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En América Latina, es habitual equiparar crimen organizado con violencia. Cada aumento en los homicidios activa alarmas políticas y mediáticas que refuerzan una asociación que parece intuitiva: más muertes, más crimen. Sin embargo, esta lógica es conceptualmente errónea y empíricamente frágil.
Los homicidios son un dato visible, pero no necesariamente revelador. Si bien constituyen una métrica importante para entender los niveles de violencia social, su utilidad como indicador del crimen organizado es limitada. De hecho, muchos de los mercados ilegales más consolidados operan con niveles sorprendentemente bajos de violencia. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? La respuesta está en el verdadero motor del crimen organizado: el control de mercados ilegales.
El objetivo central de las organizaciones criminales no es matar, sino regular y proteger mercados ilícitos y así tener la mayor cantidad de ganancias económicas. Para eso, el uso sistemático de la violencia suele ser contraproducente: asusta a los consumidores, desestabiliza territorios y atrae la atención de la prensa y consecuentemente del Estado. En cambio, crímenes como la extorsión y la corrupción ofrecen mecanismos más silenciosos y eficaces para mantener el control territorial y social, generar ingresos y operar con impunidad.
La evidencia es clara, en múltiples países y regiones. En Paraguay, principal productor de cannabis de Sudamérica, las tasas de homicidio son bajas, pero el poder criminal se sostiene gracias a una extensa red de sobornos y permisividad institucional. En Ecuador, hasta hace pocos años, el país funcionaba como un nodo clave del narcotráfico sin los niveles de violencia que hoy lo atraviesan. Panamá, pese a figurar entre los países con mayor riesgo de lavado de activos según el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, presenta una letalidad criminal marginal. En Bolivia y Perú, donde persisten mercados ilegales vinculados al tráfico de armas, personas y drogas, las tasas de homicidio siguen siendo relativamente estables. En Argentina, el crimen organizado se expresa mayormente a través de redes de corrupción y control económico, sin que ello se refleje en tasas letales elevadas, con la excepción notable de Rosario y algunos barrios específicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (que es donde se concentran los esfuerzos del Estado).
Incluso fuera de América Latina, los ejemplos abundan. En los Países Bajos, la industria criminal del MDMA abastece a millones de consumidores europeos sin necesidad de violencia visible. Alemania, uno de los mercados de cocaína más lucrativos del continente, mantiene tasas de homicidio muy bajas. Japón alberga una de las organizaciones criminales más antiguas y sofisticadas del mundo —la Yakuza—, que ha operado históricamente con elevados niveles de formalización y mínimos episodios de violencia abierta. En los Balcanes, el tráfico de heroína, cocaína y cigarrillos ha sostenido mercados ilegales transnacionales durante décadas sin traducirse en conflictos violentos. Esto no significa que el crimen organizado sea pacífico. La violencia aparece en contextos donde el control de los mercados ilegales está fragmentado o en disputa. En países como México, Brasil o varias naciones de Centroamérica y el Caribe, la coexistencia de múltiples actores criminales que compiten por rutas, territorios y nichos de mercado, sumada a una débil capacidad estatal para arbitrar o imponer reglas, genera escenarios de violencia. En estos contextos, los homicidios no son el resultado inevitable del crimen organizado, sino el síntoma de una lucha por el poder: entre organizaciones, entre facciones y entre el crimen organizado y el Estado. Es la falta de hegemonía criminal —es decir, la incapacidad de un grupo para monopolizar el control coercitivo en un territorio— lo que alimenta los ciclos de confrontación.
Estos estallidos violentos no reflejan una característica esencial del crimen organizado, sino un momento específico de su evolución: cuando aún no se ha consolidado un orden criminal funcional o cuando ese orden comienza a resquebrajarse. Lejos de ser la norma, estos escenarios revelan que la violencia no es la forma natural del crimen organizado, sino su disfunción.
Insistir en los homicidios como único termómetro de criminalidad es un error de diagnóstico. No solo desvía recursos hacia políticas reactivas y militarizadas, sino que también oscurece otras formas de poder criminal menos visibles pero igual de corrosivas: la captura institucional a través de la corrupción, el sometimiento económico de comunidades a través de la extorsión, la estabilidad de los mercados ilegales (ya sea en la estabilidad de las rutas o en los niveles de consumo interno de los mercados) y la infiltración de sectores legales. Por eso, si queremos entender —y enfrentar— al crimen organizado, debemos mirar más allá de la violencia.
El crimen organizado no siempre mata, pero sí regula y gobierna. Como todo poder, para enfrentarlo con eficacia, primero debemos comprenderlo en toda su complejidad.
