Casinos del Estado en juicios por empresas tercerizadas, maniobras en punto y banca y el Nogaró

Los contenciosos que “pueden concluir en egresos” para Casinos son por distintos motivos, y el más antiguo, de 2013, está relacionado también con el Nogaró en su etapa bajo el régimen mixto (en noviembre de 2021 la sala reabrió pero en una modalidad enteramente estatal). Según explicó en la contestación al pedido de acceso, ese caso es por US$ 100.000 más US$ 20.000 por año “hasta repristinar a la situación anterior”; los reclamantes son propietarios de un apartamento del edificio Punta del Este que solicitan a Vidaplan y a otros codemandados —incluida la DGC— por daños y perjuicios derivados de construcciones que datan de 2009 y habrían sido realizadas por esa sociedad en las unidades que fueron arrendadas para el funcionamiento del entonces Casino Nogaró.

Un “empleador complejo”

Un proceso iniciado hace varios años, que acumuló otras acciones, involucra a varios trabajadores de Manteo S.A., una empresa arrendadora del inmueble y los bienes muebles y servicios periféricos utilizados por la DGC para explotar el Casino Rivera. Los reclamantes —por $ 60.177.867, “sin perjuicio de acrecidas”— demandaron a esa sociedad y al organismo sosteniendo que existía entre ambos un “conjunto económico” o un “empleador complejo”. Casinos del Estado alegó que no correspondía que fuera demandada, fundamentalmente rechazando ese alegato de los trabajadores.

Actualmente el expediente está en manos de la Suprema Corte de Justicia, después que Manteo y la DGC interpusieran un recurso de casación frente a la sentencia que condenó en forma solidaria a abonar a dos de los demandantes los rubros reclamados. “Si bien el caso de marras no encuadra en el supuesto de conjunto económico, sí puede afirmarse que se configura una hipótesis de empleador complejo”, consigna el fallo definitivo.

Funcionarios

Algunos casos involucran a funcionarios o exempleados del propio organismo.

Un litigio fue entablado por dos funcionarios que pretenden que se condene a la DGC al pago de diferencias salariales por realizar tareas inherentes a un cargo superior en el que fueron regularizados; demandan $ 3.570.909. Su acción fue desestimada, pero los reclamantes apelaron y el expediente está en manos de un Tribunal de Apelaciones.

También en 2023, un exfuncionario demandó a la DGC por más de $ 4 millones, en reclamo del pago de partidas salariales que “se habrían generado por la suspensión temporaria y retención de sus haberes, al encontrarse sometido a la Justicia penal y a las que tendría derecho invocando su absolución por el beneficio de la gracia otorgado por la Suprema Corte de Justicia”, explica el organismo en la información proporcionada. Tras la oposición de Casinos, finalmente la acción fue desestimada en sentencia definitiva.

En 2024, un funcionario reclamó a la DGC el pago de “horas nocturnas mal liquidadas a su juicio”. El organismo se opuso, y el expediente terminó archivado tras el fallecimiento del demandante.

Tercerizados

Como “tercerizante”, la DGC enfrenta varios reclamos de extrabajadores de empresas a las que contrata servicios.

El caso de una limpiadora de Cleannet S.A. tuvo una sentencia que resultó desfavorable para la empresa y para Casinos en forma subsidiaria, y actualmente está “en ejecución”. Un trabajador de Corsur S.A., otra firma del mismo rubro, accionó reclamando más de $ 209.000, pero el expediente se archivó “por falta de actividad del actor”.

En el rubro de seguridad y vigilancia, se repite el nombre de la empresa Varela y Varela S.R.L. (Seguridad Oriental-Segor) como demandada por exempleados. La DGC, que contrataba sus servicios, se opuso a los reclamos salariales e indemnizatorios; los casos están en distintas etapas.

La contestación al pedido de acceso señala que Casinos está actualmente ejecutando la sentencia —tras desestimarse la apelación— que obligó al organismo a pagar en forma solidaria a un exempleado de Segor (cuyo reclamo era por $ 681.901).

Ingresos

La DGC estima que por algunos juicios o procesos en trámite puede terminar obteniendo ingresos.

Uno que ya está en ejecución derivó de una “acción de regreso y en subsidio, por enriquecimiento sin causa” de más de un millón de pesos; el organismo logrará el reembolso del dinero pagado a los exempleados de la empresa de seguridad privada Proguardians S.R.L., al revertirse en la sentencia definitiva el fallo inicialmente favorable para los trabajadores.

Un caso similar involucró a exempleados de quienes tenían la concesión de la cantina de una sala de esparcimiento.

Punto y banca

A su vez, un caso de 2013, que está en primera instancia próximo a la etapa de alegados finales, es una demanda promovida por la DGC contra una exfuncionaria y un apostador, por la responsabilidad civil de ambos, al “perpetrar una maniobra en el juego de punto y banca” en el Casino Victoria que “le ocasionó al Estado un importante perjuicio económico”. El monto reclamado es de $ 1.693.400.

El organismo también demandó a exapostadores de los casinos estatales de La Barra de Maldonado y Nogaró por “maniobras ilícitas en los juegos de bacará y de punto y banca”. El caso está en etapa de ejecución de una sentencia condenatoria por US$ 124.175,50 al 3 de marzo de 2020, “más el interés legal hasta su efectivo pago”.

En otro caso, iniciado en 2017, la DGC demandó a tres exfuncionarios por irregularidades en el manejo de valores públicos que, según la respuesta al pedido de acceso a la información, produjo una “pérdida patrimonial al Estado”. Uno de los demandados planteó una contrademanda (reconvención) pretendiendo el pago de los haberes que habría dejado de percibir por la sanción dispuesta ($ 3.819.000 aproximadamente) y US$ 200.000 por lucro cesante, debido al abandono de sus actividades particulares. El proceso está en primera instancia y tiene pendiente el diligenciamiento de pruebas.