La situación general es que es necesario ordenar la casa, ajustar algunas cosas y, a su vez, cubrir los servicios que son necesarios. Por ejemplo, (el Ministerio de) Ganadería plantea que le falta gente, (el de) Industria plantea que le falta gente, en el Ministerio de Trabajo pasa lo mismo con los inspectores y los negociadores, en (el de) Economía se han ido resolviendo algunos temas con transformaciones de cargos, en Presidencia igual. Por el decreto 310, el famoso tres por uno, hay muchas vacantes para proveer; en algunos ministerios va a ser fundamental poder llenarlas.
Lo que llama un poco la atención es la diversidad de vínculos existentes con el Estado. Siempre uno visualiza la típica carrera administrativa, pero vienen de hace años, por ejemplo, contratos de función pública o zafrales, también contratos de servicios con el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), que se usan como herramienta de auxilio para determinados proyectos. A veces los salarios en el sector público no son atractivos para determinados servicios.
—Lo que le transmiten distintos jerarcas, entonces, es que les falta personal. Pero la cifra de vínculos laborales con el Estado aumentó a 313.796 en 2024.
—Respecto a 2023 creció, exacto.
—¿Son insuficientes? Algunos piensan que son demasiados…
—Los funcionarios son necesarios en la medida que el servicio los requiera. Capaz se visualiza hoy el número global y podés decir que es un número importante, pero cuando vas a los lugares específicos falta gente.
—Dice que sobra personal en algunos lados y que falta en otros. ¿Qué se propone hacer el gobierno frente a eso?
—Básicamente, donde no se necesite personal no se va a reponer y en todos los casos en que se precise, sí, sobre todo las vacantes que hay, y hay unas cuantas. Y estar un poco al equilibrio presupuestal, ¿no? Porque también eso es importante.
Acuérdese de que, por ley, se regularizó mucha gente que era tercerizada, por ejemplo, de comisiones de apoyo, que se incorporaron al Estado en una situación bastante compleja.
—¿Compleja en qué sentido?
—Porque fueron regularizaciones de gente que no tenía vínculo con el Estado directo, sino a través de terceras personas, por ejemplo, para prestar determinado servicio de salud pública. Muchos pasaron de ser dependientes; es una forma de regularizar funcionarios sin ir a concurso de ingresos, como debería ser.
Es razonable plantearse buscar la forma de que todo cumpla por el mismo salario, el mismo horario. Es como una ecuación básica Es razonable plantearse buscar la forma de que todo cumpla por el mismo salario, el mismo horario. Es como una ecuación básica
—¿Se va a eliminar el decreto que mantiene vigente el uno por tres para poder llenar todas las vacantes?
—Nosotros sugerimos su derogación, aspiramos a que sea derogado y se vuelva al estado anterior.
—¿Va a ser parte del proyecto de Ley de Presupuesto?
—Nosotros lo planteamos como una necesidad. Porque si seguimos con ese concepto (del uno por tres) vamos a achicar tanto las vacantes que nos vamos a quedar sin poder reponer las vacantes necesarias para poder funcionar. En algunas oficinas —pasa en muchos lugares— es prioritario reponer personal para tener un funcionamiento más adecuado.
Ha cambiado mucho el sistema de gestión pública y hoy tenemos nuevas herramientas, como la inteligencia artificial. Eso también nos da otro panorama sobre necesidades de servicio: hay mucho trámite que se hace online, pero requiere otros soportes. En varios puntos del país se requiere mucha atención personalizada, y para atender al paisano también hay que llevar el Estado al territorio; para eso se necesitan recursos humanos.
—Entonces, ¿la plantilla va a seguir creciendo en estos años?
—La idea es mantener el presupuesto balanceado. Es decir, cubrir las necesidades que están presupuestadas. No hacer crecer el Estado, sino estar a las necesidades que se requieren.
Cuando hablamos con COFE, ellos dicen que se necesitan unas 2.000 personas; nuestra visión es que puede ser un poco menos. Ahora se están escaneando todos los ministerios, todas las unidades ejecutoras, para poder determinar dónde se precisa gente y dónde no. O redistribuir gente, porque, si los recursos humanos los tenés, no los podés desaprovechar.
También tenemos la realidad de una población de funcionarios envejecidos. A veces no resulta atractivo para los jóvenes ingresar al Estado porque tampoco tienen una perspectiva de crecimiento o desarrollo. Es una cosa real.
—¿Qué otros temas van a negociar con COFE que puedan eventualmente incluirse en la próxima Ley de Presupuesto?
