Al final está claro que el protagonismo, el que mueve la aguja en términos de crecimiento, es el sector privado, y luego está la responsabilidad del sector público de generar las condiciones. Se puede discutir cuáles son esas condiciones, si es a través de subsidios o de ayudas, o si es con medidas que mejoren la competitividad del sector privado. Eso es parte de la agenda del Ministerio de Economía, que todavía tiene un despliegue parcial; está el proyecto de competitividad en el Parlamento y hay otras partes de la agenda que no han traccionado lo suficiente todavía.
Probablemente, parte de la actitud tal vez no tan arriesgada de parte de los empresarios como esperaría el gobierno es porque las señales no son tan claras en ese sentido. Del lado empresarial lo que se ve es un Ministerio de Economía con una agenda relativamente clara y un rumbo claro, pero esa no es necesariamente la agenda de todo el gobierno.
—¿En qué aspectos no ve alineado a todo el gobierno?
—Por ejemplo, el Ministerio de Economía está promoviendo una reforma en el mercado eléctrico para bajar el costo de la energía, y desde afuera no se ve tan alineado con esa política al Ministerio de Industria, por lo menos por ahora. Economía también ha hablado de modernizar la negociación colectiva y darle más flexibilidad, y no se ve tan alineado al Ministerio de Trabajo.
El empresariado mira las señales de todo el gobierno, no solamente las que vienen de Economía; tal vez falta más consistencia en el gobierno a nivel de ese tipo de mensajes.
—¿Que el MEF esté empujando en solitario estos temas responde al perfil del ministro, a quien algunos en el partido de gobierno no lo ven como un frenteamplista?
—No sé si es por eso. Capaz que es por la forma en que está integrado el gabinete y también por la impronta del presidente o por las prioridades del presidente o por un poco de todo. Lo que sí se percibe desde afuera es que la agenda que impulsa ese ministerio no es necesariamente la agenda de todo el gobierno. Eso puede estar operando como contrapeso o como pausa en algunas decisiones.
—¿Hay, por otro lado, un problema de rentabilidad de los negocios que frena decisiones de inversión?
—Los datos muestran eso; hay muchos negocios donde la rentabilidad es muy acotada y hay otros que tienen buenos números, donde todavía hay dinamismo y hay oportunidades de inversión. Si no, la inversión sería todavía más baja.
Por otro lado, hay algunas cosas que están cambiando, como el entorno macro de mayor estabilidad, que debería favorecer la inversión. Pero esa es una condición necesaria, aunque no suficiente; por eso el plan del MEF contiene un conjunto importante de reformas micros que apuntan a hacer que la economía funcione en forma más eficiente. Esa agenda todavía no terminó de desplegarse.
—¿Esa reforma contenida en el proyecto de competitividad tiene un alcance capaz de mover la aguja en términos de crecimiento económico? Hay un debate técnico y político al respecto…
—La economía viene creciendo un 1,3% hace 10 años y nos cuesta salir de ese número; difícilmente haya un proyecto o una reforma por sí sola que haga que suba un punto la tasa de crecimiento estructural. Esa ley no va a ser la que nos lleve al 2,5% —lo cual no quiere decir que no sea importante y que no toque un montón de cosas sobre las que muchas veces nos quejamos desde el sector privado—, y por eso Uruguay necesita hacer muchas cosas para que eso cambie.
—El MEF ha adelantado la intención de promover cambios en el sector portuario y energético. ¿Esa otra agenda es viable políticamente?
—Tiene una economía política más compleja porque supone hacer reformas en el mercado eléctrico, que involucra en particular el rol de UTE y el de Ancap, la forma en que están funcionando y cómo se fijan las tarifas. Eso también impacta en los dividendos que estas empresas distribuyen a las arcas públicas, en un contexto donde también hay restricciones.
