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Caso Goldring: liquidador llama a adherir a acuerdo privado como “algo concreto” frente a “meras promesas”
Defensora de damnificados en el exterior por la ex corredora de bolsa acusa a la Liga de Defensa Comercial de “pactar con quienes están bajo investigación penal y civil”
A dos semanas de fin de mes, fecha límite para que la corredora de bolsa Sara Goldring llegue a un Acuerdo Privado de Reorganización (APR) con el Banco Central (BCU) que busca poner fin a un proceso legal que ya lleva más de tres años, un 45% de sus acreedores ya lo aprobaron, mientras que otros consideran que es posible llegar a resultados más beneficiosos.
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Goldring fue imputada en Uruguay por un delito continuado de apropiación indebida en 2023 —y sigue siendo investigada por estafa— por la falsificación de saldos de sus clientes y por manipularlos sin autorización estando al frente del escritorio de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios y United Brokers.
En julio en la Justicia de Estados Unidos (EE.UU.), Goldring aseguró que, de lograr una aprobación del 75% de sus acreedores, podría llegar a un APR con el BCU y con el liquidador delegado —la Liga de Defensa Comercial (Lideco)— que le permitiría hacer los pagos correspondientes a sus clientes y así terminar con todas las reclamaciones civiles en su contra.
Argumentó que para consumar ese acuerdo no bastaría con sus bienes en Uruguay, y por eso precisaría liquidar los valores de sus cuentas que están congeladas provisoriamente en los bancos estadounidenses Jefferies LLC y Morgan Stanley. Sin embargo, un juez magistrado estadounidense emitió una recomendación al tribunal de Columbia para que el congelamiento siga hasta que culmine el proceso por estafa en Uruguay. Esto último pareciera un revés en la estrategia de Goldring, pero para Fernando Cabrera, gerente de servicios jurídicos de Lideco, “no es tan así”, sino que es lo que “los abogados (de clientes damnificados) en el exterior quieren hacer creer para que la gente no firme”, dijo a Búsqueda. Aseguró que, de aprobarse el APR, “el juzgado uruguayo va a pedir que EE.UU. oficie para que ese embargo quede sin efecto” y la corredora pueda retirar los US$ 4 millones que necesita para completar los pagos.
A contrarreloj
Cabrera relató que Lideco negoció con Goldring “muchos meses” para llegar a la oferta planteada en el APR, cuya última versión describe un pago del 50% de los créditos en un plazo de 15 días. Entiende que eso representa “algo concreto frente a algo incierto” en un “plazo acotado”.
Aproximadamente un 45% de los acreedores ya adhirieron al documento, pero existe otro grupo de clientes que lo considera “infirmable” porque creen que Goldring posee activos en sus cuentas de EE.UU. que superan considerablemente el valor de lo ofrecido, además de que podrían ser indemnizados por Jefferies LLC a partir de aparentes irregularidades en el manejo de sus fondos.
Para Cabrera, eso son “meras promesas” y, desde su participación en las negociaciones, tampoco cree en un escenario donde Goldring mejore la oferta. Agregó que, de lograrse un embargo de las cuentas de la excorredora en Estados Unidos “únicamente beneficiaría a quienes promovieron la denuncia antes de la fecha de libramiento del oficio”, que son unos 150 de 400 damnificados (que sí se beneficiarían con la concreción del APR).
“Si no se llega a las firmas antes del 31 de octubre, lo que queda son los juicios, acá y en EEUU, con los costos de los juicios allá. (…) ¿Cuántos años pasan en todo eso? Ocho o diez. La gente se desinforma y tengo miedo de que siga esa tendencia”, proyectó Cabrera.
En una carta abierta al directorio del BCU publicada el lunes 13 por El Observador, la abogada Patricia Regules, defensora de damnificados en el exterior, acusó a Lideco de “pactar con quienes están bajo investigación penal y civil” y de promover entre sus clientes en el exterior la firma del APR argumentando que es una “solución concreta”, algo que “excede” sus competencias delegadas como liquidador.
