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La Constitución dispone que al fiscal de Corte lo designa el presidente de la República, en acuerdo con el ministro, debiendo contar para ello con la venia del Senado, otorgada por tres quintos de votos del total de sus componentes. Actualmente, ningún partido político alcanza ese cuórum. El último fiscal de Corte designado de conformidad con esta norma fue el Dr. Jorge Díaz, en abril de 2012. Después de su renuncia, en octubre de 2021, el cargo ha sido ocupado por fiscales subrogantes.
Es en tal calidad que ejerce esa función la Dra. Mónica Ferrero, quien recientemente ha sido objeto de un atentado en su domicilio. Su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto del Senado constituyó una peculiar situación de la que da cuenta Búsqueda en la página 11 de su número 2353. Allí se establece que el acto estuvo marcado por el atentado que sufrió en su casa, lo que definió como un hecho histórico para el país, contra una funcionaria publica que “lucha contra el crimen organizado” desde 2004.
Ha sido unánime la respuesta expresada por relevantes personalidades e instituciones, tanto públicos como privados, en apoyo a la víctima de este atentado.
Según el referido artículo, en filas oficialistas se considera necesario designar a un fiscal de Corte titular. No obstante, considerarían que hacerlo ahora “puede ser visto como una señal negativa y de falta de respaldo”. Asimismo, se consigna que fuentes de Presidencia señalaron al semanario que esa designación “es difícil que suceda este año”. Por otra parte, se indica que “las declaraciones públicas de los senadores opositores fueron de respaldo absoluto” a la Dra. Ferrero.
Es legítima la posición de cada partido político sobre quién y cuándo debería ocupar ese cargo de tanta responsabilidad. No obstante, es indudable que, para enfrentar la amenaza y acción del crimen organizado y el narcotráfico, no basta con los recursos financieros que Ferrero solicitó que se incluyeran en la Ley de Presupuesto ni con las declaraciones de apoyo formuladas. La situación ha alcanzado tal gravedad que no puede dejar de considerarse la importancia que tienen, a veces determinante, los valores morales en todo enfrentamiento.
Dentro de este marco, el atentado es prueba bastante de que esta fiscal constituye un obstáculo para la delincuencia. Si la máxima autoridad del ministerio Público y Fiscal recibiera la legitimación de la voluntad de dos poderes del Estado, sin duda que sentiría un respaldo institucional que determinaría su mayor empeño y celo en el cumplimiento de su función.
La designación, con venia del Senado, de una fiscal que desde hace 21 años enfrenta al crimen organizado sería una decisión política que no solo haría justicia a una irreprochable gestión, sino también una forma de enviar un claro mensaje a quienes atentaron contra ella.
Hay momentos en los cuales resulta más redituable atender las necesidades de seguridad de todos que considerar el posible beneficio de una de las partes.