El MEF elaboró el proyecto de competitividad en buena medida a partir de un relevamiento con agentes del sector privado, y el tema más transversal que surgió es el costo de la energía. Ese aspecto es una restricción en Uruguay para que los proyectos sean rentables y por eso hay un foco en abordarlo. ¿Queremos salir del 1,3% (de crecimiento del PIB promedio anual)? Está perfecto. ¿Queremos que los empresarios sean más arriesgados y muevan la aguja? Eso requiere darles condiciones y tener precios (de la energía) que sean medianamente competitivos en la región, si no, es difícil que el empresario tome riesgos y será difícil que tengamos un ciclo de inversión mucho más expansivo.
—Se escuchan distintos relatos políticos y técnicos acerca de cómo marcha la economía. ¿Cómo la describe usted?
—En los últimos 18 meses, el crecimiento ha sido muy bajo; la economía está virtualmente estancada. Eso está muy afectado por el agro y los factores climáticos. Si uno se desapasiona un poco y salimos de esta discusión política, mirando los datos con objetividad y depurando los efectos climáticos, la buena noticia es que la economía no está brutalmente estancada; la mala es que no está creciendo al 2,5% que el gobierno pretende o que el ministro ha dicho que es lo que precisamos para mantener el nivel de vida de los uruguayos.
O sea que, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista del modelo de convivencia, Uruguay necesita salir de este 1,3%. Por eso se precisa que el privado tome más riesgo, pero para que tome más riesgo hay que darle las condiciones.
La ley que está discutiendo el Parlamento es una señal importante, pero probablemente se precisa algo más si queremos ver un cambio en el signo de la competitividad y tener energía un poco más alineada con la región. También el clima laboral y los conflictos son hoy una restricción que está arriba de la mesa. Y la discusión sobre la reducción de la jornada laboral es un tema que obviamente afecta a las expectativas y las decisiones de inversión de los empresarios.
—¿Qué opina sobre la intervención que tuvieron el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo en el conflicto en la terminal de contenedores del puerto?
—Se solucionó, finalmente, pero probablemente con mucho costo en el medio y con algunas señales que al sector privado le generan preocupación. Por ejemplo, comentarios del subsecretario (de Trabajo) diciendo que la conflictividad hay que tomarla con naturalidad; más allá de que el derecho de huelga hay que respetarlo, esas afirmaciones no favorecen mucho el clima de inversión.
—CPA/Ferrere proyecta que el PIB crecerá 1% en 2026, 1,8% el año que viene y 1,6% en 2028. ¿Las diferencias entre las estimaciones de los analistas privados y las del gobierno son por el timing en la comunicación de las revisiones o porque los modelos del MEF tienen un sesgo optimista?
—Los momentos son una explicación importante, y los inputs o los supuestos que se les cargan a los modelos sobre distintos determinantes también afectan.
Nosotros hacemos actualizaciones cada dos o tres meses porque nos lo piden nuestros clientes, mientras que los gobiernos, en general, tienen una proyección que es la que utilizan para hacer su programación fiscal y no la pueden corregir todo el tiempo. Por ejemplo, nuestra última proyección ya incorpora este escenario internacional menos amistoso, con tasas en Estados Unidos por arriba del 5% a 10 años —las más altas desde el 2005—, incorpora el precio del petróleo por arriba de los 100 dólares, y también incorpora los precios de exportación que han mejorado y que amortiguan parcialmente ese shock internacional.
En las proyecciones del gobierno para los próximos cinco años, el componente de la demanda agregada está asumiendo una recuperación importante de la inversión, consistente desde su perspectiva con la apuesta a que la promoción de la competitividad y las reformas traccionen una inversión que hoy está por debajo del 16% del Producto. Nosotros somos más cautelosos con la evolución de esos componentes; todavía no vemos traccionar todas las reformas de competitividad. Sin un repunte significativo de la inversión, con toda seguridad el crecimiento se va a mantener por debajo del 2%.
—¿Qué implica desde una perspectiva política que la economía continúe creciendo poco en los próximos años? El analista Javier de Haedo ha dicho que el bajo crecimiento “se cargó” a los últimos dos gobiernos.
