Carta abierta al Sr. ministro de Economía
Le habla el Cr. Gustavo Álvarez, generación 1967 y aportante activo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. He participado y participo en diferentes ámbitos que trabajan por una solución integral para la situación de crisis que atraviesa nuestra caja; actualmente, participo del colectivo cincuentones afectados por la transición acelerada.
En el día de hoy, 16 de junio de 2025, hemos asistido nuevamente a declaraciones de prensa manifestadas por su persona intentando instalar una dicotomía entre el colectivo profesional y la sociedad en su conjunto, cito textual: “No hay ninguna justificación para que un ciudadano que no tiene nada que ver con la vida profesional pague las jubilaciones de las personas que no son profesionales”.
Debemos decirle, con el respeto que nos provoca su investidura, pero en forma firme y clara, que esto es una falsa dicotomía, que desconocemos qué fines oscuros persigue, por cuanto y en tanto desde el colectivo profesional nunca se ha pretendido, ni se pretende, que la sociedad se haga cargo de nuestra caja, sino que, por el contrario, se han planteado soluciones que no implican transferencias de fondos desde la sociedad ni afectan la situación actual de activos ni pasivos ni impone ningún tipo de transición acelerada a personas que ya tienen sus derechos adquiridos o están en vías de adquirirlos.
El ministro, y la sociedad toda, debe saber que lo que en realidad ha estado ocurriendo desde hace 20 años a esta parte es una gigantesca transferencia de recursos desde el colectivo profesional hacia la sociedad a través de nuestra caja y por la vía de la gran afectación que se ha provocado en las dos fuentes de financiamiento genuina con la cual contamos: aporte de los usuarios de nuestros servicios, materializado en los timbres profesionales, y el aporte de los activos profesionales universitarios, que, tal como establece el artículo 50 de nuestra Ley Orgánica 17.738 , deben afiliarse obligatoriamente y permanecer durante toda su vida activa, estén o no en actividad.
Esto quiere decir que nuestra caja, en sus más de 70 años de vida, nunca recibió financiación del Estado como sí la recibieron los demás subsistemas, empezando por el general, representado por el BPS, que absorbe siete puntos de la recaudación del IVA, por lo cual cada vez que una persona hace sus compras diarias en el almacén del barrio está aportando para la seguridad social de todos, incluidos los profesionales, por supuesto.
Pero, además de no recibir nunca fondos del Estado, hemos padecido, en estas últimas décadas, la perforación grave de nuestras dos únicas fuentes de financiación. Por un lado, la recaudación proveniente de los timbres ha sido afectada por intermedio de no habilitar su actualización por índice medio de salarios al igual del ajuste que sufren las jubilaciones y pensiones que debe servir la caja por imperio de la reforma de la Constitución aprobada por voto popular en 1990. Este desfasaje en los índices de actualización ha significado una enorme transferencia de recursos desde el colectivo profesional hacia la sociedad en su conjunto.
Por otro lado, y por aplicación del artículo 105 de la Ley 18.083, Ley de Reforma Tributaria, se ha impulsado que los profesionales universitarios que ejercen su actividad como dependientes aporten al sistema general amparado por el BPS, en clara contradicción al espíritu forjado por nuestros fundadores de 1954 y al mencionado artículo 50 de nuestra Ley Orgánica.
Esta norma, aprobada en 2007, combinada con los cambios que ha experimentado el mercado laboral, ha sido letal para nuestra caja, llevando a la situación actual en la que, de los 180.000 afiliados activos, apenas un poco más 60.000 realizan su aporte, y son más de 110.000 los que no realizan aportes.
La crisis de la caja es de naturaleza económica y multicausal como todas las crisis; no obstante, es indiscutible que las dos mencionadas anteriormente están en la raíz del problema, tan indiscutible como la responsabilidad ineludible que le cabe al Estado y a los diferentes gobiernos por acción o inacción, y, dentro de ellos, la mayor parte la lleva el partido que hoy comanda nuestros destinos por una simple razón de años en el poder durante el nacimiento y desarrollo de esta crisis.
Que quede claro, entonces, que no estamos pidiendo que la sociedad se haga cargo de nuestra situación, sino que el gobierno nos devuelva nuestras fuentes genuinas de financiamiento, ni más ni menos.
Como toda crisis económica no resuelta a tiempo, la situación de la caja ha derivado últimamente en una crisis de confianza, la cual provoca y provocará que toda medida de imposición económica que se les pretenda imponer a los directamente afectados, léase activos, pasivos y cincuentones, lejos de producir una mejora económica derivará en una baja significativa de la recaudación, debido a que la única decisión racional esperable de estos es salir del sistema.
Las crisis de confianza, como usted sabe, Sr. ministro, se solucionan aportando recursos suficientes en el corto plazo hasta restituirla. Nadie sabe, hoy día, cuántos recursos demandará, no obstante, no tenga ninguna duda de que será más barato que costear las consecuencias de este nefasto proyecto de ley que está impulsando el gobierno, dado que es bien sabido que la garantía última del sistema es el artículo 67 de la Constitución.
Todo lo que pretenda ahorrar ahora, tenga seguro que lo deberá desenvolver más adelante.
Por último, permítame decirle, una vez más, que los profesionales universitarios nunca fuimos, ni somos ni pretendemos ser una carga para la sociedad, muy por el contrario, somos y seremos siempre agentes de cambio, progreso y prosperidad.
Le saludo atentamente.
Cr. Gustavo Álvarez Costábile
