—Fui invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo a apoyar al Ministerio de Economía y Finanzas en este proyecto con foco en la dimensión regulatoria, en la dimensión de permisos para la inversión y otros de distinta naturaleza, más allá de que es una iniciativa mucho más amplia: toca temas de competencia, de innovación. He aportado en distintos momentos de la confección del proyecto con miradas más generales y también viendo temas específicos.
—Hace pocos días, en la comisión del Senado que considera el proyecto, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo: “(Nicolás Grau) lideró una reforma muy parecida a esta (…) durante el gobierno de Boric, que para nosotros fue un buque insignia”. ¿En qué consistió, resumidamente, aquella reforma que el gobierno parece tomar como ejemplo?
—Primero, valoro mucho las opiniones del ministro; lo veo como un reconocimiento muy significativo. Lo que hicimos en Chile fue lo que se denominó la ley marco de permisos sectoriales, que está enfocado a los permisos de inversión principalmente. Estos permisos tienen dos grandes momentos o etapas: uno son los ambientales propiamente y otros son sectoriales, todos los otros permisos de salud, de temas específicos en minería, de la Dirección de Aguas. Son 40 instituciones del Estado que entregan más de 400 permisos sectoriales. Lo que hicimos fue crear un sistema de permisos sectoriales y buscamos reducir significativamente los tiempos de la obtención, sin por ello bajar el estándar regulatorio. Cuando uno se mete en toda la institucionalidad regulatoria de los distintos países, se da cuenta —y Uruguay no es la excepción— de que existen muchas oportunidades para hacer las cosas de manera más eficiente sin en ningún caso bajar el estándar regulatorio. Esa era la filosofía y en esto tiene distintas similitudes con lo que se está haciendo en Uruguay, más allá de que hay particularidades de cada país.
—¿El punto de partida es similar? ¿Cuál es su diagnóstico sobre la realidad regulatoria de Uruguay?
—Los dos países comparten algo que es muy importante en la región y en cualquier lugar, esto es, que tienen instituciones fuertes y que el Estado es confiable y con baja corrupción. No es algo que esté dado en otras realidades, tanto en nuestro continente como en otros lugares, y eso los empresarios lo valoran mucho porque reduce la incertidumbre.
Mi impresión es que en Chile el problema (regulatorio) era un poco más agudo en términos de los tiempos, de demora. Pero diría que ambos comparten la posibilidad de hacer una agenda sin descuidar estos activos que tenemos como países. Lo de Chile está recién comenzando, porque la ley fue aprobada a mediados del 2025 y está en proceso de implementación.
—El proyecto de competitividad de Uruguay es amplio. ¿Cómo lo analiza o lo define?
—Es un proyecto ambicioso y bien hecho, que muestra la capacidad del Estado uruguayo, más allá de una opinión del gobierno en específico, de hacer reformas ambiciosas. Lo segundo es que esta reforma busca, en la parte que a mí me tocó más trabajar, acelerar la inversión sin por ello descuidar el estándar regulatorio. Por lo poco que conozco, la sociedad uruguaya valora que se proteja la salud de las personas, digamos, no quiere correr riesgos innecesarios.
Además, el proyecto tiene la dimensión de reducir el costo de la vida, a mi juicio algo muy importante, porque es un ámbito donde Uruguay puede avanzar.
Este proyecto es inteligente en identificar cambios regulatorios muy simples, de sentido común además, que pueden tener un impacto en el costo de la vida, que está alto. Los dos más claros son, por un lado, la facilitación del segundo importador. Esto permite tener más competencia, bajar los precios y no poner en ningún caso en riesgo la salud de la población, la que está protegida en la medida que la primera revisión del producto haya sido bien hecha y exista trazabilidad de los productos en el caso del segundo importador. Por lo tanto, es un cambio muy simple, que puede tener un efecto relevante en el precio de los productos importados en Uruguay.
Y el segundo es la obligación para las tiendas más grandes de presentar todos los productos con el precio por unidad. Cuando parte de la estrategia de quien vende un producto es enredar al consumidor en la ecuación entre cantidad y precio, eso debilita el importante rol que tienen los consumidores en el buen funcionamiento del mercado, que es entre otras cosas disciplinar al mercado para que venda al menor precio posible.
Estos dos cambios ilustran muy bien la promesa del proyecto: que se pueden hacer cambios regulatorios razonables, bien pensados, precisos, pero que tienen efectos importantes.
—La baja en las barreras de acceso a los mercados que propone el proyecto con el segundo importador, ¿va a lograr ser efectiva para generar competencia, siendo Uruguay un mercado chico?
—Si uno ve los precios que existen en Uruguay de algunos productos importados —y esto me tocó leerlo en algunos estudios—, hay diferencias de entre un 30% y un 50% y, por tanto, todo hace pensar que existe una oportunidad para otros importadores que pueden estar vendiendo en un país cercano de Uruguay a 30%, 40%, 50% menos la posibilidad de vender esos mismos productos. Del punto de vista económico es evidente que existe una oportunidad.
