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    Katoen Natie está dispuesta a conversar, pero lo más lejos del “avatar político”

    La multinacional belga sostiene, a su vez, que “hay una concesión, hay un acuerdo y lo que hay que hacer es cumplirlos”

    Dos de los principales temas que el próximo gobierno deberá atender en el Puerto de Montevideo tienen un telón de fondo que involucra a las empresas Katoen Natie y Montecon. El primero, por el contrato firmado en esta administración con la multinacional belga —que extendió la concesión hasta el 2081 a la Terminal Cuenca del Plata (TCP)— y el segundo, el arbitraje internacional que inició la principal accionista de Montecon —la chilena Neltume Ports— por entender que con ese acuerdo el Estado uruguayo violó el tratado de protección de inversiones con Chile.

    Sobre el asunto, que llevó extensas discusiones entre autoridades del gobierno y el Frente Amplio, demandó sendos pedidos de informes y expedientes electrónicos en la administración pública y los tribunales, la ministra designada de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo en una reciente entrevista con Búsqueda que procurará dialogar para evaluar “en el marco de lo que establece la ley, las posibilidades de acuerdo de cuestiones que respeten los contratos que están firmados pero también defiendan una cuestión de soberanía y de recursos para el país”. Y agregó: “Para nosotros el acuerdo fue algo inconveniente (…) Vamos a conversar. No somos refundacionales y somos estrictamente respetuosos de lo que está establecido en la ley y en los contratos”.

    En la misma línea y frente al cambio de gobierno, el gerente de relaciones institucionales de Katoen Natie Uruguay y de TCP, Fernando Correa, declaró a Búsqueda que se prevé conversar con las autoridades que asuman el 1º de marzo para el “intercambio de información” necesaria a fin de introducir “cómo está la empresa y qué se espera. Después, lo que es el avatar político, nosotros tratamos de estar lo más lejos posible y focalizarnos en lo mejor para TCP, que es una sociedad del Estado uruguayo con Katoen Natie”.

    “Esperamos que así se tome, que TCP es una empresa que el Uruguay creó por una ley y le dio la responsabilidad de gestionar y administrar la terminal especializada de contenedores, que tiene determinados objetivos que cumplir y determinados compromisos y obligaciones. Entonces, lo que está firmado se va a respetar, los compromisos que tenemos asumidos los vamos a lograr y esperemos que —obviamente— dentro de los distintos matices que puedan haber, si pueden haber puntos a mejorar, bienvenidos sean. Seguramente se van a encontrar”, añadió. Enseguida, Correa puntualizó: “Ahora, el Uruguay tiene contratos, compromisos y lo importante es que adentro de TCP también están los intereses de los uruguayos”.

    Consultado sobre la posibilidad de que el futuro gobierno encuentre caminos o espacios jurídicos para replantear aspectos del contrato firmado en febrero de 2021, el ejecutivo señaló: “Todo depende de qué tipo de discusión y sobre qué temas y aspectos jurídicos se quiera discutir. Creo que acá hay un contrato, hay una concesión, hay un acuerdo y lo que hay que hacer es cumplirlos”.