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Competitividad: cámaras piden rebajar el gasoil y las tarifas portuarias, y que el Estado pague a 60 días
El empresariado aprovechó la consulta pública del Ministerio de Economía, que busca mejorar el clima de negocios con el fin de atraer inversión y generar crecimiento, para repetir reclamos históricos de mejora de la eficiencia del Estado e incluir planteos sectoriales
Crear un sistema público-privado que priorice y dé seguimiento a las políticas de competitividad para que tengan más “coherencia” y “efectividad” en su implementación; adecuar tarifas portuarias a la importación de bienes de capital y regular los valores que cobran esas terminales; prorrogar hasta el 2030 las tasas especiales de devolución de tributos a la exportación; simplificar el registro de productos en el Ministerio de Salud Pública (MSP); y reducir los costos para micros y pequeñas empresas. Ese tipo de medidas, con enunciaciones generales —en algunos casos— y con mayor grado de detalle —en otros—, fueron entregadas por varias gremiales empresariales al Ministerio de Economía (MEF) para ser consideradas en el proyecto de ley de competitividad e innovación que prevé elevar al Parlamento a fines de mayo.
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El MEF informó el lunes 27 que recibió más de 50 propuestas de cámaras, sectores académicos y particulares. Destacó algunas vinculadas a la digitalización integral de trámites ante los organismos recaudadores del Estado, el fortalecimiento de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, el reconocimiento de certificaciones internacionales para reducir el costo de importación de productos, entre otras.
En línea con la idea de agilizar los trámites y reducir costos de importación y exportación con el fin de mejorar el entorno para hacer negocios, la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), que nuclea a una treintena de gremiales sectoriales, planteó propuestas sintéticas a varios problemas identificados que afectan la inversión, aumentan costos o limitan el acceso a mercados.
Por ejemplo, ante la fragmentación de políticas propuso “crear un sistema público-privado que articule, priorice y monitoree las políticas de competitividad”. Para atacar los altos costos regulatorios y la burocracia, sugiere “simplificación normativa”, “plazos máximos obligatorios”, digitalización e interoperabilidad.
Para impulsar la inversión y la competitividad recomienda revisar “impuestos distorsivos”, mejorar deducciones, establecer reglas claras de fijación tarifaria en los servicios públicos y revisar los “subsidios cruzados”. Sobre ese punto en particular, adicionalmente, la supragremial planteó una alternativa para eliminar los sobrecostos que encarecen el precio del gasoil. En un apartado, analizó la composición del precio de ese combustible y observó que la exoneración del Impuesto Específico Interno (Imesi) a los vehículos eléctricos e híbridos supera lo recaudado por el fideicomiso del boleto y el subsidio al supergás.
Oddone y Confederacion
Autoridades de la supragremial y titulares del Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Confederación de Cámaras Empresariales
Como “insumo” para la discusión y con el propósito de identificar espacio fiscal, la CCE calculó que los subsidios al precio del boleto y al supergás significaron un encarecimiento del litro del gasoil de $ 4,20, lo que en 2025 representaron unos US$ 111 millones.
En tanto, proyectó que la exoneración del Imesi a los vehículos eléctricos e híbridos en 2025 —una política de incentivo a la electromovilidad— equivalió a US$ 144 millones. Agregó que, adicionalmente, los eléctricos tampoco pagan la Tasa General Arancelaria. De cualquier manera, la supragremial consideró “fundamental preservar” los estímulos a la electrificación del transporte público y de los servicios esenciales.
Por su parte, la Cámara de Industrias (CIU) agrupó sus propuestas en medidas tributarias, regulatorias, compras públicas, costos portuarios, instrumentos de estímulo a la exportación y facilitación de comercio, entre otras. Planteó varias para mejorar la competitividad en la importación de materias primas, como la “eliminación inmediata” de la tasa consular.
En materia de regulación, sugirió implementar renovaciones simplificadas de productos en el MSP en algunos casos, aumentar plazos de vigencia y reducir costos de los registros de medicamentos, alimentos y productos de limpieza.
También propuso “eliminar prácticas discriminatorias” de la producción nacional en los pliegos de compras públicas, implementar mecanismos de vigilancia del uso efectivo de los precios y el margen de preferencia y promover que los plazos de pago para las pequeñas empresas no superen los 60 días.
Apuntó además a reducir los costos portuarios, reclamando que tiendan a la baja las tarifas que aplica la Administración Nacional de Puertos cuando se trate de materias primas, exonerarlas en el caso de importación de bienes de capital promovidos por la Comisión de Aplicación de la Ley de Promoción de Inversiones y cuando sean kits automotores.
La CIU propuso la “creación de un sistema regulatorio de las tarifas aplicadas por las terminales portuarias, para que no haya un abuso de posición dominante”.
En paralelo, la gremial de industriales sugirió diseñar instrumentos que faciliten el acceso a conocimiento técnico y financiamiento para impulsar mejoras de eficiencia de procesos productivos e incorporar prácticas de sostenibilidad, por ejemplo. Además, propuso implementar el programa Primer Ingeniero en la Empresa para profesionalizar la producción e incrementar la capacidad de absorción tecnológica.
