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En Uruguay, quien denuncia un delito no abre una causa: entra en una fila. Desde 2017, la Fiscalía tiene un monopolio casi total de la acción penal. En teoría eso garantiza una investigación profesional. En la práctica, para el particular que denuncia, suele significar meses de silencio, un expediente que va de oficina en oficina y nadie que se haga cargo.
El primer contacto, la seccional policial, suele ser el primer fracaso. Las denuncias se toman de forma incompleta, los hechos se resumen sin sentido jurídico y los documentos de la víctima no se agregan. A veces ni siquiera se ingresan. No es mala fe, sino falta de formación, de personal y de protocolos. Pero una denuncia mal tomada es la base sobre la que se construye todo lo demás.Luego la denuncia espera que la DPA, la unidad que reparte las denuncias, le asigne una fiscalía. Las semanas se vuelven meses, y en ese tiempo nadie es responsable de la investigación. Mientras tanto se borran registros telefónicos y cámaras, los testigos olvidan y los bienes se mueven. La demora en asignar es prueba que se pierde todos los días.
Hay un momento que roza el absurdo. Una fiscalía de flagrancia toma medidas urgentes sobre una denuncia, pero cuando la víctima pregunta quién lleva el caso, le contestan que “no fue asignado”. La fiscalía que actuó no es responsable y la que debería serlo todavía no existe. Cuesta no pensar que así se evita sumar causas a fiscalías ya desbordadas. A eso se agrega que las denuncias de particulares, sobre todo por delitos económicos, rara vez reciben prioridad. Las medidas concretas y ágiles son la excepción, y muchas veces la víctima queda totalmente desamparada.República Ganadera es el ejemplo más elocuente. Unos 1.450 inversores confiaron en ese fondo, que reconoció un pasivo de unos 90 a 95 millones de dólares. Desde fines de 2024, la causa pasó por Flagrancia, Delitos Económicos y Lavado de Activos, y volvió a Delitos Económicos tras un recurso que resolvió el MEC. En agosto de 2026, los damnificados contaban 617 días sin formalizados, sin bienes ubicados y sin fiscal titular. En el mismo período, Conexión Ganadera, un fraude contemporáneo y de idéntica naturaleza, ya tenía imputados. Mientras tanto, la Justicia civil condenó en primera instancia al Banco Central y al Ministerio de Ganadería por falta de servicio en el control del fondo. Si el Estado responde por no controlar, cabe preguntarse si no debe responder también por no investigar.
Todo esto dibuja el marco perfecto para la querella de parte. En muchos sistemas de la región y de Europa, la víctima puede acusar junto con el fiscal o en lugar de uno inactivo. En Uruguay puede pedir, insistir y recurrir un archivo, pero no impulsar la causa: si el fiscal no actúa, nadie actúa. Sin embargo, la querella no figura en la agenda del gobierno ni en los proyectos a estudio del Parlamento. No es difícil ver por qué: quitaría a una sola institución el control de la persecución penal, expondría sus demoras y daría a las víctimas una voz que no pide permiso.
La Fiscalía necesita más recursos, sin duda. Pero la pregunta es otra: ¿deben las víctimas seguir esperando a una institución que tiene la única llave y que demasiadas veces deja la puerta cerrada? Creo que no.
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