—No tenemos una plataforma oficial con sus reivindicaciones, pero lo que ha planteado COFE es la carrera administrativa, el sistema de evaluación. También, obviamente, los reclamos salariales pertinentes, y la jornada laboral, la conciliación por las licencias por enfermedad y el llenado de las vacantes.
—¿Cuál es la postura del gobierno sobre la jornada laboral?
—Mi visión personal, no institucional, es que cuando uno llega acá se encuentra con una realidad diversa de horarios. Depende, para que se entienda, de cuándo la persona entró a la función pública: si ingresó a partir del 2014, se aplica el régimen de las 40 horas semanales, ocho por día; si entró antes de ese año, son seis horas y media. Eso es en lo general. Entonces, tenés sentados en la misma oficina a una persona ganando por seis horas y media lo mismo que el que trabaja ocho; no podés organizar el trabajo así. Ahora, cuando analizás todo el Estado —uno de los planteos que hace COFE—, en algunos lugares tenés regímenes de 48 horas, otros de 44, otros de 40, otros de 36, y hasta de 30 horas semanales. Nosotros entendemos que es razonable plantearse buscar la forma de que todo se cumpla por el mismo salario, el mismo horario. Es como una ecuación básica.
—¿Cómo se resuelve esa dispersión de horarios entonces?
—La estrategia nuestra es, bueno, ver qué planteo hace COFE y analizar nuestras necesidades, porque tampoco podemos decir: “Vamos a un régimen horario determinado que afecte los servicios”. O sea, los servicios se tienen que prestar. También es cierto que tenemos un problema de funcionamiento importante. Porque yo no sé si a mi recurso humano lo voy a tener ocho horas o seis horas y media. Aparte, eso produce fricciones dentro de la misma unidad.
—¿Hay voluntad política de tomar una medida concreta al respecto?
—Lo queremos conversar para lograr una coherencia horaria. Todos los temas que plantee COFE y, a su vez, las propuestas que tenemos nosotros para mejorar el funcionamiento las queremos negociar colectivamente, ir a la negociación colectiva. Se podrá avanzar y acordar o no, o llegar a un punto medio, pero es una etapa necesaria. Ahora, sí es cierto que hay que corregir algunas cosas para poder prestar el servicio con las mejores condiciones.
—Dijo que se aspira a que se pague el mismo salario por el mismo horario. También hay disparidades en las remuneraciones por las mismas tareas dentro del Estado. ¿Se pretende corregir eso, que tiene que ver en muchos casos con las distintas compensaciones salariales existentes?
—Un recibo de sueldo tiene muchos rubros, por las famosas asignaciones de funciones, las compensaciones, los presentismos, todos los beneficios que tiene un trabajador. Creo que la aspiración real es tratar de ordenar eso de alguna manera para que, básicamente, si se quiere aspirar a una carrera administrativa dentro del Estado, se pueda plasmar. Hay que trabajar en aras de que las cosas pasen como deben pasar, capaz que ir limando cuestiones para que esas compensaciones y esas asignaciones de funciones vayan desapareciendo. Eso sería lo ideal. Pero cuando abrís el Estado en toda su dimensión encontrás que se arrastra un sueldo base y compensaciones que vienen de presupuestos de épocas inmemoriales. A su vez, es una práctica de que a veces, cuando no tenés un cargo para llenar o por la situación que sea, asignás funciones y estás pagando una diferencia de sueldo. ¿Es (un tema) a corregir? Entiendo que sí, pero son tantas las cosas que tiene el Estado para hacer, ¿no? Nuestra intención es avanzar en el sentido de que todas esas cuestiones se resuelvan. Pero también vivimos en Uruguay y sabemos que es una tarea titánica.
—En el período anterior se aprobó la ley que creó la nueva carrera funcional, donde se identificaron ocupaciones y se le asignaron valores salariales, pero no se llegó a implementar. ¿Cuál es la postura del gobierno al respecto?
