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Es un tema que parece no dejar indiferente a nadie. Ya sea por compasión como por desagrado no hay un día que nos pase desapercibido. Los medios de comunicación le dedican más tiempo que a sus tandas publicitarias, y el gobierno informa e informa que está trabajando.
Pero me animo a decir que el sentimiento más profundo que nos acompaña en el día a día es la impotencia. Y con razón, porque ni en el discurso propio ni en el ajeno aparece algo que se asemeje a una solución real. Por mucho que se haga y se hable, el problema no deja de crecer.
Tampoco parecen tener solución las cárceles de adultos, cuya población no para de crecer.1 Ni las cárceles de menores que administra el Inisa,2 cuya población tampoco para de crecer. Ni el número de menores sin familia que atiende el INAU.3 Ni el porcentaje de adictos a sustancias sicoactivas que revelan las encuestas periódicas de la Junta Nacional de Drogas, tanto entre mayores de edad4 como entre menores.5
Pero cabe preguntarnos: ¿no vivimos en el Uruguay con el mayor PIB per cápita de la historia? ¿No hemos logrado una distribución del ingreso más equitativa? ¿No gozamos de una estabilidad social y política envidiable? ¿No se han incrementado en cada presupuesto los recursos para la educación, la salud, los cuidados, la seguridad? ¿No nos habremos dado cuenta de que la falta de familia es una causa significativa de la pobreza más pura y dura? ¿No será que se han hundido en ese mar de resultados adversos todos los sueños de la justicia social?
¿Y ahora qué? ¿Será que realmente no existe solución alguna para este notorio síntoma de una profunda disolución social?
Me animo a decir que tengo una respuesta, y me conformaría que, si usted ha llegado hasta aquí, también leyera el próximo párrafo.
Porque solo podríamos tener esperanza en una solución duradera si al menos trabajáramos en sus causas y no solo en atajar sus efectos, como la internación compulsiva, la mano dura contra el delito, la guerra contra el narcotráfico y demás.
Una explicación corta y simple de esas causas está en el título de este texto “homeless”, cuya traducción literal del inglés sería ‘los sin hogar’ y, más ajustada aún, ‘los sin familia’.
Muchos de los que están en situación de calle no tienen familia que responda por ellos y, si la tienen, esta está en buena medida destrozada por muchas razones, entre la que no suele faltar la insufrible experiencia de convivir con un adicto al colmo de tener que echarle de casa y prohibirle el retorno.
A la familia uruguaya no la acompañan unas buenas estadísticas: cada vez hay menos matrimonios, con un número de divorcios estable en valores absolutos, cada vez más parejas de hecho u hogares uniparentales, denuncias de violencia doméstica y la consecuente caída estrepitosa en la natalidad.
A la familia uruguaya no la acompaña tampoco una buena promoción, sino, por el contrario, la que proviene de una ideología omnipresente en los medios de comunicación que proclama el fin del matrimonio legal y la familia nuclear elogiando las múltiples ventajas que habría de tener cualquier otra forma de convivencia, incluso, ninguna (y que no falte una mascota).
A la familia uruguaya no la acompañan tampoco aquellos políticos que demuestran no agotar su imaginación a la hora de redactar leyes que –directa o indirectamente– dañan su estabilidad, aunque digan tener otras mejores intenciones: asimilación del concubinato al matrimonio; la despenalización del aborto; la promoción del matrimonio entre personas del mismo sexo; la legalización de la marihuana; la eutanasia, que debilita los deberes de cuidado y respeto intrafamiliares; la oferta gratuita de anticonceptivos de acción prolongada entre las adolescentes; vacuna del virus del papiloma humano como única prevención ante el cáncer de útero por el que muere una uruguaya cada dos días. Ni que hablar del tan difundido y no prohibido negocio de la pornografía, que suma más adictos que la marihuana.
¿En qué habrá quedado el mandato constitucional que define a la familia como la base de la sociedad y establece que el Estado debe velar por su estabilidad moral y material, garantizando su protección integral para la mejor formación de los hijos?6
La familia uruguaya se merece un cambio de mentalidad en la sociedad, y algunas decisiones para desandar. Que los resultados vendrán.
Francisco Rodríguez Folle
1. De 1.900 en 1990 a 16.500 en 2025.
2. El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) es un servicio descentralizado de Uruguay, creado a fines de 2015, encargado de ejecutar las medidas socioeducativas y de privación de libertad para adolescentes en conflicto con la ley penal.
3. La atención a menores por parte del INAU en Uruguay ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años, superando los 100.000 niños y adolescentes en diversas modalidades para 2025.
4. VIII Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población General realizada entre 2023 y 2024, y publicada en 2025.
5. X Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, publicada en setiembre de 2025 con datos de 2024.
