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La propuesta de Julio María Sanguinetti de eliminar las elecciones internas y avanzar hacia un bloque único con el Partido Nacional se presenta como una respuesta a una “fatiga cívica” de la ciudadanía. Ese es el envoltorio. Pero el contenido real es otro: una reconfiguración profunda del sistema político que reduce la participación ciudadana y traslada decisiones a acuerdos cupulares, bajo el argumento de una fatiga que, en rigor, no resiste análisis.
Las internas uruguayas (voluntarias, abiertas y sin obligación de concurrir) son, justamente por eso, el mejor indicador de cultura democrática de un país. La ciudadanía no está obligada a participar, participa porque quiere. Llamar “fatiga cívica” al único proceso electoral donde la gente concurre por voluntad propia es, como mínimo, una lectura incompleta del fenómeno. Y en el peor de los casos, un modo sutil de justificar un recorte democrático, más aún, considerando que casi 977.000 personas sufragaron de forma voluntaria la pasada elección interna.
Además, la explicación de la “fatiga cívica” o hartazgo encubre un elemento material que rara vez se menciona: las internas no generan los mismos reintegros económicos que las elecciones de octubre. Para algunos sectores políticos, suprimirlas implica también reducir costos y concentrar recursos de los actores políticos en un solo ciclo electoral. Es una ecuación de poder y dinero presentada como eficiencia administrativa.
Por eso, cuando se analiza la iniciativa en profundidad, aparece con claridad que no se trata de una reforma técnica ni de simplificar el calendario. Se trata de acumular más poder en menos manos, en detrimento del único momento en el que la ciudadanía influye antes de que las listas estén impresas.
El impacto sería negativo para todos los partidos.
En el Partido Colorado, las internas son históricamente el mecanismo que permitió la emergencia de liderazgos nuevos y la recomposición del partido en momentos críticos. Sin primarias, la colectividad queda subordinada a la correlación de fuerzas dentro de un bloque mayor, perdiendo autonomía e identidad.
En el Partido Nacional, la eliminación de la competencia interna no aporta orden, sino tensiones: dos estructuras fuertes compartiendo un mismo envase sin un mecanismo formal para procesar diferencias. El equilibrio se vuelve más precario, no más estable.
Para el Frente Amplio, un bloque único enfrente alimenta la polarización y limita la captación de sectores moderados, uno de sus activos históricos. La cancha se vuelve binaria y menos apta para la integración.
Pero el mayor impacto no es partidario, sino ciudadano. Sin internas, las candidaturas ya no surgen del voto, sino de la negociación. Se elimina el último espacio donde el votante incide en la etapa formativa del sistema político. Lo que queda es simplemente convalidar lo acordado por arriba.
La evidencia internacional es consistente:
En México, la ausencia de primarias reales dentro del PRI consolidó un sistema cupular que terminó erosionando legitimidad y provocando una ruptura con la sociedad.
En Nigeria, la falta de procesos internos regulados produjo la figura de los “padrinos políticos”, que definen candidaturas según lealtades y favores.
En Chile, cuando parte de la derecha decidió evitar las primarias legales en 2025, terminó con liderazgos debilitados frente a una izquierda fortalecida por la competencia interna.
El patrón es claro: cuando se debilita la democracia interna, se debilita la democracia en general. Por eso, esta discusión no es de logística ni de costos. Es una discusión sobre quién decide y cómo se decide en la vida política del país. Las internas pueden requerir ajustes, financiamiento más transparente o un rediseño de su funcionamiento, pero eliminarlas es algo distinto: es renunciar al único mecanismo en el que el ciudadano participa antes de que las listas existan.
Cuando un país renuncia a ese espacio, no importa quién gane después: lo que pierde es el sistema político, y lo que termina perdiendo, siempre, es la gente.