—Ahí, el concepto que encontramos nosotros es que se dispone una carrera administrativa, se regula una carrera administrativa, pero tampoco se le asignan recursos. Tampoco está claro si esa carrera administrativa tiene el consenso de los trabajadores para llevarla adelante. Es decir, ¿qué tan interesante puede resultar una carrera administrativa que en el colectivo resulte interesante a 1.000 o 1.500 funcionarios? ¿Cómo medís económicamente qué incremento presupuestal se precisa para aplicarla? ¿Esta carrera administrativa llegó después de una larga negociación colectiva? Hay cantidad de cosas que son importantes. Para que prospere la carrera administrativa, es necesario que la gente se convenza de su funcionalidad, de que es buena y que le permita hacer una carrera realmente. Si no, puede llegar a pasar que el funcionario se pregunte: “¿Y a mí qué me reporta aspirar a ascender a este grado si la diferencia salarial que tengo es menor para el nivel de responsabilidades que asumo?”. Por eso creo que uno de los temas que va a ser, de acuerdo a lo que adelantó COFE, material de negociación colectiva es poner en la mesa el tema de la carrera administrativa.
—¿La carrera aprobada en el período pasado no tuvo el acuerdo de los gremios públicos? El anterior director de la ONSC Conrado Ramos aseguraba que sí.
—Lo que dicen es que no hubo la suficiente negociación colectiva como para acordar algo al respecto. Yo no sé si existió un acuerdo firmado, pero uno de los planteos que hacen ellos es que la carrera administrativa hay que discutirla con los trabajadores. Digo lo que me dice COFE.
—Ramos, antes de dejar el cargo que usted ocupa hoy para asumir como secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), dijo en una entrevista con Búsqueda que la gestión humana en el Estado “se hace por topes presupuestales y la hace el Ministerio de Economía, no esta oficina; si el día de mañana viene un gobierno y quiere que la ONSC sea su asesora en política de gestión humana, estaría preparada para serlo”. ¿Qué rol tendrá la oficina en esta administración?
—El rol de la oficina, más allá de los procesos en los que debe intervenir por ley… Inclusive, se le fueron incorporando competencias como, por ejemplo, en el 2007 la participación en la negociación colectiva. Entendemos que su rol debe ser de consulta permanente sobre la gestión humana, que hoy básicamente lo tenemos, o lo empezamos a tener, de que se nos consulta mucho desde las distintas unidades o incisos. ¿Por qué lo digo? Porque ha sido positiva la respuesta. Cuando asumimos el 1º de marzo, a la semana estábamos comunicándonos con todos los ministerios, a través de sus ministros, los subsecretarios, los directores de secretaría, poniéndonos a la orden para lo que sea. La idea es que desde la ONSC seamos una rueda de auxilio, una herramienta que permita el manejo más profesional de los recursos humanos en estos lugares.
—¿También debería tener algún tipo de injerencia sobre las intendencias, cuyas contrataciones directas han sido muy cuestionadas y ahora se discute en el Parlamento un proyecto de regulación al respecto?
—Ahí se plantea la discusión de la autonomía de los intendentes. Es un tema complejo; entiendo que sí es pertinente —porque es muy positivo— que todos los funcionarios que ingresan a las intendencias sea por concurso de oposición y mérito, así como eventualmente por sorteo si la necesidad del servicio lo requiere. Porque la realidad departamental es muy diversa. Ahora, creo que eso debe ser una definición del Congreso de Intendentes que diga: “Nosotros entendemos pertinente que la Oficina Nacional del Servicio Civil participe preceptivamente de los concursos”. Más allá de eso, hoy participamos apoyando tribunales de distintas intendencias.
—Además de ayudar a “ordenar la casa”, como dijo al inicio de esta entrevista, ¿qué otras prioridades de gestión tiene?
—Nuestro proyecto, básicamente, de gestión, es darle mucha trascendencia a la Escuela Nacional de Administración Pública; para nosotros es fundamental la formación de los funcionarios, que en su gran mayoría tienen ganas, tienen capacidades y quieren trabajar. Hay que posibilitar el acceso de formación de funcionarios a distancia con más énfasis. Es necesario darles a los funcionarios más herramientas para poder desembarcar en el territorio.
Después, la innovación. Queremos profundizar el uso de la inteligencia artificial para, por ejemplo, achicar los procesos de selección de personal, que a veces pueden llevar de cinco a seis meses, con toda la garantía del caso. Si nosotros podemos, por ejemplo, utilizando este tipo de herramientas en la corrección de pruebas, en la selección de datos en procesos de selección absolutamente transparentes, hay posibilidad de reducir plazos.
En la formación y en la elaboración de los llamados para que pueda ingresar gente joven para reponer el músculo de los servicios públicos, le va a hacer muy bien al país. Tampoco podemos fantasear con muchas cosas dadas las restricciones presupuestales; a veces no todo es dinero y podría pensarse en dar flexibilidad, la posibilidad de estudiar y seguir desarrollándose.
