—La OCDE no fija un número predeterminado de nuevos miembros ni asigna cupos por región. Cada país interesado debe presentar una solicitud, y corresponde al Consejo, integrado por los miembros actuales de la Organización, decidir por consenso si inicia o no un proceso de adhesión.
Cada candidato avanza según sus propios méritos y tiempos. La adhesión exige una evaluación técnica exhaustiva respecto de la alineación con los estándares y mejores prácticas de la OCDE, y la implementación de las reformas que de ella surjan para adecuarse a los mismos.
Actualmente hay ocho procesos en curso: Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Indonesia, Perú, Rumania y Tailandia. Los candidatos europeos se encuentran en etapas relativamente más avanzadas, mientras que Argentina, Indonesia y Tailandia transitan fases más tempranas. Perú, por su parte, ya ha iniciado o concluido un número importante de evaluaciones.
América Latina cuenta con una presencia significativa en la OCDE: Chile, Colombia, Costa Rica y México ya forman parte. Pero la relación con la organización no se limita al ingreso a la misma. Los miembros de la OCDE han acordado fortalecer los vínculos con la región, como refleja la adopción del Marco Estratégico para América Latina y el Caribe y su Plan de Implementación, orientados a acercar a los países interesados a los estándares, datos y experiencias comparadas de la organización y a fortalecer el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.
Ese esfuerzo se canaliza a través del Programa Regional para América Latina y el Caribe, que este año celebra su décimo aniversario, así como mediante otras modalidades de cooperación adaptadas a las prioridades de cada país, entre ellas los memorandos de entendimiento suscritos con Panamá y República Dominicana y el Programa de País con Paraguay.
—Para la OCDE, ¿Uruguay debería ser miembro?
—La decisión de solicitar la adhesión corresponde exclusivamente a Uruguay. Si en algún momento el país decidiera dar ese paso, serían los miembros de la OCDE quienes evaluarían, por consenso, la conveniencia de iniciar el proceso correspondiente.
Dicho esto, Uruguay cuenta con atributos que son ampliamente reconocidos: la fortaleza de sus instituciones, su tradición de diálogo político y social, y los avances alcanzados en ámbitos como la transición energética, la sostenibilidad y la atracción de inversiones. Esa valoración se refleja en una cooperación cada vez más profunda y diversa. Hoy Uruguay participa en 10 órganos, comités o grupos de trabajo de la Organización y se ha adherido a 21 instrumentos legales en áreas como la educación, la política fiscal, la inversión, la gobernanza pública, la inteligencia artificial y la transformación digital.
Uruguay también ha desempeñado un papel activo en el Programa Regional para América Latina y el Caribe desde su creación. Más recientemente, asumió la copresidencia para el período 2026-2029 y será anfitrión de la próxima Cumbre Ministerial en Montevideo a fines de este mes. Estos hitos reflejan la profundidad de la relación y el reconocimiento de Uruguay como un socio valioso para la organización y sus miembros.
—¿Qué le aportaría al país ser miembro, por ejemplo, en términos de mejora de la productividad, crecimiento económico y posicionamiento geopolítico? ¿Cuál sería el beneficio para la OCDE de tenerlo como miembro?
—Para los países candidatos, un proceso de adhesión aporta ante todo la oportunidad de profundizar reformas: alinear legislación, instituciones y políticas públicas con los estándares y mejores prácticas de la OCDE. La revisión técnica que acompaña el proceso aporta evidencia comparada, recomendaciones especializadas y una instancia de evaluación externa en áreas clave para la productividad, la competitividad, la inversión, la regulación y el desarrollo del capital humano.
