Director de OPP destaca el Presupuesto como “gran logro político”, pero quedó con sabor “un poco amargo”

Pero Arim también siente “un sabor un poco amargo”. Considera que el “esfuerzo” hecho por el oficialismo para, con “sesgos” de izquierda, incorporar en el Presupuesto modificaciones tributarias —que identifica como la reforma más importante en esa área desde la realizada en el primer gobierno de Tabaré Vázquez—, termina “deslucido parcialmente” por la propuesta de gravar al 1% más rico de la población para financiar políticas contra la pobreza infantil. El jerarca cree “pertinente” un debate al respecto, pero cuestiona planteos “mucho más entusiastas en la defensa del instrumento” que del “objetivo”, pone en duda los cálculos sobre el potencial recaudatorio de ese adicional impositivo y sostiene que “no es cierto” que permitiría “resolver o erradicar la pobreza infantil”.

—Cerrando el año y con 10 meses que van de mandato, ¿con qué está conforme y con qué no de la gestión del gobierno?

—Estos meses culminan con un hito muy relevante, aunque no es el único, que es la aprobación del Presupuesto quinquenal. Es un gran logro político, porque se aprueba con mayorías muy importantes en un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria por primera vez desde la restauración democrática.

A la vez, es un gran logro desde el punto de vista de la construcción de una política económica que sale al encuentro de las prioridades programáticas. ¿Dónde están esas prioridades? En la protección social, en infancia y adolescencia, en seguridad, y en ciencia y tecnología. Si se comparan al momento de aprobados este Presupuesto y el anterior, los incrementos en términos reales son —depende del año— entre 15 y 17 veces mayores. Lo mismo sucede con seguridad —es entre 10 y 12 veces mayor— y en la educación; en el caso de la Universidad República, el incremento presupuestal en 2026 va a ser cinco veces mayor que el que hubo en el primer año de gobierno anterior. Y si se hace la misma comparación con la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), la diferencia va a ser del orden de cinco veces mayor al final del período. En la política de ciencia y tecnología en el plano de las agencias, llega a ser 23 veces mayor.

Todo esto habla de un presupuesto que es austero, pero que se focaliza en las áreas prioritarias, y que asegura una política económica que sea solvente y sostenible en todo el quinquenio.

—Destaca como un logro político la aprobación del Presupuesto. ¿Da confianza para buscar acuerdos con la oposición que permitan sacar adelante otras leyes importantes para el gobierno?

—El año termina mejor de lo que empezó en cuanto a la capacidad de construir acuerdos nacionales. Recordemos que empezamos con una Rendición de Cuentas aprobada solamente con el voto (opositor) de Cabildo Abierto, aunque, básicamente, lo que hacía era reconocer las herencias fiscales. Se mostraron ciertas señales, no diría de alarma pero sí de cierta preocupación sobre el grado de tensión política que se estaba construyendo. Y la Ley de Presupuesto culmina, entre comillas, con la normalización de esa vida institucional y política al lograrse un conjunto de acuerdos en torno a políticas que en muchos casos fueron acompañados por legisladores de todos los partidos.

Rodrigo Arim, director de la OPP

Soy optimista y creo que no hay que ser maniqueísta. Más allá de las tensiones propias en la vida política y los debates nacionales, y de la virulencia circunstancial de algunas discusiones, hay algunos acuerdos… no solamente fue el Presupuesto, también desde el Poder Ejecutivo logramos acordar (las transferencias de fondos) con el Congreso de Intendentes. ¡Eso le hace bien al país! Sin renegar ni de posicionamientos ideológicos o filosóficos distintos, que existen y son necesarios, debemos tener canales de diálogo que permitan avanzar en agendas que sean sustantivas para el país. Y este gobierno lo necesita, por supuesto, para construir mayorías parlamentarias y para viabilizar procesos de cambio que son relevantes para Uruguay.

—¿Cree que el contenido del Presupuesto deja conforme al votante de izquierda?

