Actualmente, existe consenso en que Uruguay ha logrado desarrollar una continuidad en su política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que ha permitido “cimentar una política de Estado” y ha favorecido la generación de un ecosistema de instituciones y actores interrelacionados. Sin embargo, el ritmo al cual se desarrolla ese ecosistema y su grado de articulación e integración “no es acorde a las necesidades y oportunidades que el sector ofrece para el país”, lo que redunda en la “imperiosa necesidad” de acelerar su proceso de desarrollo.
Esta es la principal conclusión del documento titulado Un salto innovador: propuestas de políticas en ciencia, tecnología e innovación para impulsar un Uruguay innovador que presentó este lunes 11 Ágora, una organización civil uruguaya integrada por expertos de diferentes sectores que busca posicionar en la agenda pública temas sociales de relevancia.
El informe, al que accedió Búsqueda, se basó en tres encuentros organizados durante 2024 en los que participaron más de 50 especialistas y actores clave del ecosistema de CTI en Uruguay, entre los que se destacan referentes de la sociedad civil, académicos, empresarios del sector, gestores públicos, miembros del Poder Ejecutivo y del Legislativo, así como líderes políticos. En dichas instancias, se debatieron los principales desafíos del sector en Uruguay y se buscaron soluciones para dinamizar su desarrollo, propuestas que fueron sintetizadas por Ágora con el fin de orientar a los próximos gobiernos en la construcción de un ecosistema “robusto” y alineado con las tendencias internacionales.
En lo que refiere a la gobernanza, el documento señala que “existe un consenso” político y entre los principales actores del sistema acerca de la “necesidad de jerarquizar el posicionamiento del sector en el organigrama estatal”. Si bien no identifican una propuesta unánime, desde la organización entienden fundamental “crear una institucionalidad empoderada con sus respectivos roles de conducción, promoción, ejecución y evaluación, con respaldo y línea directa al máximo nivel político”, que sea prioridad a escala presidencial.
Destacan que esta gobernanza debe ser capaz de “dirigir, coordinar y articular” los esfuerzos en CTI entre la diversidad de actores públicos y privados de manera efectiva, en el marco de una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo. Además, se debe impulsar una mejora en la eficiencia del funcionamiento de los actores públicos en relación con las actividades de investigación e innovación al agilizar procesos y promover el pasaje de la institución académica a la producción, menciona el documento.
El informe deja abierta la definición sobre la forma de “jerarquizar” el sector. Distintos actores han reclamado la necesidad de crear un ministerio específico, mientras que el Ministerio de Educación y Cultura se ha pronunciado en contra de ese camino por entender que no se justifica en la coyuntura actual.
En cuanto a la inversión, el informe propone “fijar metas concretas de inversión en I+D” para el sector público y el privado y pone como ejemplo la iniciativa de llegar al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en cinco años. Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de complementar esas metas con objetivos de promoción de la innovación, crear nuevos instrumentos de fomento de la investigación y ampliar los existentes con proyectos de mayor monto y duración. También se propone definir sectores estratégicos y desafíos nacionales que requieran de procesos de investigación para su solución y crear programas que alienten la investigación y promuevan la curiosidad científica desde edades tempranas.
El documento entiende “crucial” mejorar la interacción y la confianza entre el sector privado y el académico, para lo cual se debería “fomentar la creación de startups, clústers tecnológicos y parques científicos”; desarrollar una estrategia integral de inserción internacional; y contar con una política activa de diplomacia científico-tecnológica.
En el eje de capital humano, por otro lado, de los encuentros surge que existe un “cuello de botella” asociado al bajo número de investigadores que tiene el país y a la disponibilidad de profesionales en las áreas STEM (por sus siglas en inglés, “ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”). En ese sentido, proponen crear un Sistema Nacional de Alta Dedicación a la Investigación mediante un sistema de complementos salariales para investigadores financiado con fondos públicos que elimine la precariedad de la tarea; también, facilitar la movilidad entre el sistema académico y el sector productivo, crear líneas de acción para cerrar la brecha de género existente en el sistema académico en las disciplinas científicas y tecnológicas, incorporar la perspectiva territorial en los procesos de formación y localización de recursos humanos para favorecer la descentralización de las actividades CTI y fomentar la formación en disciplinas STEM desde primaria.
