El gobierno prevé destinar al menos 10% de cupos del programa Uruguay Impulsa a personas en calle

Aunque celebran que se les haya dado la oportunidad de “participar del diálogo”, la sensación que primó tras ambos anuncios fue que las respuestas del gobierno respecto a la inclusión laboral de personas sin hogar “son insuficientes”, señalaron a Búsqueda desde la Red de Entramados. La meta presentada en conferencia de prensa por Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social, fue “de lo más concreto” que escucharon hasta el momento. Pero al mismo tiempo, la falta de detalles sobre los cupos previstos para este año y la forma en que se implementarán las medidas les provocaron una serie de “miedos” e “incertidumbres” a los integrantes de esa organización social, afirmaron.

Por otro lado, recordó, el proyecto de ley de empleo integral incentiva la contratación de personas en vulnerabilidad socioeconómica integrando el Índice de Carencias Críticas del Mides. La ley vigente de Promoción del Empleo (19.973), aprobada en el gobierno anterior, se basa únicamente en el dato de la “línea de pobreza”, por lo que la nueva metodología asegurará que, por ejemplo, se comprenda a quienes obtuvieron la tarjeta Uruguay Social por padecer la situación de calle.

Hay “esperanza”, entonces, de que la nueva ley aumente los puestos de trabajo para esta población gracias a los cambios en las mediciones y la “retroalimentación” que creará el beneficio a personas liberadas, señaló. No obstante, Araya consideró “arriesgado” estimar que el número de alcanzados —en suma con los de Uruguay Impulsa— completará los 2.000 cupos comunicados.

Bases y condiciones

La principal preocupación de la Red de Entramados radica en la pregunta de si los puestos ofrecidos continuarán la lógica de otras iniciativas de empleo protegido usualmente “muy transitorias”, con contratos a término por cierta cantidad de meses. “No sabemos si van a ser efectivamente puestos de trabajo que nos permitan (a las personas en situación de calle) estabilidad en la sociedad”, resumió William San Martín, integrante de la organización.

A partir de experiencias anteriores, sumó que este tipo de programas suelen restringir el reingreso de personas que ya fueron beneficiadas recientemente o, en su defecto, exigen un determinado tiempo de desocupación. Cuando las bases y condiciones se dan en esos términos, se perpetúa un “pasamano que hace el Mides”, que “en vez de promover la autonomía, genera la dependencia frente al sistema”, criticó.

La nueva edición de Uruguay Impulsa continuará la modalidad a término de cuatro meses, “con los mismos requerimientos y exigencias” que el año pasado, indicó Araya. Eso es, en resumen, no estar cotizando en el sistema de seguridad social y tener entre 18 y 65 años. La posibilidad de volver a participar, sin embargo, está en revisión.

“Es verdad que hay un riesgo de que la persona quede atada a este tipo de programas y que tenga que esperar de nuevo un año para volver a trabajar cuatro meses más. No es algo que nos gustaría, y esperamos que no. Vamos a ver qué medida tomamos con respecto a eso, porque no queremos generar un efecto de que la persona quede dependiente”, sostuvo.

Cumplimiento

Asimismo, desalienta a la Red que “si ya no se cumple la cuota” de contratación en organismos del Estado para, por ejemplo, personas trans o afrodescendientes, tampoco nada les garantiza que exista un control para el cumplimiento de nuevas políticas que contemplen el empleo para personas en calle. Aplica, asimismo, para los programas de formación, que, según mencionaron, no incentivan suficientemente su inserción laboral.

“La mayoría de los participantes (de la Red) que estamos o estuvimos en situación de calle fuimos participantes de los programas de capacitación de Inefop (Instituto de Empleo y Formación Profesional). ¿Qué es lo que pasa con todas esas personas que fueron formadas, que hoy tienen su diploma y todavía seguimos esperando esa inserción?”, manifestó San Martín.

En ese sentido, “es clave el compromiso del sector privado”, sostuvo la socióloga y activista Lorena Briozzo. Y afirmó que, cuando las empresas no colaboran con sostener estos procesos “se vuelve a la lógica del eterno asistido, que no solamente pasa en lo laboral, sino en todo el sistema de atención”.

Los encuentros más “favorables” para promover la sinergia con el sector privado hasta el momento han sido con la Cámara de la Construcción, valoraron. Es en parte gracias a la “coordinación de fuerzas” con el Sindicato Único Nacional de la Construcción (Sunca) que llegó a acuerdos para la contratación de personas en situación de vulnerabilidad. Con otros sectores del ámbito privado, lamentaron, “ha costado llegar”.

El próximo jueves 30, la Red mantendrá una reunión con autoridades del Mides para que se aclare en “lenguaje sencillo” las medidas previstas en la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle.