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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEn el Uruguay.
Actúan a piacere sin tener, como el resto de las personas jurídicas, que constituirse formalmente como tales. Con lo cual no se les exige responsabilidad y, por tanto, no sufren las consecuencias de sus actos dañinos. Son inmunes, digamos.
Tampoco están sujetos a los contralores que se aplican a otras personas jurídicas. No son auditados, ni supervisados en el manejo de sus fondos —que no son precisamente chirolas—. Ni la Jutep, ni la Senaclaf se meten con ellos.
Sus representantes cobran sin trabajar (Fernando Pereira reconoció públicamente que hace 15 años que cobra un sueldo de Primaria sin pisar el organismo) y, obvio, no pueden ser despedidos como cualquier hijo de vecino.
Así, con su carácter jurídico etéreo y la irresponsabilidad de sus representantes, intervienen fuertemente en política, tanto corporativamente (a través de medidas de presión, ejercidas desde siempre sobre agentes privados y últimamente sobre un partido político), como aportando dirigentes a ciertos sectores políticos, (notoriamente, al Partido Comunista).
A pesar de hacer política, de forma habitual (y pesada), no están sujetos a ninguno de los requisitos y contralores aplicables a todos los partidos políticos, en cuanto a elección de autoridades, normas de conducta, supervisión, manejo de fondos, rendiciones de cuentas, incompatibilidades.
Así, violan, entre otros, el literal a) del art. 11 de la Constitución, al no ejercer “efectivamente la democracia interna en la elección de autoridades”.
Pero, por sobre todas las cosas, no están sujetos al veredicto popular, esencia de toda democracia.
¿Adivinó? No era tan difícil. Son los sindicatos y los sindicalistas.
Nadie tiene más poder en el Uruguay, sin haber sido electo para ello, ni tener que responder ante quienes sufren sus actos de poder.
Nada hoy, en el Uruguay, es más antidemocrático que los sindicatos.
Ignacio De Posadas