—Diría que refleja con claridad las prioridades del gobierno, pero no solamente cuando uno lo ve por grandes rubros. Por ejemplo, estamos aumentando la inversión en los grandes entes de educación del país: la Utec (Universidad Tecnológica), la Universidad de la República, Ceibal y ANEP. ¿Dónde está el foco ahí? Por ejemplo, en becas y diversos apoyos. O sea, estamos priorizando con claridad el apoyo a las trayectorias educativas a lo largo de todo el ciclo educativo de las niñas, niños y jóvenes más vulnerables. Lo estamos haciendo con el bono de entrega de materiales para Primaria, con las becas para Secundaria, con los recursos que se necesitan para la Universidad de la República y en menor medida la Utec para becas también en educación terciaria. Si se suma todo el instrumento de las becas, a lo largo del período es de cerca de US$ 60 millones. Son más recursos para los más vulnerables, lo cual refleja el programa de la fuerza política que está en el gobierno. ¿Nos gustaría hacer más cosas? Por supuesto que sí. Pero la política pública no se construye en el vacío, sino con base en realidades económicas vigentes, en ciertas situaciones internacionales o regionales que tienen dinámicas propias y que no podemos olvidar.

—La elaboración y la negociación política del Presupuesto estuvo básicamente en manos del Ministerio de Economía y de Presidencia. ¿Qué papel jugó la OPP?

—Dentro de ese Presupuesto Nacional se reflejan algunos acuerdos previos que, desde el OPP, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, encauzamos con el Congreso de Intendentes. Eso se expresa, por ejemplo, en un conjunto de artículos que permitirán llegar al mayor guarismo histórico de transferencias hacia los gobiernos departamentales a través de instrumentos que ya existen, como el Fondo de Desarrollo Interior, pero también creamos un Fondo de Inversiones Estratégicas que tiende a reconocer asimetrías en el territorio. Ese componente prácticamente no recibió cuestionamiento en el transcurso del debate parlamentario, fundamentalmente porque había un acuerdo político que tiene un valor institucional muy grande.

Otra área tiene que ver con las empresas públicas; todos sus presupuestos anuales pasan (para su análisis) por la OPP. En ese diálogo, por un lado, se atendieron un conjunto de necesidades y de postergaciones que hacían también a la eficacia de las empresas públicas, desde la provisión de algunos puestos vacantes hasta la habilitación de procesos de inversión relevantes. Algunas tenían particular notoriedad, como en el caso de OSE, pero no es el único. Sin avanzar sobre la autonomía de las empresas como tales, se busca una consistencia que nos asegure cumplir los objetivos de desarrollo planteados para este período. Eso también es parte del armado de una estrategia presupuestaria en un sentido amplio.

—El Presupuesto introduce varias modificaciones tributarias como vía para bajar el déficit fiscal. Para usted, ¿ese fue el camino óptimo desde el punto de vista económico y político, considerando que, en la campaña electoral, el Frente Amplio prometía no subir la carga fiscal?

—En primer lugar, durante la campaña la previsión bastante unánime —incluso de las consultoras económicas— era que el déficit fiscal iba a ser por lo menos casi un punto (del Producto Interno Bruto-PIB) por debajo de lo que finalmente fue al asumir el gobierno.

En segundo lugar, el camino por el que se optó no es el de la construcción de nuevas herramientas tributarias, sino de darle mayor consistencia al sistema. Sí, por supuesto que hay un objetivo recaudatorio.

Es una reforma tributaria importante —sin duda la más importante desde la que hizo el Frente Amplio en 2007—, que está sostenida en un criterio de consistencia fiscal, en un análisis pormenorizado de cuáles son las herramientas fiscales que se puede utilizar, en una generalización de la base imponible para algunos activos que no tributaban en el extranjero y en la apuesta de incorporar un impuesto (mínimo global) con el cual Uruguay tenía un compromiso. Fue una estrategia solvente, razonable y que además obtuvo la mayoría necesaria para ser aprobada en el Parlamento Nacional. Y brinda el conjunto de recursos que le permite financiar el programa con el que se comprometió este gobierno. No tengo ninguna duda de que es el camino adecuado, que además demostró ser exitoso desde el punto de vista político y que ahora tenemos el desafío por delante de implementar.

—¿El gobierno debería aceptar discutir la “sobretasa” al Impuesto al Patrimonio a las Personas Físicas propuesto por el PIT-CNT para el 1% más rico de la población?

—Esto, para mí, es parte de algunos elementos paradójicos. Cuando se plantea lo del 1%, el objetivo de esa discusión tiene que ver con sostener políticas para las infancias y las adolescencias. Y en esto hay un aporte medular, porque al país y a la propia izquierda les ha costado priorizar infancias y adolescencias dentro de las políticas públicas. Priorizar quiere decir efectivamente colocar más recursos en estas dimensiones que en otras; entonces, ubicar esto como un elemento prioritario lo comparto y aplaudo. Y ha sido prioritario para el gobierno —el 40% de los recursos presupuestales (adicionales) van a áreas donde está la infancia y la adolescencia— y lo va a seguir siendo, porque desde el punto de vista nuestro, cuando avancemos en procesos como el del Diálogo Social, estas serán también las prioridades: tenemos que buscar sustentabilidad de mediano y largo plazo a políticas que deben apuntar fundamentalmente a mejorar la protección social de niñas, niños y adolescentes en Uruguay.

El problema (con la propuesta del PIT-CNT) es que se ha confundido en la discusión el instrumento con el objetivo; he visto posiciones mucho más entusiastas en la defensa del instrumento, que se supone que tiene un objetivo atrás, que en el objetivo en sí mismo. Con el objetivo estamos de acuerdo. ¿Qué pasa con el instrumento? Es una discusión pertinente y que está presente en el mundo, pero con pocos países que muestren avances sistemáticos al respecto. Yo diría, prácticamente no los hay. La mayoría son países con nivel de desarrollo distinto al nuestro y cuya capacidad de recaudación es mayor.

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Tengo un sabor un poco amargo. Hemos hecho un esfuerzo consistente y deliberado por construir una política tributaria que no toca los salarios de los trabajadores, que evita incorporar mayor carga tributaria a las pequeñas y medianas empresas uruguayas y que va a tener un nivel de recaudación relevante —yendo, además, al encuentro de las grandes prioridades que planteó el Frente Amplio y a los sesgos que debería tener el sistema tributario—, y eso termina deslucido parcialmente por esta discusión. Insisto: es una discusión válida, pero tal como está planteada la única certeza que tengo, entre otras cosas, es que recauda mucho menos.

Además, las estrategias fiscales hay que trazarlas para un período de gobierno y la estrategia fiscal de este período de gobierno está definida en el Presupuesto quinquenal. Cualquier discusión tributaria con estas características requiere una mirada integral de todo el sistema tributario, con coherencia y para evitar también superposiciones que generen efectos negativos de largo plazo. También es importante el momento político y económico; no es lo mismo plantearlo con la actividad creciendo que en una fase de desaceleración.

Pensar que vamos a resolver o erradicar la pobreza infantil a partir de este instrumento no es cierto.

—Algunos técnicos que asesoraron al PIT-CNT en el diseño de la propuesta hablan de unos US$ 600 millones o más anuales. No sería poca plata.

—Es una estimación que no se ajusta a los benchmarks internacionales. No es lo que recauda este impuesto a nivel internacional ni en las principales economías del mundo; difícilmente lo va a recaudar en un país como el nuestro. Pongo el ejemplo de Noruega, un país que tiene el principal fondo soberano obtenido en el petróleo del mundo occidental y que incorporó un esquema de imposición al patrimonio relevante: recauda medio punto de su PIB. Obviamente, en Uruguay estaríamos muy por debajo de eso. ¿Cuánto recaudaría?, ¿200 millones de dólares?

Pero, además, el planteo provoca otras discusiones. Porque nosotros también tenemos un conjunto de regímenes que tienden a generar incentivos para que extranjeros sean residentes fiscales con consecuencias relevantes y beneficiosas para el funcionamiento económico en general de Uruguay.

Entonces: encantado de avanzar en la lógica de evaluación (del impuesto a los más ricos). Pero no podemos pensar que Uruguay diseña instrumentos en donde, en realidad, no evaluamos con precisión cuáles son las consecuencias que tienen. Yo diría: ¿agenda relevante? Sí. El objetivo lo compartimos. El instrumento requiere mucho más trabajo, mucha más discusión y construcción, también, de acuerdos políticos.