Esta sexta entrega por parte de Uruguay tuvo lugar “en un momento clave”: el tramo final hacia el año horizonte “coincide con cambios profundos en el contexto nacional e internacional, marcados por la transición energética, los impactos del cambio climático, transformaciones tecnológicas aceleradas y tensiones geopolíticas. Uruguay llega a esta etapa con una trayectoria reconocida en políticas sociales, transición energética, consolidación democrática y fortalecimiento institucional. Al mismo tiempo, persisten desafíos en desigualdades territoriales y sociales, productividad, infraestructura y sostenibilidad ambiental”, señala el documento.
“Hoy el desafío ya no es solamente ampliar coberturas, sino asegurar calidad, continuidad, sostenibilidad, resiliencia climática y equidad territorial y social”, acota en el prólogo Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
¿Cómo se hizo el informe?
Esa repartición de Presidencia de la República coordinó la elaboración de este reporte. El INV se sustenta en los sistemas de información sobre los ODS existentes en el país (una plataforma que permite el seguimiento de 250 indicadores globales a través de 320 gráficos y más de 1.000 variables vinculadas a las metas de la Agenda 2030), además de registros y bases de datos sectoriales de los ministerios y otros organismos públicos.
Se complementó con una consulta pública efectuada entre febrero y abril pasado; incorporando la voz de gobiernos departamentales, de la academia, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, se buscó reforzar la dimensión de “informe de país”, “más allá del relato estrictamente gubernamental”.
Se señala que este INV fue concebido como un informe de “segunda generación”, lo cual, entre otros elementos, implica pasar de una “lógica predominantemente descriptiva a una mirada más analítica y crítica sobre los avances y las brechas” respecto de las metas.
El documento plantea que el tramo final hacia 2030 “exige que los promedios nacionales de cobertura y desempeño se traduzcan efectivamente en mejoras para los grupos y territorios en situación de mayor vulnerabilidad. La evidencia del informe refuerza la necesidad de sostener el principio de ‘no dejar a nadie atrás’ como criterio práctico para priorizar inversiones, diseñar instrumentos focalizados, y mejorar la desagregación y uso de datos (por territorio, género, edad, situación socioeconómica y otras variables relevantes)”.
Este INV se presenta cuatro años después del último; los cinco anteriores fueron entregados en 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022.
Objetivos y presupuesto
El informe expone un análisis que cruza el esquema presupuestal con los ODS, un estudio que comenzó a hacerse en la Rendición de Cuentas de 2016. La distribución del Presupuesto Nacional 2026-2029 por objetivos mantiene la pauta histórica: los cinco ODS con mayor peso en materia de recursos continúan siendo “reducción de las desigualdades” (20,5% en promedio del período), “educación de calidad” (19,9%), “paz, justicia e instituciones sólidas” (17,2%), “salud y bienestar” (14,8%) y “fin de la pobreza” (8,6%).
El INV compara con la situación del reporte correspondiente al 2020: “Si bien los cinco ODS más relevantes mantienen su posición, se identifican movimientos significativos que reflejan cambios en las prioridades de política pública, así como ajustes en la forma de clasificar determinados programas y unidades ejecutoras”. Como ejemplo, indica que una identificación más precisa de las partidas presupuestales con incidencia en igualdad de género mejoraron la representación del gasto en esta área.
Avances heterogéneos
Los ODS están presentados en 17 áreas relativas al desarrollo y cada uno tiene metas específicas.
El INV señala que las metas en las que Uruguay registra mayor grado de avance se concentran, en general, en indicadores de carácter socioeconómico.
En particular, el país presenta “desempeños destacados” en el ODS 1, vinculado a la reducción de la pobreza, por los bajos niveles de pobreza extrema en la comparación internacional medidos a partir de los umbrales de 2,15 y 3,65 dólares por día.
No obstante —agrega—, esos indicadores “conviven con desafíos persistentes”, especialmente en relación con la pobreza infantil y la pobreza que afecta a las mujeres, cuya reducción ha sido definida como prioridad por el actual gobierno. Además, la población en situación de calle, mayormente adultos varones, “ha ido en aumento hacia 2024-2025”, una “realidad (que) evidencia la vulnerabilidad existente aun superando umbrales mínimos de subsistencia”.
En el caso del ODS 6, los indicadores sitúan al país en “niveles acordes con los estándares internacionales”, tanto en lo que refiere al porcentaje de la población con acceso a agua potable como a los servicios de saneamiento, si bien “persisten heterogeneidades internas relevantes, particularmente en materia de cobertura de saneamiento entre los distintos departamentos”. Sobre este punto, el documento menciona como una de las prioridades implementar el Plan Nacional de Saneamiento.
El INV subraya resultados positivos en torno al ODS 7, relativo a la energía asequible y no contaminante. Como una acción prioritaria para seguir avanzando, menciona el propósito de “profundizar la descarbonización de la demanda, especialmente en transporte e industria”.
Los grados de progreso “moderado” se concentran en un conjunto diverso de metas, entre las que se destacan la educación de calidad (ODS 4), la igualdad de género (ODS 5), la industria, la innovación y la infraestructura (ODS 9), así como la paz, la justicia y el fortalecimiento institucional (ODS 16). En estos ámbitos, si bien Uruguay hizo “progresos relevantes, persisten desafíos estructurales que condicionan un avance más acelerado hacia el cumplimiento de la Agenda 2030”.
Por ejemplo, el caso del ODS 4, los indicadores asociados a la finalización de la educación secundaria “evidencian rezagos significativos, lo que constituye uno de los principales desafíos del sistema” de enseñanza y un “factor clave para la reducción de desigualdades a lo largo del ciclo de vida”.
Sobre el ODS 5, el documento del gobierno indica que el país enfrenta desafíos vinculados a la participación de las mujeres en cargos de representación y liderazgo político, así como a su acceso a posiciones de mayor jerarquía en el ámbito privado. “Estas brechas ponen de manifiesto la persistencia de desigualdades estructurales que limitan el pleno ejercicio de derechos y oportunidades”.
Respecto al ODS 9, afirma que Uruguay comparte con otras economías de la región una “baja participación relativa en las actividades industriales. Al mismo tiempo, si bien se observa un crecimiento sostenido del apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, continúan existiendo desafíos en términos de escala, articulación y orientación estratégica”.
Sobre el ODS 16, consigna que el país “atraviesa desafíos relevantes en materia de seguridad ciudadana”, en particular frente al aumento “moderado” de los homicidios en los últimos años.
Según el gobierno, las metas en las que se identifican los “mayores desafíos” se concentran en “áreas clave para el desarrollo humano sostenible”, en particular aquellas vinculadas a la vida submarina (ODS 14) y a la vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).
En el caso del ODS 14, Uruguay “aún enfrenta limitaciones relevantes en la medición sistemática del grado de avance, lo que dificulta una evaluación integral de los resultados alcanzados”, en especial en cuanto a la protección y el uso sostenible de los ecosistemas marinos y costeros.
En relación con el ODS 15, persisten “tensiones” asociadas a los modelos productivos predominantes y a la presión sobre los recursos naturales”, define el informe. No obstante, Uruguay consiguió “progresos significativos” en los últimos años en el fortalecimiento de su marco normativo ambiental, incluyendo la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la definición de una política nacional de cambio climático y la implementación de un Plan Nacional Ambiental. También menciona la creación, en 2020, del Ministerio de Ambiente, como un “hito institucional en el fortalecimiento de la gobernanza ambiental del país”, y la implementación de planes ambientales obligatorios orientados a promover el uso y la gestión sostenibles de los suelos productivos.
“Sin embargo, aún existen desafíos relevantes en ámbitos como la gestión del uso del agua, el equilibrio de nutrientes del suelo, el uso de productos químicos —incluidos pesticidas y fertilizantes— y las emisiones asociadas a las actividades ganaderas y agrícolas”, señala.
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