—Tengo mis dudas de que el bajo crecimiento se haya llevado puesto al gobierno anterior, porque la pandemia y la recuperación posterior le generó más espacio. Sí le produjo muchas dificultades a la última administración de Tabaré Vázquez, y entonces hubo un deterioro fiscal muy importante y una caída del empleo.
Si se mantienen las tasas de crecimiento actuales, van a ser tres gobiernos con la economía creciendo al 1,5% promedio, por decir algo grueso. Si uno mira la macro hoy, el consumo está creciendo al 2,5%, y eso es razonable, dado que el empleo crece al 1% y el salario real crece al 1% o 1,5%. En una economía donde las exportaciones están algo estancadas y la inversión sigue en caída o no despega, en algún momento eso pasa factura en términos de empleo y el crecimiento bajo se empieza a notar en prosperidad para la gente o en oportunidades de empleo.
Esa es una dimensión. Otra es que probablemente también le pone un poco de tensión al programa fiscal, lo cual, a nosotros nos preocupa más a mediano que a corto plazo.
Este año la economía crece muy poco, pero el consumo —que es una base importante de la recaudación— está creciendo bastante bien. Hoy los impuestos vienen evolucionando más al ritmo del consumo que al del PBI. Esta regla probablemente sea más difícil que se cumpla a tres años; si se sigue creciendo muy poco y el empleo empieza a resentirse, el consumo como base de recaudación también podría resentirse.
Nuestra opinión es que este escenario de crecimiento bajo, si no se revierte, va a tensionar el programa fiscal más hacia el final del período. Eso lo ves incluso en las simulación de la deuda; un escenario de bajo crecimiento pone la deuda neta al final del período contra el nivel ancla, asumiendo que cumplís las metas fiscales. Lo que pasa es que un escenario de bajo crecimiento también pone en riesgo de incumplir las metas fiscales porque habría menos ingresos.
Vamos a ver si efectivamente el impuesto mínimo global recauda lo que se estimó y si el programa de eficiencia de la DGI rinde lo que se estimó. Lo otro que está implícito en las proyecciones (del gobierno) es que, dado todo esto, las próximas rendiciones de cuentas son con gasto cero, y eso probablemente no va a pasar. La de este año fue con incremento del gasto —muy moderado, hay que decirlo— y lo que muestra la historia es que las rendiciones de cuentas más cercanas al ciclo electoral suelen aumentar el gasto. Cuanto más fragmentado el partido, cuanto más lejos de la mayoría esté y cuanto más peleada esté la elección, el incremento es mayor.
—Entonces, ¿el escenario más probable es que se incumplan las metas fiscales?
—En este año, con una recaudación que va performando bien, el gobierno no va a tener dificultades para cumplir la meta, no muy ambiciosa, que implica defender el déficit en 4% del PIB. Para el final del período es más difícil que se cumpla el programa fiscal integral, salvo que la recaudación que venga del impuesto mínimo global y el programa de eficiencia de la DGI sea extraordinaria. Lo que pasa es que en ese caso, incluso si fuera extraordinaria, probablemente la presión de gasto va a emerger también. Con eso arriba de la mesa, el escenario más probable es que tengamos algún grado de incumplimiento de la meta fiscal hacia el final del período.
—La estimación de CPA/Ferrere es que la inflación se va a alejar de la meta al final de este año y que va a estar arriba del 5% al inicio del 2027. ¿Ve riesgo de un desanclaje de las expectativas de los agentes y que se instalen dudas sobre la estrategia de desinflación?
—Ese es el riesgo que me parece que el Banco Central quiso atacar al subir la tasa de política monetaria (la semana pasada); muchos agentes forman sus expectativas en forma adaptativa. En nuestra opinión, de manera acertada el BCU (Banco Central del Uruguay) está actuando proactivamente para evitar que este escenario transitorio de mayor inflación que vamos a tener en los próximos seis meses genere un desanclaje innecesario de las expectativas.
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