BPS planifica ley de regularización para deudores, más uso de inteligencia artificial y simplificar trámites

El primer objetivo fijado es resolver cuanto antes los expedientes atrasados de trámites (“altas”) de jubilación. La presidenta del BPS, Jimena Pardo, dijo a Búsqueda que en lo que va del año se logró reducir en un 60% los 58.103 expedientes pendientes anteriores al 1 de mayo. Considerando los expedientes iniciados entre ese mes y octubre —unos 8.852—, se abatieron un 19%.

Fortalezas y debilidades

En un análisis estilo FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), los servicios del BPS identificaron una “reputación institucional” y confianza de los usuarios. Entre las oportunidades, mencionan un crecimiento en la población de “nativos digitales” —que facilita la atención remota— y nuevas posibilidades de explotación de “big data” gracias a los avances de la inteligencia artificial (IA).

Sobre esto último, Pardo señaló que el banco ya utiliza la inteligencia de datos tanto para la fiscalización y control del fraude como para el suministro de información a otros organismos. En ese sentido, comentó que están trabajando en un nuevo acuerdo con la Dirección Nacional de Aduanas y que planean extender el uso de “modelos predictivos” —información histórica para dirigir inspecciones más eficientes— a nuevas áreas, como la de salud. Entre otras ventajas, la explotación de datos permite mejorar las proyecciones presupuestales y financieras, explicó.

Las debilidades descritas refieren a una rigidez de la estructura organizacional del BPS, donde la verticalidad “dificulta la comunicación y la toma de decisiones” y genera faltas de coordinación entre áreas, observó la gerencia. En el plano tecnológico, hay una “dispersión” respecto a los proveedores de soluciones y un sistema de prestaciones “desactualizado, con alto riesgo operativo y de cumplimiento”.

Dicho sistema tecnológico, que permite la solicitud, tramitación y pago de todas las prestaciones, tiene un “núcleo central” que data del año 1999. La presidenta del ente indicó que su desactualización está provocando —especialmente desde la reforma de 2023— “un número creciente de incidentes y necesidad de ajustes” que eleva los costos de mantenimiento. Para atender ese problema, Pardo dijo que se incorporó en el plan de presupuesto 2025-2026 —a la espera de la aprobación por parte del Ejecutivo— una licitación para el diseño de una nueva solución tecnológica, que luego de adjudicada tardaría cuatro años en desarrollarse. Es el proyecto “más grande y que tendrá mayores impactos”, tanto en mejoras del proceso de trámite como de atención, afirmó Pardo.

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Entre otras debilidades internas, el plan admite una “inexistencia” de evaluaciones de desempeño y dicultades para captar y retener funcionarios calificados. Hacia afuera, los procesos de atención “no se diseñan con foco en el usuario” dado que la información es excesiva y de lenguaje demasiado técnico. Además, el diseño de la página web “no está adaptado a las necesidades de comunicación actuales”, plantea.

Los ciberataques y el incremento del riesgo de fraude se mencionan entre las posibles amenazas, así como el aumento de modelos de negocios digitales que podrían incidir en los niveles de informalidad. Hay otros aspectos vinculados a la desinformación, como una comunicación “distorsiva externa” sobre los cambios que implementó la reforma que “puede generar desconfianza e incertidumbre en la población”.

“Del mostrador para adentro”

Las líneas estratégicas del BPS apuntarán a mejorar el asesoramiento a los usuarios, sistematizar la actualización de datos en la página web “con enfoque en el derecho a entender”, mejorar la gestión de quejas e inquietudes y fortalecer el trato “amable y cordial”. A su vez se buscará minimizar los tiempos de espera dentro de las oficinas y reducir el tiempo entre solicitudes y resoluciones de trámites.