Asimismo, la membresía suele percibirse como una señal de compromiso con instituciones sólidas, reglas transparentes y estándares reconocidos internacionalmente. Por ejemplo, durante su proceso de adhesión, Costa Rica incorporó a su legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas por soborno extranjero y se adhirió a la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
En cuanto a lo que Uruguay podría aportar a la OCDE, cabe destacar que los países miembros participan directamente en la elaboración de nuestros instrumentos, así como en las instancias donde se adoptan. Su país podría enriquecer ese trabajo colectivo a partir de su experiencia en ámbitos como la transición energética, la digitalización de los servicios públicos, la inclusión social y la gestión de los desafíos propios de una economía pequeña y abierta. La fortaleza de la organización reside precisamente en reunir perspectivas diversas para abordar desafíos comunes y encontrar las mejores soluciones a los mismos.
—En concreto, ¿qué pasos se han dado hasta el momento de uno y otro lado para una eventual adhesión? ¿La propuesta hecha al gobierno, a través del ministro Gabriel Oddone, de firmar un memorando para avanzar en ese proceso tiene fecha límite? ¿Cuáles serían las etapas siguientes y los plazos estimados para un proceso de adhesión de Uruguay?
—Como mencioné anteriormente, ya gozamos de una cooperación estrecha. Desde octubre de 2015, el país es miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE. Otro ejemplo concreto es el próximo Estudio Económico sobre Uruguay, que permitirá examinar de forma integral las perspectivas y desafíos de la economía uruguaya y discutir recomendaciones con autoridades nacionales y pares internacionales.
Un posible paso siguiente sería formalizar ese vínculo mediante un instrumento más estructurado, como un memorando de entendimiento o un Programa de País. La propuesta no tiene una fecha límite establecida, no equivale a iniciar un proceso de adhesión y tampoco constituye una condición para ello. Sin embargo, puede ser útil para concentrar el trabajo conjunto en prioridades definidas por Uruguay, ampliar su participación en las actividades de la organización y profundizar el conocimiento de las herramientas y revisiones de la OCDE.
Si en algún momento se abriese un proceso de adhesión, se adoptaría una hoja de ruta específica que definiría las áreas de revisión, los órganos involucrados y los compromisos a considerar. No sería responsable anticipar plazos, ya que estos dependen de las evaluaciones, de las reformas necesarias y del ritmo de trabajo acordado con el candidato.
—En materia de reformas en su economía o de adecuación regulatoria, ¿qué debería hacer Uruguay si decidiera postularse a la membresía? ¿En qué sectores identifica el gap más significativo respecto de los estándares de la organización?
—Uruguay parte de fortalezas importantes, pero también enfrenta desafíos que son comunes a muchos países de ingreso medio-alto, como aumentar la productividad, diversificar su economía, fortalecer las capacidades para innovar y asegurar que el crecimiento genere oportunidades para toda la población.
Dicho esto, sería prematuro identificar brechas específicas o anticipar reformas antes de que exista una eventual solicitud de adhesión y se inicien las revisiones técnicas correspondientes. Cada proceso es diferente y las prioridades se determinan a partir de un análisis detallado de la legislación, las políticas y las prácticas de cada país. Para dar una idea de su magnitud, en la adhesión de Perú participan 23 comités y órganos especializados de la OCDE.
—Para el gobierno del Frente Amplio —una coalición que integran sectores moderados y otros de izquierda más ortodoxa—, proponer la membresía de Uruguay en la OCDE podría ser controversial. ¿Qué argumentos daría usted a quienes eventualmente planteen reparos a una postulación?
—Es natural que una eventual adhesión a la OCDE genere debate, dado que se trata de una decisión a largo plazo. Sin embargo, creo que es importante partir de una premisa fundamental: la OCDE no es una organización partidaria ni ideológica. Reúne a países con tradiciones políticas y modelos económicos diversos, unidos por su compromiso con la democracia, los mercados abiertos, el Estado de derecho y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.
El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, junto al ministro de Economía uruguayo, en París.
MEF
La cuestión no es adoptar un modelo ajeno, sino decidir si Uruguay considera útil participar más plenamente en un espacio donde puede contrastar sus experiencias con las de otros países, acceder a análisis comparados y aportar sus propias contribuciones.
Además, cualquier proceso de adhesión requeriría un amplio debate nacional. La experiencia internacional muestra que estos procesos son más sólidos cuando involucran a gobiernos, parlamentos, trabajadores, empresas, academia y sociedad civil, y cuando se apoyan en consensos duraderos que trascienden a una sola administración.
—Algunos se refieren a la OCDE como un “club de países ricos” que alienta ciertos estándares, por ejemplo en materia tributaria, de desregulación, de apertura y de libertad de mercados. ¿Es una caracterización justa?
—La OCDE no es un club de países ricos, sino de mejores prácticas: es una organización en la que los países comparan políticas, aprenden también de errores y promueven un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo, e instituciones confiables. Varios de nuestros miembros alcanzaron sus actuales niveles de prosperidad a lo largo de décadas de reformas, aprendizaje mutuo y cooperación internacional, y su participación en la Organización formó parte de ese proceso.
La imagen misma de un club cerrado resulta cada vez menos adecuada. Hoy, más allá de sus 38 miembros, la OCDE trabaja con más de 100 países y economías de todas las regiones del mundo, acercando sus estándares, datos y experiencias comparadas a todos aquellos países interesados en beneficiarse de ellos.
—Uruguay aprobó recientemente el impuesto mínimo global a las grandes corporaciones multinacionales, al que adhieren más de 50 países, pero otros, como Estados Unidos, lo rechazan. ¿Qué aporte se espera que haga este instrumento desde la perspectiva de la tributación internacional con ese nivel de aplicación?
—Desde la perspectiva de la tributación internacional, el principal aporte de este instrumento es establecer un piso a la competencia fiscal. Al garantizar que los grandes grupos multinacionales estén sujetos a un nivel mínimo de imposición efectiva, reduce los incentivos para trasladar beneficios y disminuye la necesidad de competir mediante reducciones sucesivas de las tasas del impuesto corporativo o incentivos fiscales costosos.
Al día de hoy, más de 60 jurisdicciones ya han incorporado o están incorporando elementos clave de este marco común acordado internacionalmente.
Los miembros del Marco Inclusivo —incluyendo los Estados Unidos— acordaron recientemente mecanismos para asegurar la coexistencia de diferentes sistemas tributarios sin renunciar a los objetivos centrales de la reforma. Al mismo tiempo, se preservó el derecho de aquellos que hayan implementado el impuesto mínimo global a gravar prioritariamente las utilidades generadas en su territorio mediante un mínimo doméstico.
—A lo largo de los últimos años Uruguay ha hecho modificaciones en materia de transparencia fiscal y en su secreto bancario alineándose a estándares emanados de la OCDE, aunque ha recibido observaciones en recientes evaluaciones. ¿Qué más se espera en esta área de Uruguay?
—Uruguay ha realizado avances muy significativos durante la última década para alinearse con los estándares internacionales de transparencia fiscal e intercambio de información. El foco ahora está en seguir implementando las recomendaciones formuladas en la evaluación realizada por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales en 2020 y asegurar la aplicación efectiva de esos estándares en la práctica.
Asimismo, forma parte de la red internacional de intercambio automático de información financiera bajo el Estándar Común de Reporte (CRS). Este mecanismo permite que las autoridades tributarias intercambien automáticamente información sobre cuentas financieras mantenidas en el exterior por sus residentes, facilitando la detección de ingresos y activos no declarados y fortaleciendo la lucha contra la evasión fiscal transfronteriza. La evaluación realizada en 2022 concluyó que el marco jurídico uruguayo se encontraba en vigor y que su implementación avanzaba adecuadamente. Los resultados de la nueva ronda se publicarán en los próximos meses.
Uruguay también desempeña un papel activo en la cooperación tributaria regional a través de la Declaración de Punta del Este, lanzada en 2018. Este marco promueve una colaboración más estrecha entre las administraciones tributarias de América Latina para aprovechar mejor la información intercambiada y apoyar la detección no solo de la evasión fiscal, sino también de otros flujos financieros ilícitos vinculados, por ejemplo, a la corrupción, el lavado de activos y otros delitos económicos.
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