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Los dirigentes de Nacional aseguran que ya no lidian con barras bravas, sino con “mafias organizadas”
En el Parlamento, una delegación del club discrepó con un proyecto de ley sobre violencia en el fútbol e insistió en más respaldo del Ministerio del Interior
Nacional fue sancionado deportivamente por el lanzamiento de una bengala por parte de un hincha.
La situación en La Banda del Parque, la barra brava del Club Nacional de Football, se complejizó en el último año. En agosto de 2024, uno de sus líderes, Alan Lorenzo, fue enviado a prisión en Argentina por integrar una banda que intentó robar un banco en Buenos Aires. Por el mismo hecho, también quedó encarcelado en ese país Carlos Cazenave, otro de los jefes de la barra. Tras ambas detenciones, el mando de la hinchada pasó exclusivamente a Carlos Abella, conocido como Damián, quien formaba un triunvirato con Lorenzo y Cazenave. Sin ellos, enfrentó el avance de nuevas facciones: La Sub 21, Los Pibes del Skey y Lucas Píriz, principalmente. Para contener su crecimiento, a Abella se incorporó otra persona, recientemente liberada de prisión.
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Los nuevos grupos, compuestos en su mayoría por jóvenes, muestran un perfil más agresivo e impulsivo que los referentes, algo más veteranos. Pero también son menos estructurados y ambiciosos: su objetivo no pasa únicamente por recibir entradas y camisetas, vender droga en la tribuna, controlar el cuidado de autos en el Gran Parque Central o exigir dinero a dirigentes. Para la Policía Nacional, sin embargo, el panorama es igual de preocupante: con el liderazgo de La Banda del Parque debilitado, aumentan las disputas internas y además ganan terreno estas facciones, en ocasiones más enfocadas en la violencia —con especial foco en Peñarol— que en el negocio económico.
También es una preocupación para Nacional. Los incidentes han ido en aumento durante los últimos meses y obligaron a que el Ministerio del Interior se reúna con sus dirigentes y los de Peñarol para, una vez más, intentar imponer medidas que frenen la violencia en el fútbol. “Ha ido cambiando cada vez más este tema y los que hace 10 años se llamaban ‘barras’, hace dos meses, cuando tuvimos un encuentro con el ministro Carlos Negro y todos los altos cargos del Ministerio del Interior, ellos mismos dijeron que son mafias organizadas. Ya no hablamos más de barras, sino de mafias organizadas”, admitió Ricardo Vairo, presidente de Nacional.
Vairo acudió el 16 de setiembre al Parlamento acompañado por Raúl Giuria, secretario general de Nacional, y Hernán Navascués, secretario ejecutivo. Durante la comparecencia, la delegación del club se lamentó por lo ocurrido en la final clásica del Torneo Intermedio, disputada en julio en el Estadio Centenario, cuando una bengala náutica fue lanzada desde la tribuna Colombes con la intención de que cayera sobre hinchas de Peñarol ubicados en la tribuna Ámsterdam. El artefacto terminó en la tribuna América, hirió de gravedad a un policía de la Guardia Republicana y determinó la quita de tres puntos para Nacional en el Campeonato Uruguayo 2025.
Por el hecho hay un mayor de edad detenido en el ex-Comcar, imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual. Según informó Montevideo Portal, el 19 de setiembre, ante la Justicia un menor de edad confesó que un integrante de Los Pibes del Skey lo amenazó para que se inculpara como responsable del lanzamiento de la bengala.
Además de lo ocurrido con la bengala náutica, los dirigentes detallaron otros hechos violentos ocasionados por la hinchada de Nacional: bengalas comunes arrojadas en un clásico de 2024 en el Gran Parque Central, que obligaron a suspender temporalmente el partido tras caer sobre los propios futbolistas de Nacional; la sanción por racismo de US$ 400.000 por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), luego de que un hincha de Nacional imitara gestos de mono en un encuentro de la Copa Libertadores 2023 contra Inter de Porto Alegre en el Gran Parque Central; otra multa de US$ 80.000 porque un hincha se burló de la tragedia del avión de Chapecoense, durante un partido contra ese equipo en Brasil por la Copa Libertadores 2018, y una multa más reciente por gestos racistas de un hincha, en un partido de visitante contra Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores de este año.
La presencia de la Policía en la cancha
La delegación de Nacional concurrió a la Comisión Especial de Deporte de la Cámara de Representantes para presentar los aportes del club a un proyecto de ley que busca regular disposiciones contra el odio, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. La norma pretende establecer que los organizadores de competiciones y espectáculos deportivos adopten las “medidas necesarias” para evitar la realización de actos de odio, racistas, xenófobos o intolerantes. Señala, en concreto, que esas medidas tendrán que buscar el “cese inmediato” de tales conductas.
