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La consolidación fiscal es un proceso destinado a reducir el déficit público y garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. Su propósito fundamental es estabilizar la economía y fortalecer la confianza en los mercados financieros. Sin embargo, en la práctica, suele traducirse en medidas impositivas y de austeridad que afectan directamente a la población, en especial a la clase media, verdadero pilar del equilibrio político y social.
El futuro ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ha manifestado la necesidad de llevar adelante una consolidación fiscal. No obstante, el compromiso del presidente electo, Yamandú Orsi, de no aumentar impuestos plantea un desafío clave: ¿de qué manera se logrará este ajuste sin incrementar la presión tributaria? Entre las herramientas que pueden utilizarse en este proceso se encuentran la reducción del gasto público, la mejora en la eficiencia del Estado, la eliminación de exoneraciones fiscales injustificadas, la lucha contra la evasión y el fomento del crecimiento económico a través de incentivos a la inversión y la producción. Sin embargo, la experiencia demuestra que la carga de estos ajustes rara vez se distribuye de manera equitativa. Mientras los sectores más vulnerables ya no tienen margen para absorber recortes y los grandes capitales encuentran mecanismos para eludir su contribución, la clase media suele ser la más afectada.
Desde la antigüedad, Aristóteles, en su obra Política, advirtió que una sociedad sana y estable necesita una clase media fuerte, capaz de equilibrar las tensiones entre la riqueza y la pobreza. Para el filósofo griego, la prosperidad de un país depende en gran medida de la existencia de un sector intermedio que evite la polarización extrema entre ricos y pobres, ya que una distribución desigual del poder económico provoca conflictos sociales y debilita la democracia. Cuando los sectores de ingresos medios se deterioran y pierden fuerza, el país se encamina hacia la inestabilidad política y el estancamiento económico. Una consolidación fiscal mal ejecutada puede acelerar este proceso, causando una contracción del consumo, menor inversión y una desaceleración del crecimiento económico.
Para que el ajuste sea efectivo y justo, el gobierno debe priorizar la eficiencia del gasto público, eliminando privilegios injustificados, optimizando la administración estatal y promoviendo el desarrollo económico. Si la consolidación fiscal se limita a recortar el gasto social o aumentar la carga sobre quienes ya contribuyen desproporcionadamente, el resultado será injusto y contraproducente. Además, la ciudadanía debe permanecer alerta para que la promesa de no aumentar impuestos no se transforme en recortes que, de manera indirecta, afecten su calidad de vida. La consolidación fiscal no debe ser sinónimo de debilitamiento de la clase media, sino una estrategia para fortalecer la economía de manera equitativa, asegurando que el progreso se refleje en la vida cotidiana de todos los ciudadanos.
El debate sobre el déficit fiscal y la creación de nuevos ministerios y direcciones ha generado incertidumbre sobre la posibilidad de nuevas cargas tributarias. La historia reciente muestra una tendencia de los gobiernos del Frente Amplio a aumentar el gasto público y recurrir a subas de impuestos para financiarlo. Un ejemplo de ello fue la implementación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, cuya recaudación terminó siendo tres veces mayor a la estimada originalmente. Lo que en un principio se presentó como un tributo dirigido a los ingresos más altos terminó afectando a una amplia mayoría de la población, incluyendo a trabajadores con ingresos relativamente modestos. Si esta situación se repite, el presidente electo enfrentará un dilema crucial: cumplir con su compromiso de no subir impuestos o ceder ante la presión política y económica para hacerlo. De romperse esta promesa, el costo político será inevitable y quedará sujeto a la evaluación de la ciudadanía.
Las promesas realizadas por un candidato a la presidencia de la República no solo constituyen un compromiso con el electorado, sino que también reflejan su concepción de la ética política. Un liderazgo basado en la integridad exige que las propuestas formuladas durante la campaña sean realistas, alcanzables y fundamentadas en principios de transparencia y responsabilidad. Cuando un candidato recurre a promesas demagógicas o irrealizables con el único propósito de captar votos, se vulnera la confianza pública y se debilita la legitimidad democrática. En este sentido, la responsabilidad gubernamental no solo demanda coherencia entre el discurso y la acción, sino también el cumplimiento de los compromisos adquiridos, pues solo así se fortalece la credibilidad institucional y el respeto a la voluntad popular.
Considerando la reciente presupuestación de aproximadamente ochocientos funcionarios por parte de ASSE, sería conveniente definir y aplicar criterios claros para estos procesos. Asimismo, resultaría beneficioso establecer acuerdos entre las administraciones saliente y entrante a fin de coordinar decisiones con implicaciones financieras significativas, garantizando así una transición más ordenada y consensuada. Además, sería fundamental fortalecer el rol de los organismos de contralor y del Poder Legislativo en la supervisión y, en su caso, regulación de este tipo de decisiones durante los períodos de transición gubernamental. La implementación de estas medidas contribuiría a una gestión pública más transparente y responsable, evitando cargas financieras inesperadas para las administraciones entrantes y fortaleciendo la confianza en las instituciones.
Si el objetivo del nuevo gobierno es evitar la duplicación de funciones y el aumento innecesario del gasto público, es fundamental considerar las siguientes estrategias: realizar una auditoría y revisión estructural antes de crear nuevas dependencias; optar por la fusión y reestructuración en lugar de la creación de nuevos organismos (por ejemplo, en lugar de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se podría fortalecer la actual Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República); reasignar recursos humanos antes de contratar nuevo personal; reducir cargos políticos y eventuales; evaluar el impacto presupuestal antes de anunciar cambios; fomentar la digitalización y automatización de procesos administrativos, y establecer indicadores de desempeño y resultados para las nuevas entidades.
En definitiva, el nuevo presidente debería enfocarse en mejorar la eficiencia del aparato estatal antes de expandirlo innecesariamente. La clave está en la racionalización de recursos, no en su multiplicación.
