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La nota de Santiago Sánchez en la última edición de Búsqueda sobre la propuesta tributaria del Frente Amplio no debería pasar desapercibida. Invita, más bien, a una reflexión necesaria y oportuna.
La idea de revisar el IRAE, el Imesi y el Impuesto al Patrimonio, sumando además la posibilidad de incorporar o ajustar un impuesto a las herencias, puede resultar atendible en el plano discursivo, en tanto busca reforzar la “progresividad”. El problema es que, hasta ahora, lo que hay son lineamientos generales. No se conocen instrumentos concretos, ni magnitudes, ni evaluaciones de impacto. Y ahí es donde empiezan las dudas.
En el fondo, el enfoque parece invertido. Se parte de una conclusión —que ciertos sectores deben contribuir más— y luego se buscan las herramientas para sostenerla. En política tributaria, debería ser al revés: primero se analizan los efectos y después se decide.
Además, ninguno de estos impuestos actúa en el vacío. Cambiar el IRAE incide en la rentabilidad y la inversión; ajustar el Imesi repercute en precios y consumo; revisar el IRPF —que no aparece como eje, pero nunca está completamente fuera de la discusión cuando se habla de “progresividad”— impacta en los incentivos al trabajo, al ahorro y a la formalización. Y gravar el patrimonio o las herencias influye en decisiones de ahorro, localización de capital y continuidad de empresas. Nada de esto es teórico. Está ampliamente estudiado.
Sin embargo, en lo planteado hasta ahora no aparecen estimaciones, escenarios ni análisis de comportamiento. Se discute como si la economía no reaccionara. Y la economía siempre reacciona.
Algo similar ocurre con la idea de un IVA personalizado, que tampoco está en la propuesta, pero reaparece periódicamente. Si bien puede resultar atractivo desde el punto de vista de la equidad, su implementación exigiría un nivel significativo de recopilación y seguimiento de consumos individuales, con reparos atendibles en materia de privacidad, además de una complejidad operativa relevante. No es evidente que sus beneficios superen esos costos.
En la misma línea, un eventual impuesto a las herencias no es inocuo. Más allá de su objetivo redistributivo, puede desalentar el ahorro, complicar la continuidad de empresas familiares y fomentar la salida de capitales. A esto se suma su complejidad administrativa y una recaudación que, en la práctica, suele ser limitada.
La insistencia en el impuesto al patrimonio va en dirección similar. Es un tributo que en varios países ha mostrado problemas de eficiencia, baja recaudación y efectos no deseados sobre la localización de capitales. Mantenerlo o reforzarlo sin hacerse cargo de esa evidencia difícilmente pueda considerarse una decisión técnica.
Pero hay, además, un aspecto de fondo que conviene no perder de vista. Los sectores sobre los que se busca aumentar la carga tributaria no son entes abstractos, son, en gran medida, quienes invierten, generan empleo y asumen riesgos. Si se los afecta sin medir bien las consecuencias, el resultado puede ser el contrario al buscado: achicar la base sobre la que se pretende redistribuir.
A esto se suma un elemento no menor en términos de credibilidad. Durante la pasada campaña electoral, el presidente Yamandú Orsi planteó que no se crearían nuevos impuestos ni se aumentarían los existentes. En ese contexto, la sola discusión en ese sentido introduce una tensión evidente y no contribuye a la previsibilidad.
En términos simples, no se puede repartir mejor si antes se debilita la capacidad de generar riqueza.
Por eso, más que ante una reforma tributaria propiamente dicha, lo que hoy hay es una discusión aún en el plano de las intenciones, con una orientación ideológica clara, pero sin el respaldo empírico necesario. Falta lo básico: números, estimaciones y una mirada integral.
Finalmente, aunque el discurso apunte a “los que más tienen”, la cuenta suele terminar cayendo sobre las pymes. IRAE, Imesi, Patrimonio y hasta herencias se filtran en más costos, menos inversión y menor actividad. Eso no es progresividad, es más carga disfrazada de progresividad y una economía más chica.
