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El pasado domingo 23 de marzo, Montevideo Portal incluía en su portada el siguiente título: “‘Inexistencia de delito’ e ‘imperioso archivo’: Barrera reivindica inocencia de Carrera”. Como subtítulo agregaba: “El penalista y dirigente colorado presentó un escrito en el que argumentó a favor del exlegislador del MPP dentro de la causa en su contra”. Y como copete, el medio periodístico apuntaba: “Sin obstáculos”.
Esta nota se suma a la aparecida en El Observador el día anterior, titulado: “Caso Charles Carrera: presentan informes de Delpiazzo, Pezzutti y Korzeniak que afirman que no hubo dolo ni arbitrariedad”, y en la diaria el 20 de marzo: “Caso que involucra a Carrera y al Hospital Policial no implicó ‘daño patrimonial al Estado’, según informe de perito”.
La nota de Montevideo Portal refiere a un “informe técnico” elaborado por el Dr. Barrera a solicitud del abogado defensor de Carrera, que se suma a los de otros cinco (al menos) penalistas de renombre, y son destacados algunos argumentos que sugieren que la causa debería ser archivada por la fiscal actuante Silvia Porteiro.
No me corresponde ni estoy preparado para referirme a la cuestión jurídica de fondo involucrada en el caso. Sin embargo, me pareció válido compartir algunas reflexiones con mis colegas lectores de este semanario.
¿Alguien se preocupará u ocupará de la presión pública que se le está ejerciendo a la señora fiscal previo a que esta resuelva el caso? ¿Acaso la fiscal no representa al Estado y actúa en nombre de la sociedad (¿todos nosotros?) en los procesos judiciales con el rol de velar por la aplicación de la ley y la justicia? ¿Quién la defiende (“nos” defiende como sociedad) ante la presión pública a la que está siendo sometida?
¿Acaso la difusión de estas opiniones por parte de la defensa no está violando la obligación ética y profesional de los letrados actuantes de actuar con debida reserva y respetar el debido proceso judicial? ¿No prevé el artículo 124 del Código Penal uruguayo que los abogados no deben realizar actos que puedan entorpecer la justicia, ni divulgar públicamente aspectos del caso que puedan comprometer la imparcialidad del proceso?
No olvidemos que los abogados de referencia están actuando porque se los ha contratado y pagado para ello. En ese rol tienen la obligación de defender a su cliente, aunque tengan argumentos que en otras circunstancias lo condenarían.
¿Tienen asimismo un interés particular en difundir este asunto los medios que lo han hecho o es una verdadera “noticia” que todos los medios de difusión deberían comunicar a la población? Me cuesta apreciar cuál sería la noticia: ¿que un abogado defensor hace y presenta un informe?
Tengo la amarga sensación de que en algunos casos, como este, el Estado es una entelequia que no le interesa realmente a nadie. Nadie “gana” demasiado con que se haga justicia eventualmente condenando a Carrera (asumiendo que hubiera méritos para ello). Ciertamente no ganan los políticos por aquello de “hoy por ti mañana por mí” y, por esto, a esta altura, difícilmente pueda escucharse alguna voz autorizada opinando a favor de la culpabilidad de Carrera. Seguramente las haya, esas voces, pero no se escucharán. Ojalá la fiscal esté a la altura y no se deje presionar, es decir, que haga lo que tiene que hacer: impartir justicia.
Llaman la atención los recursos destinados a la defensa de Carrera. Por cierto, ningún ciudadano promedio dispondría de ellos. Entre otros, Carrera es un malla oro de la política. Difícilmente pueda sostenerse lo contrario cuando pudo pagar o hacer pagar los cuantiosos honorarios de tantos abogados de renombre como Carlos Delpiazzo, Gonzalo Fernández, José Korzeniak, Álvaro Richino, Miguel Pezzutti o Jorge Barrera.
Para terminar, ¿qué habrá querido decir el autor del editorial con lo de “sin obstáculos”?
Realmente no me doy cuenta en este momento, pero mi sensación es la del título de mi carta. Faltan controles y contrapesos al poder político que realmente funcionen. Faltan “obstáculos” al ejercicio indebido del poder político. Para esto, Sr. Director, se requiere que el “cuarto poder” funcione sanamente y no al servicio de los intereses particulares de turno como al parecer sucedió con los medios de difusión antes mencionados. ¿Lo hará?
