia que solo defiende las reglas cuando le conviene deja de defenderlas. Y cuando se rompen las reglas para castigar a quien las rompió, lo que queda no es justicia: es poder desnudo, con efectos que siempre terminan volviendo.
Se mantiene vigente, entonces, la tan criticada premisa de Mujica: que lo político puede imponerse sobre lo jurídico. Si la política habilita este tipo de acciones, lo jurídico ya ha sido ampliamente superado. Invadir es política; resistir, también.
