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Gasto e inversión pública en innovación, desarrollo científico y tecnológico se estancaron en 0,9% del PIB
La Universidad de la República, la Intendencia de Montevideo y UTE fueron los organismos que más recursos destinaron en 2024 a estas áreas, que se consideran claves para impulsar un salto en el desarrollo económico del país
El Instituto Pasteur de Montevideo gastó e invirtió US$ 11,3 millones en investigación y desarrollo en 2024
“Salvo que inventen la alquimia”, si los gobernantes quieren que Uruguay se aproxime al desarrollo, el único camino posible es apostar a ciencia, tecnología e innovación, y eso requiere invertir allí más dinero. ¿Cuánto? Aunque reacio a las metas numéricas porque “dependen de muchas variables y de cómo el país va funcionando”, puede ser el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) que suele señalarse o, para poder compararse con países “top”, debería llegar a 2,5% o 3%, sumando fondos públicos y privados, sostiene Bruno Gili, responsable de Uruguay Innova (U+I), un programa gubernamental lanzado en mayo que busca darle impulso a esta temática.
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En 2024, ya casi cerrando la administración encabezada por Luis Lacalle Pou, los recursos públicos ejecutados en gastos e inversiones en innovación y desarrollo científico y tecnológico totalizaron $ 28.500 millones, que, convertidos al dólar promedio de ese año, fueron casi US$ 709 millones. En relación con el tamaño de la economía uruguaya medido por el PIB, ese monto representó un 0,88%; eso es prácticamente lo mismo que lo destinado en 2023 (0,89% del Producto). El dato no está disponible en las Rendiciones de Cuentas de años más lejanos.
La información contenida en los anexos de la Rendición de Cuentas del año pasado presentada por el Poder Ejecutivo al Parlamento en los primeros días de junio contabiliza dentro de ese rubro la investigación y desarrollo (I+D), que comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos mediante investigación básica y aplicada, así como el desarrollo experimental o tecnológico; los servicios científicos y técnicos (actividades de bibliotecas y museos, traducción y edición de literatura, inventarios e informes, prospección, relevamiento de información, ensayos, normalización y control de calidad, actividades de asesoramientos a clientes agrícolas e industriales); actividades de patentes y licencias; testing y estandarización (calibración y análisis rutinario de materiales, productos, procesos, suelos, atmósfera, etcétera); estudios de factibilidad previa a la realización de un proyecto; servicios de salud especializados, incluida la investigación y la aplicación de conocimiento médico; estudios de política, incluido el asesoramiento legal, de relaciones públicas o técnico ante actividades administrativas; evaluaciones programáticas (ex ante o ex post de programas y consultorías); gestión y actividades de apoyo para reunir, administrar y distribuir fondos de I+D a los ejecutores, entre otras.
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Las estadísticas abarcan los incisos de la administración central, los entes autónomos y servicios descentralizados, las instituciones sin fines de lucro con vinculación al Estado, las cajas paraestatales y los gobiernos departamentales. Unos 30 organismos no tuvieron gasto corriente e inversiones en investigación, y desarrollo científico y tecnológico en 2024, como las administraciones de ferrocarriles (AFE) y de puertos (ANP), los ministerios de Relaciones Exteriores, de Turismo y de Trabajo, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, los institutos de Logística y Uruguay XXI, y la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Otros 23 —la Corte Electoral, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y la mayoría de las intendencias, por ejemplo— “no suministraron información”.
La Universidad de la República es la institución estatal que más gasto corriente e inversiones en investigación y desarrollo científico y tecnológico ejecutó en 2024: fueron por unos US$ 155 millones, un 0,19% del PIB. Una porción significativa de ese dinero se usó en el rubro “funcionamiento” del área “calidad académica, innovación e integración de conocimiento”. Todos estos rubros provinieron de Rentas Generales.
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Aunque una parte menor de los casi US$ 140 millones destinados el año pasado por la Intendencia de Montevideo a investigación y desarrollo científico y tecnológico, también el rubro “funcionamiento” fue el principal, seguido por las “remuneraciones”, la mayor parte de los recursos provino de Rentas Generales y el resto surgió de “otras financiaciones internas”.
En UTE, el tercer organismo con mayor gasto e inversión en esta área —por el equivalente a US$ 92 millones, todo financiado con “fondos propios”—, se destacó el rubro “desarrollo experimental o tecnológico”.
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Bruno Gili, en el lanzamiento del programa U+I
MIEM
La información de la Rendición de Cuentas también menciona los montos que se proyectan destinar a investigación y desarrollo científico y tecnológico en el ejercicio 2025. El total indicado es una cifra menor a la del año pasado, de $ 23.212 millones, es decir unos US$ 560 millones al valor del dólar de los últimos días.
“Debemos aprovechar todo lo bueno que tenemos hasta ahora y llevarlo a instancias que tengan el sello de Uruguay. Mejorar, racionalizando esfuerzos, y compartir los objetivos y las estrategias”, dijo el presidente Yamandú Orsi en el lanzamiento del programa U+I. Su gobierno prevé crear la Secretaría de Ciencia y Generación de Conocimiento, que asesorará en la temática al Poder Ejecutivo.
Baja inversión y rezago
Como Gili, los relativamente magros niveles de inversión en investigación y desarrollo de Uruguay han sido señalados por varios economistas como una de las causas del rezago del país respecto de otras economías.
En el libro Del freno al impulso: una propuesta para el Uruguay del futuro, publicado en 2021, el dos veces presidente del Banco Central (1985-1990 y 1995-1996) Ricardo Pascale le cuestiona al país haberse “salteado” las revoluciones tecnológicas que hoy son las que cinchan a las economías en el mundo. Advertía: si en los próximos 10 o 15 años no pasa “nada radical, disruptivo, ni favorable ni desfavorable, persistirán las tendencias que vemos. Un crecimiento lento, un rezago relativo cada vez más pronunciado con respecto a las naciones más dinámicas y una divergencia creciente entre los niveles de bienestar de los uruguayos y de los países con los cuales debemos compararnos”.
Proponía elevar gradualmente la inversión en investigación y desarrollo —que juzgaba como “extremadamente baja”— a 1% del PIB primero y después a 1,5%, con el Estado actuando como “catalizador para la innovación”.
