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Senado aprobó ley que regula ingresos a intendencias sin los votos del Partido Colorado
El senador colorado Robert Silva dijo que las excepciones previstas en el proyecto “legalizan los contratos a dedo”, mientras que el nacionalista Sergio Botana opinó que el texto no tenía “nada bueno”
Cámara de Senadores durante la discusión del proyecto de ley que regula los ingresos a las intendencias, martes 14.
La Cámara de Senadores aprobó el martes 14 el proyecto de ley que regula los ingresos a las intendencias departamentales. El texto legal, que fue aprobado en la Cámara Alta por el Frente Amplio y el Partido Nacional, sin los votos del Partido Colorado, establece que los ingresos a los gobiernos departamentales deberán realizarse mediante concursos públicos o sorteo y limita las contrataciones directas a excepciones, que no podrán superar el 4% de los cargos presupuestados. Además, prohíbe los ingresos en los 12 meses previos al término del gobierno, es decir, durante el período electoral.
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La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados pero, debido a que sufrió modificaciones en el Senado, deberá volver a la Cámara Baja, que puede aceptar o rechazar los cambios. El texto, que surgió de un proyecto impulsado por el fallecido senador colorado Adrián Peña y contó con el respaldo del Congreso de Intendentes, fue objeto de extensas negociaciones políticas. No obstante, no logró alinear a los senadores colorados —quienes cuestionaron sobre todo el artículo cuarto, que habilita hasta un 4% de contrataciones directas— y recibió también cuestionamientos de senadores blancos.
El senador frenteamplista Nicolás Viera, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que aprobó el texto, calificó como un “hecho histórico” que el Congreso de Intendentes se haya pronunciado a favor de regular los ingresos a los gobiernos departamentales y destacó que la iniciativa legislativa rescata “el espíritu” del proyecto promovido por Peña.
El colorado Pedro Bordaberry planteó, en contraste, que del espíritu del proyecto original “no le queda nada” al texto actual. Dijo que el proyecto aprobado por Diputados tenía dos artículos “muy claros y sencillos” que establecían que las designaciones y los ascensos debían realizarse por concurso público o sorteo, y eso sufrió “modificaciones tan grandes” que terminaron siendo “contrarias a lo que se aprobó” en la Cámara Baja.
Según planteó el también colorado Robert Silva, el proyecto aprobado “perfora el espíritu” de la iniciativa de Peña y el artículo 4 “legaliza los contratos a dedo”.
El senador del Partido Nacional Sergio Botana consideró que el proyecto “no tiene nada bueno” y cuestionó el “uso asqueroso” de la potencia legislativa del Parlamento en detrimento de la autonomía de los gobiernos departamentales prevista en la Constitución. El exintendente de Cerro Largo dijo que votaría a favor en respeto a un “pacto de honor”.
La también nacionalista Graciela Bianchi reclamó que se respeten el trabajo hecho por la comisión y “el acuerdo que estuvo sobre la mesa desde el primer momento”. Dijo además que el intendente colorado de Rivera, Richard Sander, había manifestado su apoyo al proyecto junto con los demás gobernadores. “¿O de repente entendimos mal?”, preguntó Bianchi. Y agregó que en su opinión los reparos al proyecto eran “producto de la manija”.
El senador blanco y exintendente de San José, José Luis Falero, consideró que se había hecho un buen trabajo en la comisión y destacó que hubo “19 intendentes electos que se pusieron de acuerdo en el Congreso por unanimidad” gracias a un trabajo realizado “durante muchos meses”. Por eso dijo que no le parecía “correcto” el planteo del Partido Colorado.
El frenteamplista Aníbal Pereyra afirmó que parte de la resistencia al proyecto se debía a que significa una “pérdida de poder político en el territorio”, y “hay intendentes que siguen diciendo ‘aquí mando yo’”. La senadora Patricia Kramer defendió el hecho de que en comisión se acordaron ajustes al texto para contemplar la tríada “transparencia, garantías y que se pueda gobernar”. Por su parte, Eduardo Antonini resaltó que el proyecto contribuía a “combatir el clientelismo político”, mientras que Daniel Caggiani celebró que con la regulación se estaba dando un "paso histórico".
