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    Los impuestos al transporte

    Sr. director:

    Me dirijo a usted para proponer un debate tan urgente como electoralmente inconveniente: la estructura fiscal que hoy grava los combustibles, la electricidad y los vehículos fue diseñada para un sistema de movilidad fósil, pero ya quedó desalineada con una matriz eléctrica mayoritariamente renovable. La electrificación del transporte urbano se acelera y, con ella, se erosiona en forma creciente la recaudación asociada al consumo de gasolinas y gasoil (US$ 600 millones anuales del Impuesto Específico Interno —Imesi— en riesgo y tributos conexos) y a la compra de vehículos a combustión. Con los precios y la carga fiscal de hoy, el auto eléctrico ya está en ventaja en coste total y solo resta vislumbrar con qué velocidad crece su participación en el parque automotor y se deterioran las cuentas públicas.

    Si no se actúa en el corto plazo, los costos de no hacerlo serán crecientes y pueden terminar frenando la propia transición energética u orientándola en forma desordenada. Postergar la reforma fiscal asociada no evita el problema: lo posterga y lo vuelve más caro.

    Una reforma inteligente debería sostener tres objetivos simultáneos: ambiental (internalizar emisiones y contaminantes), económico (bajar el costo total de opciones energéticas limpias) y fiscal (preservar ingresos sin castigar la electrificación residencial). Eso se puede realizar migrando gradualmente desde impuestos al producto (litro/cilindrada) hacia instrumentos por uso y desempeño (kilómetro, eficiencia y huella), evitando “tapar” la caída del Imesi, subiendo indiscriminadamente la electricidad residencial, lo que sería regresivo y desincentivaría la movilidad eléctrica, y rediseñando la tributación vehicular para premiar eficiencia y diferenciar transporte colectivo y flotas urbanas.

    Esta es una discusión políticamente difícil, pero ineludible: requiere coraje para reemplazar parches por reglas estables y anticiparse a un cambio tecnológico que ya está ocurriendo. Uruguay puede liderar la movilidad sostenible, pero necesita alinear su contrato fiscal con la nueva realidad.

    Un ciudadano preocupado