—¿Las metas fiscales establecidas por el gobierno podrían correr riesgo si el Producto Interno Bruto (PIB) crece 1,3%, como proyecta el FMI, en lugar de hacerlo a un 1,6% como estima el Ministerio de Economía?
—Para 2026 proyectamos un crecimiento de 1,3%, pero aun así esperamos que se cumplan las metas fiscales. Esto se debe a que, mientras la sequía afectó a la agricultura, el resto de la economía crece en torno al potencial, y esta resiliencia, por ejemplo, del consumo privado y los salarios reales, está sustentando los ingresos tributarios. De hecho, hasta julio, los ingresos fiscales estaban en línea con las metas. Además, el año pasado el gobierno demostró que estaba dispuesto y era capaz de establecer prioridades de gasto para cumplir los objetivos, incluso si los ingresos fiscales decepcionaran. Dicho esto, los efectos del fenómeno del Niño en los próximos meses son inciertos, y recomendamos que el gobierno prepare medidas contingentes, en caso de que resulten necesarias para alcanzar las metas fiscales.
—¿El FMI comparte las estimaciones del gobierno en cuanto al rendimiento recaudatorio que tendrían las mejoras en la eficiencia de la administración tributaria y la implementación del impuesto mínimo global, que son la base, en gran medida, del ajuste o convergencia fiscal?
—Aunque resulta difícil estimar los rendimientos del impuesto mínimo global, compartimos la estimación del gobierno de que las mejoras en la eficiencia de la administración tributaria podrían aumentar progresivamente la recaudación en 0,7% del PIB. El FMI proporciona asistencia técnica a la DGI para ayudarla a implementar las mejores prácticas en administración tributaria y subir el cumplimiento tributario. El aumento de los ingresos propiciados por estas políticas también dependerá del comportamiento de los contribuyentes, su capacidad de aplicación y, en el caso del impuesto mínimo global, del contexto impositivo internacional.
—La misión afirma en su declaración que “esfuerzos adicionales para subir el saldo primario” del gobierno central-BPS de un 0,5% del PIB para 2029 ayudarían a situar la relación deuda sobre el Producto en una trayectoria descendente continua a mediano plazo, y a generar colchones adicionales”. En ese sentido, ¿cuáles son las mejores opciones?
—La elección de las medidas fiscales debe equilibrar muchos factores, incluidos su efecto sobre el crecimiento, la eficiencia económica, la equidad, así como otros aspectos de la estrategia fiscal, económica y social de un país. Comparar la estructura de las finanzas públicas con la de países similares puede dar algunas ideas sobre dónde buscar. Dado que el gasto tributario de Uruguay es elevado —alrededor del 7% del PIB, y muchos incentivos fueron establecidos décadas atrás—, hemos recomendado revisarlos para encontrar aquellos que ya no generan los efectos esperados. Del mismo modo, la relación gasto público-PIB es más alta que en el pasado, y el Presupuesto quinquenal no contempla una reducción en el futuro, por lo que recomendamos buscar en este sentido.
—¿Qué diagnóstico hace el FMI para proponer “revisiones estratégicas del gasto” en áreas de gasto importantes como la salud y la educación?
—La salud y la educación son las áreas más importantes del gasto público. Pero también reconocemos que es difícil y lleva tiempo aumentar la eficiencia, y que antes de decidir ahorros en un ámbito, es necesario realizar un análisis sólido del valor de los programas públicos que podrían verse afectados por decisiones financieras. Las revisiones estratégicas del gasto ayudan a identificar programas de bajo impacto o duplicados y a reasignar recursos hacia intervenciones que mejoren los resultados. También sientan las bases para un mejor uso de los indicadores de desempeño en futuros presupuestos.
—La declaración de la misión señala que, “aprovechando el ímpetu reformador de su primer año en el cargo, el gobierno está impulsando un programa de crecimiento inclusivo”. ¿Qué acciones identifica como parte de ese “ímpetu”? ¿Reformas como las propuestas en el proyecto de “competitividad y reducción del costo de vida” son suficientes para que Uruguay mejore la tasa promedio anual de 1,2% registrada desde 2016?
—Cuando se les pregunta sobre los principales obstáculos que afrontan, las empresas uruguayas citan reglamentaciones aduaneras y comerciales, regulaciones, acceso al financiamiento, regulación laboral, costo de la energía y escasez de mano de obra cualificada. El programa de reformas de las autoridades, que comenzó el año pasado, abordó los trámites burocráticos, la competencia en el mercado financiero y los costos al comercio internacional. El proyecto de ley de competitividad de este año sigue en la misma dirección; reduce la carga regulatoria y administrativa, en particular de las micro y pequeñas y medianas empresas, fortalece la Comisión de Competencia, facilita el comercio internacional y sienta las bases para soluciones financieras innovadoras. En nuestro análisis para el informe sobre el artículo IV del año pasado evaluamos que cerrar las brechas con las economías más avanzadas en esos ámbitos podría impulsar el crecimiento anual en un punto porcentual.
—Reformas más amplias en el sector público, incluidas las empresas estatales, ¿deberían ser parte de esa agenda procrecimiento reduciendo costos de producción? ¿Con medidas de qué tipo?
