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En estos días se ha generado un intercambio de declaraciones entre el actual intendente de Maldonado y uno de los postulantes al cargo, de su mismo partido político, en las próximas elecciones nacionales en relación con el “abuso de los radares”.
La discusión se refirió a la forma en la cual se recauda dinero para la intendencia instalando radares en diversas zonas de Punta del Este y adyacencias, estableciendo límites de velocidad excesivamente limitantes, y reflexiones afines.
Como residente de la ciudad balnearia, comparto la inquietud planteada por el referido candidato. Existen muy escasas vías de tránsito ágiles y de cierta seguridad (Roosevelt, las ramblas, Artigas, Italia y poco más).
En cuanto a las velocidades establecidas, por ejemplo, en la rambla de la playa Mansa y la calle Lenzina el límite es 45 kilómetros por hora; en muchos otros sectores de las ramblas, 60 kilómetros por hora.
Se aplica muy notoriamente como un instrumento de recaudación municipal, que no se vuelca en inversiones relacionadas con las vías de tránsito o similares. No existen calles asfaltadas en muchos barrios y una cantidad están llenas de pozos y fallas de diversa naturaleza. Las reparaciones que se realizan son escasas y precarias. Por otra parte, prácticamente no existen aceras en la mayor parte de las zonas que no sean la misma península.
Además, deberían considerarse opciones asociadas a la inteligencia artificial o modalidades manuales, que diferenciasen la velocidad máxima permitida según la intensidad del tránsito o los horarios o las épocas del año (temporada o fuera de ella).
Situaciones similares se dan en la ruta Interbalnearia y en Montevideo. No es solo un tema de Maldonado.
Los ciudadanos sufrimos las consecuencias de las malas decisiones políticas y administrativas.
Puntaesteño