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En estos días se han conocido reflexiones y datos que, leídos en conjunto, merecen una atención que vaya más allá del impacto inmediato. Por un lado, las advertencias del ingeniero Juan Grompone sobre el desgaste del sistema político uruguayo; por otro, el informe divulgado por Búsqueda que muestra que una proporción significativa de jóvenes relativiza la democracia y toleraría un gobierno autoritario en contextos de crisis.
Lejos de ser fenómenos aislados, todos apuntan a un mismo problema de fondo: Uruguay no enfrenta hoy una crisis de democracia, sino una crisis de proyecto democrático.
Desde la recuperación institucional hace cuatro décadas, el país hizo bien en priorizar la estabilidad, la reconstrucción del Estado de derecho y la convivencia política. Ese esfuerzo fue necesario y exitoso. Sin embargo, con el paso del tiempo, la democracia se fue consolidando como forma, pero sin un rumbo estratégico claro que le diera contenido y horizonte.
Durante décadas, las reformas estructurales —del Estado, de la educación, del sistema productivo, de la inserción internacional, de la seguridad— fueron postergadas o abordadas de manera parcial. No por falta de diagnósticos, sino por una cultura política que privilegia la amortiguación del conflicto y el consenso mínimo antes que la decisión estratégica de largo plazo.
A estos desafíos se suman fenómenos demográficos y sociales que agravan la situación. La fuga de cerebros y de jóvenes capacitados amenaza el capital humano necesario para sostener y renovar la democracia y la economía, mientras que la pirámide poblacional invertida plantea retos crecientes para la sostenibilidad del sistema de seguridad social, la atención sanitaria y la creación de oportunidades para nuevas generaciones. Estos factores refuerzan la percepción de estancamiento y aumentan la presión sobre la política para definir un rumbo que integre a todos los segmentos de la población.
El resultado es un sistema político que administra con eficacia relativa, pero que no propone un destino compartido. En ese contexto, no debería sorprender que sectores de la sociedad, en particular los más jóvenes, empiecen a percibir la democracia no como una herramienta de transformación, sino como un trámite que no resuelve sus problemas más urgentes.
Esto no implica nostalgia autoritaria ni vocación golpista. Implica, más bien, desencanto, fatiga y sensación de estancamiento. Cuando la política pierde capacidad de orientar el futuro, la democracia corre el riesgo de sostenerse solo por costumbre y no por convicción.
Los 40 años de continuidad democrática no deberían ser leídos solo como una conmemoración, sino como una oportunidad histórica. Es el momento adecuado —quizás el último sin costos mayores— para cerrar definitivamente la transición y animarse a discutir reformas de fondo con una visión de país a 20 o 30 años.
Si ese debate vuelve a postergarse, el problema no será la falta de apego formal a la democracia, sino algo más delicado: la pérdida de su legitimidad emocional y generacional.
La estabilidad es un valor. Pero, sin reformas y sin rumbo, la estabilidad se transforma en inmovilidad, y la inmovilidad, tarde o temprano, se paga.