—Las empresas públicas y los bancos estatales son proveedores clave de insumos esenciales —energía, combustible, agua, logística y telecomunicaciones, financiamiento— y, por tanto, inciden directamente en los costos y la competitividad de las empresas. Las reformas deben centrarse en su eficiencia, una mejor alineación de los salarios con la productividad, una mejor asignación de recursos y una fijación de precios que reflejen los costos.
—Un reciente estudio de la consultora PwC hecho como insumo para la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo advierte que durante las últimas décadas la productividad total de los factores en Uruguay tuvo un “comportamiento débil y volátil”, y además con una “profunda heterogeneidad dentro del tejido productivo”. Desde la perspectiva del FMI, ¿qué urgencia tiene para el país encarar una agenda en materia de productividad? ¿Qué debería abarcar?
—También observamos, por ejemplo, en el informe del artículo IV del año pasado, que el crecimiento de la productividad total de los factores ha sido volátil. Fue elevada durante lo que se ha denominado el superciclo de las materias primas, entre 2004 y 2014, pero en promedio ha estado cerca de cero en los últimos 12 años. En consecuencia, la agenda de productividad es bastante urgente. Debe abarcar las políticas que contempla el proyecto de ley de competitividad, pero también políticas para aumentar la productividad agrícola y la resiliencia climática, reducir los costos de la energía y mejorar la logística, impulsar el empleo y modernizar el mercado laboral, y mejorar la educación y la innovación. Entendemos que varios de estos temas forman parte del programa del gobierno.
—Desde la perspectiva fiscal y de la sostenibilidad de la deuda, ¿qué evaluación hace —con la información actualmente disponible— de las reformas en la seguridad social definidas por el Poder Ejecutivo, por ejemplo, al incorporar la opción del retiro anticipado a los 60 años?
—La reforma aún está en trámite y sus parámetros definitivos no se han definido. El BPS ha determinado que, en la calibración propuesta actualmente, la reforma tendría efectos insignificantes sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y, por tanto, sobre la sostenibilidad fiscal y de la deuda. Mientras tanto, el cambio propuesto en la indexación del Suplemento Solidario reduciría los riesgos fiscales.
—La misión destaca que la inflación se ubica en torno a la meta en los últimos tres años, “gracias a una política monetaria proactiva”. ¿Es una batalla definitivamente ganada o persisten amenazas estructurales de que la inflación se reacelere en Uruguay? ¿Es posible pensar en, a corto plazo, bajar la meta de inflación sin que antes, por ejemplo, se fortalezca la independencia de jure del Banco Central o se avance en la desdolarización financiera?
—Los avances logrados con el nuevo régimen de metas de inflación son importantes, y proyectamos que la inflación esté estable en la meta de 4,5% a finales de 2026 y en 2027. Esta proyección está fundamentada en que se ha logrado anclar las expectativas de inflación en torno a la meta. Para consolidar estos avances será necesario continuar cumpliendo con los fundamentos de un régimen creíble: decisiones de política previsibles y basadas en datos, comunicación clara, y consistencia con las otras políticas macroeconómicas. También es importante que el tipo de cambio siga absorbiendo los shocks. Un aspecto importante ahora es reforzar la independencia de iure del banco central. Esto es lo que ayudará a institucionalizar la mejora que todos hemos visto, dándole continuidad. Recomendamos que las revisiones de la meta de inflación formen parte de un examen formal y estratégico del marco de política monetaria. Las mejores prácticas indican que tales exámenes deben anunciarse de antemano, estar fundamentados analíticamente y ser transparentes. Esto ayudaría al público a comprender que una modificación de la meta de inflación o del marco de política está justificada, y no (es) oportunista.
—La declaración menciona los “problemas de inseguridad”, una temática que años atrás rara vez aparecía en las evaluaciones al país. ¿Qué nivel de gravedad le asigna al problema? ¿Está afectando el clima de negocios? ¿Cuál es la recomendación al respecto?
—La inseguridad se ha convertido en un importante tema de política pública en toda América Latina, y en el FMI hemos puesto en marcha una agenda de investigación para entender cómo afecta a la macroeconomía. Uruguay es uno de los países más seguros de la región. No obstante, el 27% de las empresas del país considera que la delincuencia es un obstáculo alto o severo a los negocios, y el Banco Interamericano de Desarrollo estima que los costos directos de la delincuencia ascienden al 2,7% del PIB en Uruguay. Si bien las cifras son mucho peores en el resto de la región, la preocupación en torno a la inseguridad ha aumentado en el país, y el gobierno le ha dado prioridad en la Rendición de Cuentas de 2026. Recomendamos una estrategia integrada que combine análisis basado en evidencia, cooperación interinstitucional e internacional, políticas sólidas contra el lavado de dinero, mayor eficiencia en el gasto en seguridad, políticas de prevención y de rehabilitación. Abordar vulnerabilidades ante el desarrollo de mercados ilegales también ayudaría a frenar el crimen organizado, que no es necesariamente violento y puede pasar desapercibido durante años.
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