Los organizadores deberán, además, “prestar la máxima colaboración a las autoridades gubernativas para prevenir el odio, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte”, así como aquellos actos que atenten contra los derechos, libertades y valores de la ley y la Constitución; facilitar toda la información disponible sobre los grupos de seguidores en cuanto a su composición, organización, comportamiento y evolución, así como sobre los planes de desplazamiento de estos grupos, los medios de transporte, las localidades vendidas y los espacios reservados en el recinto deportivo; colaborar activamente en la localización e identificación de los infractores y autores de las conductas prohibidas, y no proporcionar ni facilitar a sus hinchas subvenciones, entradas gratuitas, descuentos, publicidad o difusión, o cualquier otro tipo de promoción o apoyo a sus actividades.
Nacional manifestó su discrepancia con que el proyecto de ley determine que sean los organizadores —es decir, los clubes y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)— los responsables de la seguridad y de evitar actos de violencia. “No estamos de acuerdo en que se determine que los dirigentes tengan que tener este tipo de responsabilidad. Ese es el gran problema. ¿Cómo hacemos para garantizar eso? En determinado momento se establece que no solamente debemos prevenir, sino que, además, debemos intervenir para que cesen los actos. Muy bien, de acuerdo, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos el señor Giuria, el presidente Vairo y yo para poder obtener un mecanismo apropiado en ese momento para detener tales actos? Les debo confesar que no lo tenemos. ¡Ojalá lo tuviéramos!”, dijo Navascués, un reconocido abogado de 85 años con una extensa trayectoria en la institución.
La Policía únicamente ingresa a las canchas para tareas específicas, como la custodia de los árbitros.
Daniel Rodríguez/adhocFOTOS
En su argumento, Navascués hizo referencia a la falta de aplicación de la Ley N° 19.534 sobre derecho de admisión en espectáculos públicos, aprobada en 2017, que establece que el derecho de exclusión tiene por finalidad retirar del recinto en donde se desarrolla el espectáculo público a aquellas personas que se comporten en forma violenta, alteren el normal desarrollo del espectáculo o participen en hechos con apariencia delictiva. La ley especifica que el derecho de exclusión puede ser ejercido tanto por el organizador del espectáculo público como por el Ministerio del Interior.
“¿Qué le aconsejaría, en mi carácter de secretario ejecutivo de Nacional, al presidente o al secretario? Yo les diría: ‘Muy bien, que los encargados de seguridad de Nacional soliciten ayuda a la fuerza pública y, entre ellos, traten de desalojar a quienes están cometiendo actos violentos’. Yo estaría encantado de haber aplicado esta ley cuando sucedió el espectáculo desgraciado de la bengala lanzada desde la tribuna Colombes a la tribuna Ámsterdam. Pero resulta que esta ley no se cumple”, advirtió. “Con esto yo no quiero cargar las tintas de responsabilidades en el propio Estado o en el Ministerio del Interior, porque yo sé que sería fácil cumplirla si son dos o tres personas, pero cuando hay una multitud la actitud represiva puede traer consecuencias muy desfavorables. Hay que reconocer que excluir a cientos o miles de personas en un estadio es una cosa muy difícil”, agregó.
Por una orden del entonces presidente José Mujica, desde 2014 la Policía Nacional dejó de ingresar a los campos de juego. Hasta hoy, distintas autoridades policiales y del Ministerio del Interior sostienen que los partidos de fútbol son un espectáculo privado, cuya seguridad —como la de cualquier evento privado— depende del organizador, en este caso la AUF y los clubes.
Unidades policiales operan en las afueras de los escenarios deportivos y algunos efectivos trabajan dentro del perímetro de los estadios, encargándose de escoltar a los árbitros, proteger a los empleados de recaudación y registrar a las personas en las puertas de ingreso. A nivel estratégico, la decisión de no intervenir directamente en la cancha responde a dos motivos: no comprometer tantos efectivos en un solo operativo, manteniendo personal disponible para otras tareas, y evitar una escalada de agresiones con los hinchas. Tras las conversaciones de los clubes con Negro y la apertura de un nuevo espacio de diálogo entre la Policía Nacional y la AUF, por el momento la resolución se mantiene: los privados seguirán siendo los responsables de la seguridad dentro del estadio.
En el Parlamento, Vairo coincidió con parte del razonamiento policial. “Cuando vos hablás de que ingrese la Policía, una cosa es una barra y otra cosa es una mafia, porque ahí termina en un enfrentamiento terrible. Es muy difícil que la Policía entre a una de las tribunas donde está esta gente y le diga a una persona ‘vos vení’, y él se vaya tranquilito”, graficó. El presidente de Nacional sí solicitó respaldo del Ministerio del Interior para reforzar la lista negra y ayudar a las instituciones a impedir que los integrantes de ese registro puedan ingresar a los estadios, aprovechándose de deficiencias en los controles de la seguridad privada, errores del sistema, normativa laxa y casos de extorsión hacia los propios dirigentes. “Yo creo que hay que seguir insistiendo en tratar de evitar que vayan a los partidos, con normas, con castigos. El trabajo es por generar normativa para que podamos identificarlos, sacarlos y evitar que vayan”.
