La gobernanza de las empresas públicas

La semana anterior, Búsqueda editorializó sobre la gobernanza de las empresas públicas.

Estudios y propuestas. Tenemos conocimiento que la academia se ha ocupado del tema con estudios y propuestas, de los cuales hemos conocido algunos. Ignacio Munyo, Pablo Regent y Carlos Delpiazzo analizaron el desempeño de Ancap, UTE y Antel y realizaron 15 recomendaciones, para una buena práctica en el gobierno de todas las empresas públicas (Empresas del Estado y eficiencia: La relevancia del ejercicio de la propiedad, 2015 [en línea]).

Entre esas recomendaciones una relevante es la necesaria separación, que debe existir, entre quien ejerce los derechos de propiedad de las empresas y de quien las gestiona. Requiere que sean titulares distintos. Citan una experiencia en la que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que no es un órgano de gestión empresarial, como lo son los directorios de las empresas, actuó como representante del propietario de estas, que es toda la población. Eso se hizo en la primera presidencia del Dr. Vázquez (2005-2010), mediante una tarea de coordinación y reuniones periódicas con los presidentes de las empresas estatales, y hubo una performance superior a la de la presidencia siguiente de José Mujica (2010-2015), en que no se coordinó, a pesar de contar con una situación económica general similar en ambos períodos.

Otro estudio muy interesante es del Mag. Alejandro Guedes sobre las sociedades anónimas (SA) de capital estatal (Hijas y nietas: sociedades sociedades comerciales de capital estatal y control político, 2020 [en línea]). Son más de 60 empresas, la mayoría creadas por EA y SD que se manejan por el derecho privado. Muchas de ellas administran cuantiosos patrimonios. Según este estudio, habitan en una especie de limbo, pues hay dificultades para su control por el derecho público y por el derecho privado. Permiten a los EA y SD realizar negocios que por el derecho público les sería muy difícil o imposible realizar. Y todo lo que hacen no tiene control alguno, ni siquiera el formal del Tribunal de Cuentas.

Las precitadas recomendaciones de Munyo, Regent y Delpiazzo, para la buena gobernanza de las empresas, fueron recogidas en los arts. 276 a 285 de la LUC, Ley 19.889, promulgada el 14 de julio de 2021, pero, según información oficial de mayo de 2024 recibida por el suscrito, nunca se reglamentó y, por tanto, no se aplicó ni se aplica. Por ahora no pasó de ser una buena intención. Letra muerta.

Pequeñez de la economía uruguaya. Dada la pequeñez de nuestra economía, el accionar del Estado para su impulso es relevante. En tal sentido, las empresas públicas son un instrumento clave. Hay actividades que solo se pueden realizar si la empresa integra la estructura estatal o tiene su respaldo, por cuanto el sector privado uruguayo, históricamente, salvo excepciones, no se ha mostrado capaz, por sí solo, de animar empresas industriales y comerciales que se sostengan en el tiempo y puedan competir exitosamente en el mercado exterior, en algunos de los rubros más grandes de la economía nacional. Hay rubros en los que el sector privado fue capaz de generar cuantiosas producciones de bienes primarios, pero no tuvo capacidad para industrializarlos y comercializarlos a nivel internacional, que es donde se juega el principal “partido” y se generan las mayores rentabilidades. Ejemplos de eso han sido, para la carne, la Liebig’s y su sucesor el Anglo en Fray Bentos y casi todos los frigoríficos en manos de extranjeros. Y, más recientemente, las tres pasteras, para la producción forestal. La excepción ha sido la leche con Conaprole, que surgió con apuntalamiento estatal.

El ahorro nacional. Otro aspecto relevante de las empresas públicas sería el aprovechamiento del ahorro nacional, hoy desperdiciado. Para la rentabilidad de sus ahorros en el país, los uruguayos tienen solo dos opciones: inmuebles y deuda del gobierno. Ello se visualiza en las excesivas construcciones de edificios que no tienen ni tendrán ocupantes y las estafas como las de Conexión Ganadera y similares. Si las empresas públicas desarrollaran proyectos, podrían llevarlos a la práctica, captando esos ahorros, y los uruguayos tendrían un lugar seguro donde volcarlos y obtener una renta razonable. A la vez crecería la economía nacional. UTE tiempo atrás usó este esquema en la construcción de un parque eólico, y tuvo buen resultado.

La tarea concreta de hoy. Pero para que las empresas públicas desarrollen todas sus potencialidades y sean un puntal para el crecimiento de la economía nacional, el requisito básico es que sean bien gobernadas. Y al respecto hay, hoy en día, una tarea muy concreta que es reglamentar los arts. 276 a 285 de la Ley 19.889 y poner en práctica esas directivas. Las empresas públicas cumplirían mejor los fines para lo que fueron creadas y podrían ampliar su accionar a estas nuevas propuestas que se plantean. Todo en bien del país y, en particular, de su crecimiento económico.

Por último, mis felicitaciones a Búsqueda por haber puesto a la consideración pública un tema tan relevante.

Carlos Texeira Varesi

Abogado jubilado