Para ello se están estudiando desarrollos de “transformación digital” que simplifiquen procesos “del mostrador para adentro”. Pardo ejemplificó con un proyecto piloto que hoy se está utilizando para el reconocimiento de años trabajados, que compila información dispersa del usuario y crea su expediente electrónico. El aplicativo permite disminuir el tiempo de atención inicial de unos 50 minutos a alrededor de 15 minutos, aseguró. El plan es llevarlo a más trámites y extenderlo a todos los puntos del país.

Otra herramienta a ampliar es el simulador “mi jubilación estimada”, para quienes no necesariamente se quieren jubilar pero quieren saber cuánto podrían llegar a cobrar. Para acceder a ese cálculo es necesario tener al menos 58 años y 28 años de aportes como mínimo, pero se piensa en bajar esos requisitos.

En el plan, el BPS fijó el objetivo para 2030 de pasar de un 9% de inicios digitales de trámites por prestaciones a un 91% sobre el total. También bajar de 90 a 70 días de demora para el pago de la jubilación común, y en lo que refiere a soluciones habitacionales, abreviar los tiempos de recuperación y readjudicación de unidades de 45 a 43 meses.

“Cultura de cumplimiento”

La institución fomentará “la cultura de cumplimiento tributario” a través de una comunicación clara a los contribuyentes, la creación de alertas tempranas para quienes muestren desvíos y la reducción de los “costos de cumplimiento”, describe el documento. Eso último, aclaró Pardo, supone profundizar en la simplificación de las formas de pago para que al BPS “le cueste menos ir a buscar a los que quieren pagar, pero que —eventualmente— no lo hacen porque el trámite les resulta difícil”.

Algunas experiencias previas son, por ejemplo, la inscripción y facturación automática en el servicio doméstico, incluyendo el costo del seguro de accidentes de trabajo —”lo que requirió acuerdos con el Banco de Seguros”—, y donde también se cuenta con un chatbot de respuesta a consultas.

Otro punto es fortalecer la fiscalización inteligente para aumentar la percepción de riesgo entre los usuarios, intercambiando información con otras instituciones, optimizando los procesos de cobranza judicial y aplicando sanciones a quienes “persisten en la evasión”. Pardo anunció que un objetivo para 2026 es proponer al Poder Ejecutivo una ley “que permita regularizar su situación a todos los contribuyentes con atrasos” de pago, especialmente en trabajadores independientes y pequeñas y medianas empresas.

Sobre el control interno, se buscará para 2030 aumentar de 40% a 65% las implementaciones de recomendaciones de la Auditoría Interna del BPS. También fortalecer la “ciberresiliencia”, cumpliendo con el Marco de Ciberseguridad de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

Funcionarios

El plan establece el objetivo de mejorar la infraestructura y el bienestar laboral en las oficinas del organismo.

Por otro lado, un indicador a alcanzar es, para 2030, llegar con un 70% de funcionarios capacitados en el uso de IA y aumentar del 70% al 85% la cantidad de funcionarios que completan al menos 12 horas de capacitación al año.

Consultada sobre la posibilidad de que la implementación de soluciones con IA afecte puestos de trabajo, Pardo respondió que esa tecnología es “muy incipiente” y requiere difundir entre los funcionarios “en qué cosas se puede utilizar y de qué forma”, respetando las normas de, por ejemplo, el secreto tributario. En ese sentido, el objetivo de capacitación continua en este tipo de herramienta contempla su uso en tareas “estandarizables”. Aclaró: “No se prevé a mediano plazo que esto redunde de por sí en disminuir el número de funcionarios, pero sí se busca mejorar y simplificar procesos, lo que redundaría en disminuir los tiempos de procesamiento de expedientes, por ejemplo”.

En términos de transparencia y acceso público a la información, el instituto se propone intensificar la publicación periódica de resultados y compromisos asumidos, así como trabajar en datos estadísticos para la evaluación de políticas públicas, especialmente las que correspondan en el ámbito del Diálogo Social convocado por el Poder Ejecutivo para discutir cambios en el sistema de protección social.