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Esta semana el Banco de Previsión Social (BPS) publicó sus estados financieros al cierre del 2025, que resultaron en un déficit equivalente a US$ 227 millones, luego de la asistencia económica del gobierno central. Explicó el resultado mediante un comunicado institucional como la “contrapartida” de la resolución de expedientes y trámites jubilatorios atrasados que se arrastraban de la gestión anterior —se otorgaron 6.723 jubilaciones más que en 2024—, así como incrementos en el acceso a pensiones.
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A esa razón, el BPS sumó la cobertura de prestaciones a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por US$ 71 millones, como asignaciones familiares del Plan de Equidad, para las que no se recibieron pagos. “Fue un evento puntual del año pasado que tenía que ver con que el Mides venía funcionando con un presupuesto del 2024”, comentó a Búsqueda la presidenta del BPS, Jimena Pardo. A fin de año la cartera de Desarrollo regularizó la mitad de lo adeudado y, según la jerarca, “en estos días” el instituto previsional recibirá la transferencia de la totalidad de los fondos.
También hubo cierta afectación en las ganancias del BPS por inversiones, debido a la baja del valor del dólar durante el año pasado, pero fueron “dentro de lo normal”, señaló.
El balance del BPS del 2024 había cerrado positivo —luego de la asistencia estatal— en unos US$ 38 millones. La comunicación oficial aclaró que el déficit de 2025 se reduce a US$ 177 millones si se consideran las utilidades de República AFAP —sociedad de la que es accionista minoritario— y los Fideicomisos de la Seguridad Social propiedad del instituto. Según se desprende de la auditoría externa que acompaña los estados contables, esas utilidades tuvieron una disminución del 15,11% y del 29,73%, respectivamente, si se las compara con las registradas en el año anterior.
Por otro lado, Pardo indicó que el 70% de la asistencia estatal del año pasado —que rondó en US$ 497 millones— se explica también por aumentos en la cantidad de prestaciones familiares, de salud y seguros por desempleo, así como la implementación de la asignación por la ley de embarazos múltiples (20.365) que “no se estaba cumpliendo”, y por la que hubo pagos retroactivos.
Consultada sobre las expectativas financieras para el ejercicio en curso, la presidenta recordó que el envejecimiento demográfico hace que el sistema esté cada vez más “tensionado”, pero que “este año no se están generando atrasos nuevos” de expedientes jubilatorios. Añadió que en 2025, esa situación justificó “cerca de la mitad” del déficit, y que ahora el crecimiento tendencial de pasivos “debería volver” a tasas similares a las observadas previamente.
Nuevos planes
Tal como había adelantado en noviembre, la jerarca indicó que el BPS está trabajando en una propuesta legislativa a presentar al Poder Ejecutivo que permita la regularización de deudas para los contribuyentes con atrasos de pago, especialmente para unipersonales, pequeñas y medianas empresas. El texto borrador está a consideración del directorio, y la expectativa es que dentro de “un mes y medio” o dos esté en conocimiento del Parlamento.
“Tenemos unas 340.066 empresas activas, de las cuales el 93% cumple voluntariamente con las obligaciones tributarias. O sea, la mayoría paga. La morosidad sobre la recaudación viene bajando históricamente y se situó en el último año en un 2,5%. Ahora, tenemos unas 37.508 empresas morosas que podrían beneficiarse de esta ley, de las cuales 4.254 son activas”, contextualizó la presidenta.
Si bien aún no se está en condiciones de detallar los planes de amortización hasta que finalice el tratamiento en el directorio, Pardo comentó que el foco serán justamente las empresas “activas” por sobre las que suspendieron actividad; para esas “va a haber algún beneficio adicional”, por ejemplo, “que no haya mínimo de cuota”.
“No es una regularización de adeudos como un banco comercial, porque lo que nos deben tiene que ver con aportes patronales, pero también aportes personales de personas dependientes. Tenemos que asegurar que las empresas se pongan al día. La ley no podría ser más benevolente para alguien que debe que para alguien que paga todo el tiempo. Lo otro es que no puede tener quitas de capital, y mínimamente te tiene que reintegrar lo que te hubiera rendido la parte que va al ahorro individual, porque eso es resguardar la situación previsional del trabajador dependiente”, consideró.