De hecho, lo que han estimado los equipos técnicos del MEF es que esto podría tener un impacto de un punto porcentual en el IPC, por lo menos el efecto que llamamos de primera vuelta. Es algo que la sociedad uruguaya puede valorar.
Esto, a su vez, lleva una dinámica relevante en otras dimensiones que también puede aportar.
—Se refirió al proyecto como ambicioso. ¿Toca las cuestiones de fondo que hacen a los problemas de competitividad y costos que tiene Uruguay?
—Un proyecto así de ambicioso y con más de 200 artículos uno tiene que evaluarlo en dos dimensiones. Primero, si los temas que toca los toca bien. Segundo, si esos temas son importantes. Y el proyecto pasa esos dos test. Eso no significa que no haya otros temas que también son importantes y que también se podrían abordar.
Para Chile, abordar los permisos sectoriales era muy importante. En ciertos proyectos (de inversión) podía implicar reducir hasta dos tercios los tiempos que tomaban los permisos.
Además, cuando uno hace un proyecto que toca aún más cosas, corre el riesgo de no poder concretarlo en un tiempo razonable. Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre profundidad, ambición y a su vez que sea factible en términos políticos. Por supuesto, los uruguayos podrían hacer un juicio mucho mejor que yo, pero me parece que hay un buen equilibrio en estos aspectos con su proyecto. Debería tener efectos sustantivos y, además, hace otra cosa importante, y es que entiende que en materia regulatoria nunca existe algo así como una bala de plata o un cambio que lo soluciona todo. Junto con solucionar muchas cosas, define mecanismos para seguir solucionando problemas instalando mesas y el programa de mejora regulatoria; para que esto funcione necesitas confianza, necesitas sociedades cohesionadas y articulación pública-privada, y Uruguay tiene un punto de partida bueno para tener esa conversación.
—¿Cómo fue la experiencia desde la economía política para, desde un gobierno de izquierda en Chile, impulsar reformas de este tipo? ¿Le costó vender su proyecto?
—Fue una experiencia muy positiva y el proyecto tuvo bastante apoyo transversal. No estuvo exento de debate. Al mundo de la derecha lo que le preocupaba era que no se crearan nuevas instituciones o aumentar el tamaño del Estado a propósito de esto, y desde la izquierda, que tuviese un tinte de desregulación.
Mi contrargumento era que se necesita capacidad en el Estado para hacer buena regulación, para monitorear lo que está ocurriendo. Y eso, finalmente, el proyecto lo hizo con una estrategia que es muy parecida a la que se está haciendo en el caso de Uruguay. No necesariamente se crea nueva institucionalidad, sino que se refuerza lo que existe.
No es una reforma hecha desde la desconfianza al Estado, sino desde la confianza al Estado, pero que entiende que se pueden hacer mejor las cosas, que hay oportunidades de eficiencia sin descuidar los aspectos regulatorios.
Entonces, el proceso político por supuesto fue desafiante; nos demoramos un año y medio (en aprobarlo) y nos había tomado como un año construir el proyecto. Finalmente, la experiencia chilena demuestra que puede haber acuerdos transversales entre el mundo más progresista y el mundo de derecha, luego de, diría, los últimos 15-20 años sin acuerdos en materia de agendas productivas.
—¿Con qué argumentos convencería a un legislador o dirigente frenteamplista de que debe apoyar esta reforma?
—Para quienes somos de izquierda y creemos que el Estado tiene una función relevante en la sociedad, es importante que este funcione bien, que sea racional y que se cumplan estos principios que están en el proyecto de ley, por ejemplo, de proporcionalidad. Es decir, si quieres cuidar algo, la medida que utilizas tiene que ser proporcional a lo que estás cuidando. Los permisos de inversión son importantes también para construir hospitales, escuelas o puentes, entonces, en el fondo esta es una agenda que también tiene que ver con probar que el Estado pueda hacer bien las cosas.
Lo segundo tiene que ver con el eje del costo de la vida. Una de las cosas más importantes que ha motivado al mundo progresista en su historia es que la gente tenga un buen estándar de vida, y eso se consigue creciendo más, distribuyendo bien y también teniendo un funcionamiento de las distintas instituciones y del mercado que hace que no exista un costo de la vida por sobre lo que uno debiera tener. Esa agenda, que creo va a tener un impacto en las grandes mayorías de la población uruguaya, también debiera hacer mucho sentido al mundo de izquierda.
Lo tercero es que la agenda de mejoras regulatorias se está desarrollando en todo el mundo, también en nuestro continente, por algo muy natural: las regulaciones y los permisos, cuando se hacen bien, son parte de un progreso civilizatorio.
Estoy convencido de que la izquierda no le debe entregar a la derecha la agenda de modernización regulatoria, no hay ninguna razón para eso, porque es un tema de sentido común, de eficiencia del Estado, de cumplir los objetivos que uno se propone. Y eso, insisto, para personas que le damos un valor muy importante al rol del Estado en la sociedad, debiéramos ser los más preocupados de que eso sea cierto. El hecho de que una reforma de este tipo la impulse un gobierno progresista es más garantía de que eso ocurra, lo que me parece positivo.
+ 