Por último, de las reuniones se desprende que es “fundamental fomentar una cultura de la medición”, con una adecuada gestión de datos y procesos rigurosos de evaluación, con el fin de favorecer la “innovación permanente”. Es en ese marco que Ágora recomienda mejorar la evaluación y la eficiencia de instrumentos destinados a CTI a través de un organismo de monitoreo, por ejemplo, al realizar un proceso de evaluación de resultados de los fondos de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) y otros sistemas concursables en forma externa, mencionan.
Diagnóstico
De acuerdo con el documento, el Estado “muestra comportamientos duales” con áreas que promueven el desarrollo de CTI, mientras que hay otras que presentan “trabas significativas”. Respecto a lo estructural, el documento sostiene que el sistema de investigación e innovación uruguayo “exhibe problemas de crecimiento”. Señala que “han existido carencias” en la articulación con el sistema económico, razón por la que Uruguay “no ha alcanzado niveles críticos de desarrollo, de acumulación de capacidades y de articulación en investigación e innovación”.
En esa línea, los consultados destacaron una “diversidad de problemas”, como falta de un sistema de capital de riesgo que facilite la creación y la aceleración de empresas tecnológicas, falta de promoción del Estado a través de compras estatales, restricciones de recursos para proyectos de investigación, reducidos montos de apoyo, fuga de talentos y escasez de investigadores fuera del ámbito académico, entre otros puntos.
“Uruguay invierte a nivel público 0,33% del PBI en I+D y un valor un poco menor a nivel privado. Esto, si bien es positivo, nos deja aún lejos de la inversión de los países desarrollados y de las metas planteadas por el sistema político hace ya una década”, señala el documento en este sentido.
En un capítulo, el documento resume las propuestas vinculadas al sector que incluyeron los partidos políticos en sus programas para estas elecciones. En lo que refiere a la gobernanza del sistema, Ágora señala que “no se encuentran propuestas de consenso”. Entre las alternativas planteadas se encuentran la “jerarquización y el reforzamiento” de la Dirección de Innovación Ciencia y Tecnología en la órbita del MEC (propuesta del Partido Nacional); la creación de un Consejo Interministerial (Partido Colorado), la creación de una Secretaría en la órbita de Presidencia (Partido Independiente) y la creación de una institucionalidad específica al más alto nivel gubernamental, como un ministerio o una secretaría en la órbita de Presidencia (Frente Amplio).
El informe también analiza los montos de las inversiones destinados a investigación, desarrollo e innovación, para lo cual, sintetiza, el Frente Amplio propone un “compromiso presupuestal creciente y sostenido” y el Partido Nacional plantea “promover el aumento de la inversión pública y privada en I+D+I”. Ninguno pone metas específicas.
Entre las conclusiones, el documento de Ágora entiende fundamental que el próximo gobierno impulse una segunda generación de políticas en la materia, “estableciendo un marco de gobernanza robusto y eficaz” capaz de liderar el proceso. Asimismo, será “indispensable” incrementar significativamente los recursos financieros asignados al sector para sostener los proyectos de investigación, desarrollo e innovación a lo largo del tiempo y para “alcanzar las metas ambiciosas que el país debe proponerse”.
Por último, el informe de Ágora hace énfasis en que el camino hacia un “salto cualitativo en CTI” no puede depender únicamente de las decisiones de un solo período de gobierno. Justamente, señalan que se “requiere de una visión a largo plazo y de la capacidad de adaptación a un contexto global en constante cambio”.
“Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido, con una institucionalidad fuerte y flexible, y con el aumento de los recursos destinados al sector, Uruguay podrá aprovechar plenamente el potencial de la ciencia y la innovación para su desarrollo futuro”, cierra el informe.
